En la jornada en que la Sala del Senado discute en general el proyecto que modifica la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente, la Defensoría de la Niñez realizó este martes un encuentro con especialistas en la materia.

“Por una justicia juvenil eficaz: prevención, responsabilización y reinserción social con base en evidencia”, fue el nombre de la actividad que tuvo por objetivo aportar antecedentes técnicos al debate legislativo y recoger recomendaciones para fortalecer las propuestas que la institución presentará ante el Congreso Nacional y otras autoridades competentes.

El encuentro fue encabezado por el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, que hizo hincapié en que el fortalecimiento de la seguridad pública exige al Estado adoptar decisiones sustentadas en evidencia y orientadas a prevenir nuevos delitos.

“La preocupación por la seguridad es legítima y compartida por toda la sociedad. Precisamente por eso, las decisiones que adopte el Estado deben basarse en aquello que ha demostrado ser eficaz. En justicia juvenil, la responsabilidad por los hechos cometidos, la prevención de nuevos delitos y la reinserción social no son objetivos contrapuestos: son dimensiones necesarias para una respuesta que contribuya efectivamente a la seguridad pública”, planteó el Defensor de la Niñez.

Se espera que este martes el Senado apruebe la idea de legislar del proyecto que introduce cambios a la Ley 20.084 para fortalecer la respuesta sancionatoria frente a conductas consideradas de especial gravedad.

La iniciativa, en segundo trámite constitucional, fue ingresada en diciembre de 2022 por moción en la Cámara de Diputados y su autor es el actual senador Andrés Longton.

Este lunes, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, señaló que esta semana “el Ejecutivo ingresará a ese proyecto de ley indicaciones que buscan endurecer la actual Ley de Responsabilidad Penal Adolescente con aproximadamente seis o siete indicaciones”.

Durante la actividad que realizó la Defensoría de la Niñez se presentó un panorama actualizado sobre el comportamiento delictivo adolescente, las iniciativas legislativas en tramitación y los principales desafíos que enfrenta el sistema de justicia juvenil.

Posteriormente, se desarrolló un espacio de discusión técnica con académicos y académicas en criminología, justicia juvenil, políticas públicas, derechos humanos y reinserción social.

Catalina Droppelmann, Ximena Gauché, Isaac Ravetllat, Francisca Werth,  Jaime Gajardo Falcón, Francisco Maldonado, junto a académicos de instituciones como la Universidad Católica, Universidad de Chile, Universidad Diego Portales, Universidad Alberto Hurtado, Universidad de Concepción, Universidad de Valparaíso, Universidad Católica del Norte, Universidad de Tarapacá, Universidad Central, Universidad de Talca, Universidad del Alba y Universidad Academia de Humanismo Cristiano, entre otras, participaron de la cita.

Declaración de los convocados

Al finalizar el encuentro, las y los participantes acordaron suscribir una declaración conjunta que, en concordancia con los estándares de derechos humanos y el interés superior de niños, niñas y adolescentes, sostiene que un sistema de responsabilidad penal adolescente eficaz debe ser especializado, diferenciado y orientado simultáneamente a la prevención, la responsabilización y la reinserción social.

“Con esta convocatoria, como Defensoría de la Niñez reafirmamos nuestro compromiso de contribuir al debate público desde la evidencia, promoviendo políticas que permitan fortalecer la seguridad, mejorar la respuesta del sistema de justicia juvenil y garantizar el respeto irrestricto de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, afirmó el defensor de la Niñez, Anuar Quesille.

La declaración advierte que la evidencia disponible no respalda que las medidas centradas exclusivamente en el endurecimiento de las sanciones, la disuasión o la rebaja de la edad de responsabilidad penal reduzcan la reincidencia y que, en determinados casos, pueden incluso incrementarla.

Los especialistas, en contraste, relevan la importancia de intervenciones terapéuticas, socioeducativas y cognitivo-conductuales; de la continuidad educativa; y del fortalecimiento de las capacidades familiares y comunitarias.

Asimismo, solicitaron al Senado convocar a una mesa técnica de trabajo que reúna evidencia especializada para enriquecer la discusión legislativa.

La declaración también subraya que el Estado debe disponer de recursos financieros adecuados, suficientes y permanentes para fortalecer la protección integral y los programas multisistémicos de prevención y reinserción.