La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el proyecto Escuelas Protegidas -el que permite la revisión de mochilas en colegios- tuvo dos lecturas políticas en el oficialismo. Por un lado está la mirada que se centró en el resultado.

En ese enfoque, que toma en cuenta las normas que fueron declaradas inconstitucionales, el balance para La Moneda es amargo.

La victoria del gobierno que se tradujo en que la revisión de mochilas prosperara, salvo algunas excepciones, y que sobreeviviera la prohibición de los alumnos de usar elementos que tapen el rostro, se vio opacada por la declaración de inconstitucionalidad de cuatro preceptos, entre ellos la inhabilidad para acceder a la gratuidad universitaria.

Sin embargo, hay otra mirada en el oficialismo que es más prometedora para el Ejecutivo. Se trata de la lectura de la sentencia del TC que analiza el comportamiento de los ministros y cómo se movieron los votos en el pleno.

En ese análisis, todas las miradas se posicionaron sobre la ministra María Pía Silva. La magistrada es la mayor antigüedad del TC. Silva corresponde a aquellos nombramientos que hace la Corte Suprema y llegó al cargo en junio de 2018.

Lo que llamó la atención es que en las tres votaciones que fueron empatadas, el voto de Silva no estuvo alineado con las ministras que, para los parlamentarios, son consideradas ministras cercanas al progresismo como la actual presidenta Daniela Marzi y las ministras Nancy Yáñez y Catalina Lagos.

De hecho en las votaciones donde hubo empate, el voto de Silva estuvo acompañado de los tres ministros que son considerados de derecha, como los ministros Miguel Ángel Fernández y Héctor Méry y la ministra Marcela Peredo. A ellos se sumó el ministro Raúl Mera, de carrera judicial.

El empate se dio para decidir sobre temas vinculados a la revisión de mochilas como los cambios al Código Procesal Penal, la exclusión de los procesos de admisión a alumnos expulsados y los preceptos vinculados a la paralización de las clases.

En esos asuntos el TC no logró armar un criterio contundente, ya que solo ganó la postura en la que estuvo el voto de la actual presidenta del TC, la ministra Marzi, debido al voto dirimente que está incluido en la Ley Orgánica Constitucional del TC.

Si bien lo único que vale es lo que viene en el fallo que se despachó el lunes, en el oficialismo y el gobierno comentaron que si la vista de los requerimientos hubiera sido semanas después, la historia sería distinta.

A partir de la próxima semana Silva asumirá la presidencia del TC hasta que termine su mandato de nueve años. Entonces, de haberse visto el requerimiento más tarde, en todas las votaciones empatadas habría dirimido Silva y por lo tanto el triunfo para el oficialismo habría sido más contundente.

El ascenso de Silva a la presidencia del TC añadirá una cuota de incertidumbre a las decisiones del TC. Su cupo no es de designación del Ejecutivo, cuyos ministros suelen tener posiciones políticas más marcadas. Al contrario, fue designada por la Suprema.

Quienes conocen el perfil de Silva comentan que es una ministra de votos poco predecibles y que varían según la temáticas en cuestión. La ministra tiene una amplia trayectoria académica desarrollada en la Universidad Católica, donde era profesora de las cátedras de Derecho Constitucional.

Junto con eso, destaca su pasado como militante de la Democracria Cristiana (DC), partido al que renunció cuando fue elegida por la Suprema para integrar el TC.

Pero su vínculo con la DC, un partido que está disminuido, ya quedó en el pasado. Los que la conocen dicen que en esa época estaba ubicada en el polo de la DC más conservadora. Por eso es que en temas valóricos o vinculados a asuntos económicos, su voto suele alejarse de las ministras progresistas, lo que cambia al tratarse de temas vinculados a los derechos sociales.

De hecho su perfil es distinto al de la ministra Alejandra Precht, quien fue designada por la Cámara en un cupo reivindicado por la DC. Precht, a diferencia de Silva, suele estar más cercana a las ministras progresistas.

Para nadie tampoco es un misterio que el gran maestro de la ministra fue el connotado jurista Alejandro Silva Bascuñán. De hecho la magistrada es la albacea del constitucionalista, abogado que también militó en la DC, quien entre otras cosas, formó parte de la Comisión Ortúzar en tiempos de la dictadura.