El Pleno del Congreso peruano eligió el miércoles a José Balcázar Zelada como nuevo presidente de la Mesa Directiva para que complete el periodo del 2026. El actual mandatario -que es recordado por defender la continuidad del matrimonio infantil, cuando se debatió en el pleno su eliminación en el 2023- obtuvo 64 votos frente a 46 de respaldo de María del Carmen Alva, expresidenta del Parlamento.

La elección se produjo tras la salida de José Jerí de la presidencia del Congreso-y por sucesión constitucional de la Presidencia, lo que obligó a convocar a una nueva votación para completar el periodo legislativo en curso.

La llegada de Balcázar marca el regreso de Perú Libre al poder, el mismo partido del exmandatario Pedro Castillo. En este sentido, fuentes cercanas dijeron al diario El Comercio que el también ex juez prometió a las bancadas de izquierda, a fin de asegurar sus votos, que indultaría al expresidente Castillo, sentenciado en noviembre último a 11 años y cinco meses de cárcel por conspiración para la rebelión por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

No obstante, el portavoz de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, negó que se haya hecho esta propuesta. “Yo me adelanto como vocero, no voy a poner en agenda nunca ese tema (el indulto a Castillo), es un tema para después, no para este período [de gobierno]”, dijo al diario El Comercio.

En la misma línea, Balcázar, en su primera conferencia de presidente de la República, indicó que un indulto al profesor no está en su agenda “por el momento”. “El expresidente tiene un proceso penal, que siga su curso correspondiente. Aquí no hay por qué preocuparse de eso”, subrayó.

Pero el pasado político de Balcázar está marcado por serias denuncias, polémicas declaraciones y un historial turbio

El más recordado cuestionamiento contra el legislador tiene que ver con su postura sobre el matrimonio infantil. En junio del 2023 Balcázar fue duramente criticado cuando indicó que las relaciones sexuales con menores de edad tendrían ciertos beneficios psicológicos para las mujeres.

“En las ciudades grandes, las uniones de hecho son tempranas, las relaciones sexuales son tempranas y la medicina legal sabe perfectamente que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer”, refirió el parlamentario.

Esto ocurrió durante el debate del dictamen que buscó impedir el matrimonio con menores de edad, en el que, ante las críticas, votó por la abstención.

El legislador insistió en defender su cuestionable postura y reafirmó que todas las relaciones sexuales en edades tempranas “no generan ninguna consecuencia traumática porque son relaciones voluntarias entre muchachos”.

Por otro lado, el abogado de 83 años enfrenta un proceso judicial por el presunto delito de apropiación ilícita. El Ministerio Público solicitó un año de prisión suspendida y el pago de 348.344 soles (89.921.415 pesos) como reparación civil a favor del Colegio de Abogados de Lambayeque. Esta entidad denunció al congresista de apropiarse de sus fondos cuando fue decano en el 2019.

Según la imputación, el parlamentario no bancarizó los ingresos económicos, incumpliendo la obligación de depositarlos diariamente en la cuenta del colegio.

Fuentes del Colegio de Abogados de Lambayeque indicaron al diario El Comercio que el juicio contra el nuevo mandatario se instalará en septiembre. Advirtieron que es muy probable que este solicite la prescripción, debido a que han transcurrido siete años desde los hechos y la pena solicitada es solo de un año.

En diciembre del 2024, el colegio profesional decidió expulsarlo de forma definitiva tras recibir la resolución del Tribunal de Honor de dicha institución que lo hallaba culpable de disponer que sus cuentas personales sean usadas para recibir los pagos de las colegiaturas de los abogados.

En febrero del año pasado, el Séptimo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo decidió ordenar al congresista pagar una reparación civil de 50 mil soles a favor del abogado Yuri Díaz Jaime, en el marco de una demanda por difamación agravada.

No obstante, Díaz explicó durante el año pasado que Balcázar solicitó la prescripción penal por su avanzada edad, indicó el diario El Comercio.

El periódico señaló que Balcázar afrontaría otros dos casos fiscales por la comisión de distintos delitos. La segunda investigación que enfrenta a nivel del Ministerio Público es una por falsa declaración en procedimiento administrativo.

El abogado Yuri Diaz denunció ante el Jurado Nacional de Elecciones que Balcázar omitió reportar en su hoja de vida los ingresos que tuvo en sus cuentas personales de la Caja Trujillo.

En abril del 2025, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional en contra de Balcázar y Patricia Benavides, exfiscal de la Nación.

Ambos fueron acusados de los presuntos delitos de cohecho activo específico y cohecho pasivo específico, en perjuicio del Estado.

El diario El Comercio señaló que la acusación indica que durante su gestión, Benavides acordó con Balcázar, por medio de un asesor, realizar un intercambio de favores, para el sobreseimiento del proceso penal que este enfrentaba en la Primera Fiscalía Superior de Apelaciones de Lambayeque.

Esto con el fin de que el parlamentario, como integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, vote a favor de archivar las denuncias contra Benavides.

En un primer momento, de acuerdo con la Fiscalía, Balcázar pidió el archivo de su investigación y el nombramiento de su nuera, Scarlett Anshy Gálvez, como fiscal adjunta.