Cuando el comité político ampliado terminó el lunes en La Moneda, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dejó instalada una expectativa.

El secretario de Estado adelantó que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de junio -que se conocerá en los primeros días de agosto- debiera confirmar una trayectoria positiva para la economía chilena, tras cinco meses de contracción. Una afirmación que ya había realizado en su más reciente entrevista con Pulso de La Tercera, donde además descartó que el país entre en recesión.

En el gobierno sostienen que ese dato, sumado a la esperada aprobación de la megarreforma durante julio, permitiría comenzar a instalar con mayor fuerza un mensaje que hasta ahora ha tenido dificultades: que la gestión económica del Ejecutivo empieza a mostrar resultados concretos.

La idea es “subir el volumen” de la agenda económica, convencidos de que los indicadores positivos son la mejor carta para recuperar terreno en la principal preocupación de los chilenos.

El problema es que ese relato puede verse rápidamente eclipsado por otro indicador.

Aunque el gobierno espera exhibir mejores cifras de actividad, también anticipa que el mercado laboral seguirá entregando señales complejas. Distintas fuentes del Ejecutivo reconocen que existe preocupación por los próximos datos de desocupación, los que podrían acercarse al millón de personas sin trabajo.

De acuerdo con las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), correspondientes al trimestre móvil marzo-mayo de 2026, la tasa de desempleo llegó a 9,4%, la más alta de los últimos cinco años, con cerca de 950 mil personas desocupadas.

En La Moneda asumen que, si esa tendencia continúa, cualquier mejora macroeconómica tendrá un efecto limitado en la percepción ciudadana, lo que seguirá repercutiendo en la aprobación del gobierno y del Presidente José Antonio Kast.

Con ese diagnóstico, el Ejecutivo ya trabaja en la agenda que seguirá a la aprobación de la megarreforma.

Durante las últimas semanas existió un debate interno respecto de impulsar una gran reforma laboral o dividir ese esfuerzo en distintos proyectos. Finalmente se impuso la segunda alternativa.

La decisión busca mantener instalada la discusión sobre empleo durante los próximos meses y mostrar avances graduales en una materia que el Ejecutivo considera clave para revertir el deterioro de las expectativas económicas.

Entre las iniciativas que se encuentran en elaboración figuran los contratos por hora, estatutos especiales para actividades estacionales -como el turismo y la agricultura-, medidas administrativas coordinadas con la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) para acelerar proyectos de obras públicas con impacto en la generación de puestos de trabajo y ajustes destinados a flexibilizar la implementación de la jornada laboral de 40 horas.

Así, en el gobierno existe consenso en que el eje de preocupación cambió. Si durante los primeros meses de la administración la seguridad dominaba prácticamente todas las conversaciones, hoy el foco está puesto en el bolsillo de las familias. No porque la delincuencia haya dejado de ser un tema relevante, sino porque la situación económica comenzó a pesar más en la evaluación cotidiana de las personas.

En Palacio monitorean semanalmente a través de distintas herramientas -entre ellas, encuestas y focus group-, donde siguen de cerca dos variables: la percepción sobre la situación económica personal y la sensación de inseguridad.

Según quienes conocen esos análisis, ambas dimensiones continúan siendo las más relevantes para la ciudadanía. Sin embargo, en las últimas mediciones la percepción económica comenzó a superar al orden público como principal preocupación.

Además, en el Ejecutivo observan una diferencia importante entre ambos fenómenos. Mientras la evaluación sobre seguridad ha mostrado algunas señales de mejora gracias a medidas visibles impulsadas durante los últimos meses, la percepción económica aparece mucho más estrechamente vinculada con la aprobación presidencial.

En otras palabras, cuando las personas consideran que su situación económica empeora, también tienden a deteriorar su evaluación del gobierno.

En Palacio destacan que la agenda de seguridad ha logrado instalar algunos hitos que consideran exitosos.

Entre ellos mencionan el reforzamiento de la frontera norte, el despliegue militar en zonas como Temucuicui y los operativos policiales encabezados por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, iniciativas que, estiman, han tenido impacto en la percepción ciudadana.

No ocurre lo mismo con los vuelos de expulsión de migrantes irregulares, pues el número de personas expulsadas es percibido como reducido y, además, persiste la imposibilidad de concretar deportaciones hacia Venezuela, lo que ha limitado el alcance de la medida.

La inquietud de Palacio por el tema fue transparentada este lunes durante el comité político ampliado. Ahí, el biministro Claudio Alvarado pidió a los partidos tratar de instalar en la opinión pública los “éxitos” del gobierno, con un lenguaje positivo e ir dejando atrás el tono crítico respecto de la administración anterior.

La lectura que hay en el sector es que el argumento de que la situación del país es culpa de la administración pasada comenzó a desgastarse ante la ciudadanía, por lo que necesitan ajustar el relato.