Considerado por muchos como el referente del Frente Amplio, el partido de izquierda español Podemos no solo mantiene cercanía ideológica con la colectividad oficialista chilena, sino también amistad entre sus líderes. Pero un paralelo, mucho menos alegre, les ha salpicado también a ambas fuerzas en su irrupción en la escena política nacional: los cuestionamientos a su financiamiento y los vínculos con fundaciones que reciben dinero.

Numerosas han sido las fotos y encuentros sostenidos entre chilenos ligados al Frente Amplio y dirigentes como Pablo Iglesias, fundador de Podemos; Irene Montero, eurodiputada y pareja de Iglesias; Íñigo Errejón, excarta fuerte del bloque que terminó dejando la colectividad; o el mismísimo ideólogo de la nueva izquierda española y cofundador del partido morado, Juan Carlos Monedero, quien estuvo presente en el comando del Apruebo durante el plebiscito constitucional de 2022.

A poco de que se cumplan dos años desde que estallara el caso Convenios, y cuando Podemos se aleja un poco más del poder en cada elección en España, la comparación entre ambas tiendas políticas vuelve a resurgir. Pero hay distinciones, sin embargo. Si bien en el caso hispano existen pruebas de que desde 2002 una fundación cercana al partido izquierdista recibió al menos 3,7 millones de euros provenientes del gobierno de Venezuela de Hugo Chávez, como aseguró una década atrás el periódico El País, no se probaron delitos en la justicia.

Dardos contra Chávez

Fundado en enero de 2014, al poco tiempo Podemos empezó a ser cuestionado por su financiamiento. Era la época en la que se acusaba a la cúpula liderada por Pablo Iglesias de haber recibido dineros provenientes de Venezuela y del propio Hugo Chávez.

Fue en 2014 cuando Podemos -que ese año y el siguiente fue representado por Iglesias, su fundador, en el Parlamento Europeo- señaló a través de un comunicado que todas sus cuentas eran públicas y que la agrupación “ni recibe ni ha recibido un solo euro” de ningún gobierno o fundación extranjera o nacional, detalló El País. “Nuestra única fuente de financiación son y han sido las aportaciones voluntarias de la gente”, plantearon.

La tienda morada, hoy venida a menos en el escenario político español, pero que llegó a cogobernar junto al histórico Partido Socialista Obrero Español (PSOE) entre 2020 y 2023, respondía así a una investigación que aseguraba que una fundación ligada al centro de mando de Podemos había recibido cuantiosas cifras de dinero de parte del chavismo.

Se trataba del Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), cuyo consejo ejecutivo estaba configurado por los tres principales dirigentes de Podemos: Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Luis Alegre. Y, según reveló El País citando las cuentas depositadas en el registro de fundaciones del Ministerio de Cultura, el CEPS recibió al menos 3,7 millones de euros del gobierno de Hugo Chávez desde 2002.

La organización sin fines de lucro nacida el mencionado año habría recibido pagos de Venezuela bajo el concepto de asesoramiento político, y en algunos casos, las retribuciones superaron el 80% de los ingresos de la fundación, cuya misión era “la redistribución de la riqueza”, relató el medio español. Sin embargo, el gobierno de Chávez no fue el único cliente. Tanto el gobierno de España como la Generalitat valenciana aparecían en la nómina del CEPS para 2014.

La vinculación directa entre Podemos y la fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales converge en Iglesias, Errejón y Alegre. El primero creó -junto a otros- Podemos en 2014, pero entre 2006 y 2007 trabajó para el CEPS directamente desde Venezuela, mientras que de 2008 en adelante figuraba como miembro de la dirección.

Entre 2002 y 2012, el gobierno chavista era el mejor -y a veces el único- cliente de la fundación española. De hecho, 1,6 millones de dólares fueron entregados al CEPS por asesorar directamente al propio Hugo Chávez, aunque también hubo desembolsos por la implantación de un sistema de seguridad social en Venezuela o la medición de la “percepción socioeconómica” de los venezolanos, en un encargo para el Banco Central del país sudamericano, entre otras labores.

Al hacer el desglose de los años de mayor recaudación de la fundación ligada a la cúpula del poder morado, destaca 2006, con casi 500.000 euros aportados por el chavismo. Fue en aquellos meses cuando casi la totalidad de los ingresos del CEPS provenían de Venezuela. Según los documentos obtenidos por el diario hispano, el grupo sin fines de lucro se encargó de guiar “el diseño de políticas públicas que palíen la desigualdad de la población venezolana, favoreciendo el reparto de la riqueza y garantizando la mejora de las condiciones de vida de los más desfavorecidos”.

También aportó a las arcas el Instituto de Seguros Sociales de Venezuela, el Ministerio del Interior -por la formación de funcionarios de prisiones de la nación caribeña- e Interior y Justicia, quien pagó por cursos para funcionarios del ente estatal. El foco: “Neoliberalismo, globalización y reacción social”.

Otro año que destaca especialmente es 2008, donde la cifra asciende hasta los 609.400 euros. El 56% provino de Caracas, prosiguió el medio. El ministerio que dependía directamente de Chávez aportó 198.000 euros, mientras que el de Comunicación añadió a la lista otros 190.000 euros por diversos estudios sociales.

Pero el récord se lo llevaría 2009, donde del casi millón de euros que ingresó a las arcas del CEPS, un 70% -754.895 euros, puntualmente- provenían del chavismo: 237.885 euros provenían “directamente del presidente venezolano por la ‘prestación de apoyo técnico en las áreas administrativas, jurídicas y económicas’”, explicó el periódico madrileño.

En su currículum, detalló El País, Iglesias se autodefinía como “responsable de análisis estratégico de la Presidencia de Venezuela con la fundación CEPS”. Íñigo Errejón, quien fue jefe de campaña de la tienda morada, fue directivo de la fundación durante años, incluso firmando las cuentas del ente. Luis Alegre, para mediados de la década pasada “número 2” de Podemos, también aparecía como directivo.

La defensa de Pablo Iglesias siempre apeló a negar todo vínculo entre el financiamiento de su fundación y la de su partido, pero también comparando a otros movimientos que actuaron en Venezuela en la fecha. “Hay muchos consultores que trabajan en Venezuela para partidos de la oposición (la derecha) y pueden cobrar 6.000, 7.000, 8.000 euros al mes. Ningún consultor de CEPS ha cobrado cantidades parecidas”, dijo a El País.

Tras las críticas de Iglesias y Podemos al citado medio, quien acusó a El País de vincular al partido con financiamientos externos, este respondió que reafirmaba lo publicado, puesto que “en ningún momento” apuntaron a que “el gobierno de Caracas haya financiado el partido, sino que ha contratado los servicios de la citada fundación. Podemos reconoce en su comunicado que Iglesias, Errejón y Alegre han colaborado con el CEPS en varias ocasiones con funciones organizativas o profesionales, y que han desempeñado asesorías en diversos países de América Latina, ‘al igual que muchos miembros de otras formaciones políticas, como el PSOE o IU’”, cierra el periódico hispano.

Hasta ahí, las críticas de la derecha sobre el financiamiento de Podemos apuntaban principalmente hacia el tema ético. Paloma Román Marugán, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, dijo a La Tercera que “las denuncias que hubo contra Podemos por su financiamiento fueron de dos tipos: algunas se presentaron ante los tribunales, pero todas fueron desestimadas finalmente. Esto le dio la razón a Podemos, pero esto ocurrió después de varios años y, por tanto, sufrieron lo que se llama ‘Pena de telediario’. Por otro lado, hubo otras acusaciones que sin llegar tan lejos quedaron flotando en el ambiente, como una leyenda urbana que trató de golpear su imagen”.

Sin embargo, el periodista Luca Costantini, en su libro Al olor del dinero: la verdadera historia de Podemos, señala que a poco de la de formación del bloque, Juan Carlos Monedero comprendió en tan solo dos años “que en América Latina se halla una mina de oro para los que están dispuestos a seguir las consignas de los mandatarios de la nueva izquierda”, según escribe en el texto.

Pero, al mismo tiempo, destaca que, “además de la universidad y la militancia política, existe una tercera vía muy rentable para ganar billetes. Se trata de la consultoría o asesoría, un sector por explotar (…) por el que pasan muchos fondos públicos y que es muy difícil de rastrear (…)”.

En palabras del periodista, “el Monedero hombre de negocios” aparece en la primera década del 2000 en Caracas, “cuando se da cuenta de la cantidad de dinero que circula entre gobiernos, entidades académicas y empresas”. Define al ideólogo de Podemos como “un maestro de la labia, y un personaje que suele magnificar sus méritos o logros. Entre el CEPS y la Fundación Miranda (que Costantini asegura el chavismo le ordenó crear en 2005), levanta centenares de miles de euros del gobierno. El grueso lo revierte a España para la difusión del evangelio chavista y, obviamente, para la hipoteca de su piso en Malasaña”, cierra.

Años después, cuando Podemos ya estaba en el poder, la tienda política fue investigada por el Centro Nacional de Inteligencia, que rastreó puntualmente “su contratación externa para la campaña electoral de 2019, en el marco de una recaudación (alrededor de tres millones de euros) vía microcréditos. La sospecha es que Podemos forme parte de un entramado de desvío de fondos públicos a través de una cadena de empresas pantalla”, explica Costantini en su libro.

Según el autor, Iglesias y sus correligionarios creían que el PSOE los estaba investigando para obtener “información confidencial” y así utilizarla “en caso de necesidad”. La tesis de que el jefe de gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, contaba con un “cajón escondido” repleto de datos sensibles del partido izquierdista “se hace realidad en la cabeza de los miembros del partido”, al tiempo que “las relaciones políticas con Venezuela y el mundo bolivariano son un hecho”. Por eso, postula, la clave era llegar al poder antes de que estallara “el escándalo para defenderse desde una posición de fuerza”.

De igual manera, Paloma Román aseguró a este periódico que no cree “que haya una comparación entre los casos de Chile y España, salvo el ingrediente ideológico; las cuestiones relativas a la financiación ilegal proveniente o no del extranjero es un clásico en el ámbito de los partidos políticos, el que se utiliza a modo de munición política”, cerró.

Consultada sobre el posible efecto político que el caso español tuvo, añadió que “las denuncias, todas desestimadas sobre una supuesta financiación ilegal, no fueron causantes de su descenso electoral, sino que se debió a otras razones”.