Kilmar Ábrego, de 30 años, fue deportado a El Salvador el 15 de marzo, a pesar de una medida de un tribunal de inmigración de 2019 que lo impedía debido al riesgo de persecución por parte de pandillas.

Fue devuelto a Estados Unidos en junio para enfrentar cargos penales por transportar migrantes que viven sin permiso en el país.

El migrantes vivía en Maryland con su esposa, su hijo y dos de los hijos de ella antes de su deportación. Sus abogados afirman que contrataron a una empresa de seguridad privada para transportarlo de regreso a Maryland, donde deberá presentarse ante un oficial de supervisión preventiva tras su liberación.

¿Puede ser deportado a Sudán del Sur?

Es posible que Abrego no esté libre por mucho tiempo. Una vez en Maryland, los funcionarios de inmigración podrían detenerlo e iniciar un proceso de deportación. El Gobierno ha dicho que podría intentar deportarlo a México o Sudán del Sur.

Su caso atrajo amplia atención ya que durante meses la Administración Trump no tomó medidas aparentes para traerlo de regreso a pesar del reconocimiento de un funcionario de que su deportación fue un “error administrativo” y la orden de un juez federal de facilitar su regreso.

Ábrego se declaró inocente. Sus abogados han instado a la jueza federal de distrito Waverly Crenshaw, con sede en Nashville, Tennessee, a desestimar los cargos, argumentando que la Fiscalía lo atacó indebidamente en represalia por presentar una demanda contra su deportación injusta.

El mes pasado, Crenshaw confirmó la orden de la magistrada estadounidense Barbara Holmes para que Ábrego fuera liberado de la prisión preventiva, al encontrar que no era un peligro para la comunidad ni un riesgo de fuga.

Pero Holmes retrasó la liberación de Abrego un mes a petición de sus abogados. A estos les preocupaba que, una vez liberado, Abrego pudiera ser detenido por agentes de inmigración y deportado rápidamente a un país distinto de El Salvador.

La jueza federal de distrito Paula Xinis en Greenbelt, Maryland, que supervisa la demanda civil de Ábrego que impugna la legalidad de su deportación, ha ordenado desde entonces que los funcionarios den a sus abogados un aviso de tres días antes de enviarlo a un tercer país, para darles la oportunidad de impugnar su expulsión.