El Gobierno de Donald Trump anunció este viernes que los extranjeros en Estados Unidos que soliciten la residencia permanente tendrán que regresar a sus países de origen para pedirla, en un cambio sorpresivo a una política de larga data que sembró confusión y preocupación entre abogados de inmigración y migrantes.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS, por sus siglas en inglés), la agencia que supervisa el sistema de migración legal, informó que quienes se encuentran temporalmente y desean solicitar la residencia permanente legal - o tarjeta verde-, deben regresar a sus países y presentar allí la solicitud, salvo en “circunstancias extraordinarias”.

Luego de esto, los funcionarios del USCIS decidirán si los solicitantes cumplen con este requisito.

“Esta política permite que nuestro sistema de inmigración funcione según lo previsto por la ley, en lugar de incentivar las lagunas legales”, declaró el portavoz de la agencia, Zach Kahler, en un comunicado.

“Cuando los extranjeros solicitan la residencia desde su país de origen, se reduce la necesidad de localizar y deportar a quienes deciden permanecer ilegalmente en Estados Unidos tras habérseles denegado la residencia”, agregó.

El texto oficial además señala que “los no inmigrantes, como estudiantes, trabajadores temporales o personas con visas de turista, vienen a Estados Unidos por un corto tiempo y con un propósito específico. Nuestro sistema está diseñado para que se vayan cuando termine su visita”.

“Su visita no debe funcionar como el primer paso en el proceso de la Tarjeta Verde”, declaró el USCIS.

Se trata así de la última medida adoptada por la Administración Trump para dificultar la inmigración legal, tanto para los extranjeros que ya se encuentran en territorio estadounidense como para aquellos que aspiran a viajar allí.

Durante más de medio siglo, los extranjeros con estatus legal han podido solicitar y completar todo el proceso para obtener la residencia permanente en EE.UU., incluidas las personas casadas con ciudadanos estadounidenses, los titulares de visas de trabajo y de estudiante, los refugiados y los solicitantes de asilo político, entre otros.

Por ello, el cambio dado a conocer hoy trastocaría la vida de quienes ingresaron legalmente con visas temporales y buscan obtener su residencia definitiva, ya que el proceso que otorga el derecho a a estar en el país de forma permanente y abre el camino a la ciudadanía puede durar meses o incluso más.

De acuerdo a The New York Times, el memorando generó de inmediato confusión y caos, ya que los abogados de inmigración se apresuraron a comprender qué excepciones se concederían. Muchos de ellos también anticiparon que el cambio de política sería objeto de impugnaciones legales.

La agencia no especificó qué grupos serían elegibles para una excepción, limitándose a sugerir que los refugiados no estarían sujetos a ella.

Kahler además declaró que las personas que “aportan un beneficio económico o que, de otro modo, son de interés nacional, probablemente podrán continuar su camino actual”.