Un pulso de tensión permanente fue el que predominó en la sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, citada este martes para iniciar la tramitación de la reforma que busca ampliar la retención de migrantes irregulares para la ejecución de expulsiones administrativas.

La razón: los reparos y cruces entre los diputados de la oposición que integran la instancia y el ministro de Justicia, Fernando Rabat, que acudió -junto al titular de Seguridad, Martín Arrau- en representación del Ejecutivo para dar cuenta del proyecto.

La iniciativa fue anunciada por el Presidente José Antonio Kast el pasado 7 de junio desde el Complejo Fronterizo de Chacalluta, en Arica, en uno de sus despliegues regionales.

Dicha reforma constitucional consiste en aumentar el plazo para la detención de migrantes en situación irregular que hayan cometido delitos menores, el que actualmente es de máximo cinco días antes de ser expulsados.

Con el proyecto de busca ampliar a un máximo de 180 días. Extendiendo de cinco a 60 días, con hasta dos prórrogas de la misma cantidad de tiempo.

“El proyecto tiene por objeto modificar la Constitución Política de la República, para aumentar los márgenes de plazo dentro de los cuales una persona extranjera con orden de expulsión puede estar detenida, como mecanismo para asegurar la efectividad de dicha expulsión. Por ende, lo que se busca es flexibilizar los plazos durante los cuales los extranjeros con orden de expulsión puedan mantenerse detenidos para asegurar la efectividad de la medida”, dijo Rabat en su presentación.

En su alocución, el secretario de Estado también dio cuenta de la experiencia comparada, concretamente con países europeos, como Alemania, Italia, España y Francia, donde los plazos de retención son mayores.

Reparos y cruces

El primer reparo fue del diputado José Montalva (Ind.-PPD), que fue respaldado por su par Lorena Fries (FA), al señalar que en los países puestos como ejemplo, si bien los plazos son más extensos para esas detenciones, también existen condiciones puestas por un juez que evitan vulneraciones de derechos a los migrantes, y que no están contempladas en el proyecto del Ejecutivo.

Luego vino el turno del diputado Marcos Barraza (PC), que comparó la conducción del país del Mandatario con la de su homólogo de Estados Unidos en materia migratoria.

“Lo de fondo es que estamos transitando progresivamente una sociedad de perseguidos, de persecuciones, de enemigos internos, con una conducción presidencial que se parece mucho a la del Presidente (Donald) Trump”, espetó.

Rabat retrucó la arremetida del parlamentario comunista, argumentando, entre otros puntos, que “acá no se está hablando de reclusión, no estamos hablando de pena, estamos hablando de una detención administrativa, que es una cuestión que se recoge en distintas disposiciones de nuestra legislación, sobre todo en la legislación penal. Tampoco estamos hablando de cárceles, porque las cárceles son para cumplir condenas. Acá no se está cumpliendo una condena, sino que es una detención administrativa”.

Otra de las objeciones provino del diputado socialista Marcos Ilabaca, quien, además de reclamar que estaba siendo interrumpido por Rabat, apuntó a la manera en que está redactado el artículo que modifica la Constitución, acusando que genera un amarre.

“Si quisiéramos proteger efectivamente un bien tan importante como es la libertad personal, usted no le va a establecer al órgano que en definitiva debe tomar esa decisión, un amarre de 60 días. Porque eso es lo que hace, porque lo que dice la norma constitucional, ‘corresponderá a la ley fijar el plazo máximo en el que no podrá ser inferior a 5 días, ni superior a 60 días corridos, renovables por 60 días’. Es decir, en la renovación usted está amarrando 60 días por orden constitucional”, cuestionó.

Eso sí, no todas fueron críticas. Quien sí defendió la reforma y la mirada a la experiencia europea fue el diputado republicano Luis Sánchez, que afirmó que propone un cambio de rumbo respecto a la administración anterior.

“Hemos tenido durante mucho tiempo una normativa excesivamente generosa con quienes ingresan ilegalmente al país. Y para darle tranquilidad también a los colegas, porque se hace mucha referencia en lo que pasa en Europa, el Parlamento Europeo acaba de aprobar modificaciones a la política de la Unión Europea sobre el retorno de ciudadanos a terceros países, establecen incluso la posibilidad de establecer centros de detención en terceros países ajenos a la Unión Europea y establece un plazo máximo de detención de dos años”, señaló.