El gobierno federal de Estados Unidos cerró oficialmente por primera vez en casi siete años, y por tercera vez bajo un mandato de Donald Trump, después de que un Congreso estancado no lograra aprobar nuevos gastos antes de que comenzara el nuevo año fiscal este miércoles. En concreto, republicanos y demócratas no pudieron unirse y aprobar un proyecto de ley para financiar los servicios gubernamentales hasta octubre y más allá.

Si bien las confrontaciones presupuestarias son comunes en la política estadounidense, esta disputa por el gasto es especialmente tensa porque Trump ha dedicado los últimos nueve meses a recortar drásticamente el tamaño del gobierno nacional, explica la cadena BBC. Ha sugerido que el estancamiento actual podría brindarle la oportunidad de profundizar en este tema.

Los cierres gubernamentales por cuestiones presupuestarias son un aspecto único de la política estadounidense. En el sistema norteamericano, las distintas ramas del gobierno tienen que llegar a un acuerdo sobre los planes de gasto antes de que puedan convertirse en ley.

El cierre detendrá temporalmente algunos servicios del gobierno estadounidense y suspenderá los salarios de cientos de miles de empleados gubernamentales. Sin ese dinero, muchos sectores de la administración no podrán operar y las agencias federales se verán obligadas a suspender todas las funciones no esenciales hasta que el Congreso actúe.

El último cierre federal duró 35 días, del 22 de diciembre de 2018 al 25 de enero de 2019, lo que lo convirtió en el cierre más largo en la historia de Estados Unidos. En ese momento el Senado no había aprobado un proyecto de ley de financiamiento que incluía 5.700 millones de dólares solicitados por el presidente Donald Trump para ayudar a construir el muro fronterizo sur de Estados Unidos.

Este cierre superó el récord anterior bajo la presidencia de Bill Clinton, cuando vetó una propuesta presupuestaria republicana para dar el control de Medicaid a los estados, cerrando el gobierno durante 21 días en 1995 y 1996.

El cierre de 2018 y 2019 fue parcial, ya que el Congreso aprobó fondos para ciertas agencias, permitiéndoles permanecer abiertas mientras otros departamentos federales cerraban.

Un cierre total del gobierno ocurrió en 2013, durante la presidencia de Barack Obama, cuando casi la mitad de los empleados federales no postales fueron suspendidos temporalmente, según el Comité por un Presupuesto Federal Responsable.

Se estima que el último cierre en 2019 costó a Estados Unidos 3.000 millones de dólares en pérdida de PIB, ya que 300.000 trabajadores federales fueron suspendidos y no recibieron su salario, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

El actual proceso presupuestario se estableció en 1976 y ha habido 10 cierres desde entonces, consigna la cadena ABC News.

El disenso que llevó al cierre

Los republicanos, que controlan ambas cámaras del Congreso, no lograron reunir en el Senado los 60 votos necesarios para aprobar su proyecto de ley de gastos, que buscaba extender el financiamiento del gobierno sin otras iniciativas adjuntas, conocido como resolución continua limpia.

Solo tienen 53 escaños en el Senado, lo que significa que necesitaban el apoyo de los demócratas para llegar a los 60 votos. Pero los demócratas se negaron a apoyar la iniciativa, porque incluía recortes al sistema de salud (Medicaid y subsidios del Obamacare) y no renovaba los créditos fiscales que abaratan el seguro médico. Según ellos, el proyecto de ley republicano dificultará que los estadounidenses puedan costear la atención médica.

Así que intentaron aprovechar esa influencia para intentar avanzar en sus objetivos políticos en materia de atención sanitaria: pidieron una extensión de los créditos fiscales -que están a punto de expirar- que abaratan el seguro médico para millones de estadounidenses, y la revocación de los recortes a Medicaid implementados por Trump. Los demócratas también se oponen a los recortes del gasto en las agencias gubernamentales de salud.

Pero eso fue un obstáculo para los republicanos y llegaron a un punto muerto. Y así, a las 00:01 local del miércoles se hizo oficial: Estados Unidos tuvo su primer cierre en casi siete años.

“Tenemos a un loco al mando”

Una vez vencido el plazo de financiamiento, los republicanos y los demócratas inmediatamente comenzaron a intensificar el juego de culpas, señalándose unos a otros por el cierre. La corresponsal de la BBC Ana Faguy informó que si algo quedaba claro al hablar con funcionarios del Congreso, es que demócratas y republicanos no se comunican entre ellos, sino que hablan unos en contra de otros.

Inmediatamente, al culminar la agitada jornada en Washington, el sitio web de la Casa Blanca comenzó a mostrar un reloj que marca la duración del cierre del gobierno en la parte superior del home. Las palabras junto al reloj dejan claro a quién culpa la Casa Blanca por el fallo en el financiamiento del gobierno: “Los demócratas han cerrado el gobierno”.

Haciendo eco de aquel mensaje, el vicepresidente JD Vance culpó a los demócratas en una entrevista con Fox News. En sus primeras declaraciones públicas desde que comenzó el cierre a la medianoche, Vance dijo: “No se toma al gobierno como rehén para negociar los costos de la atención médica. Negociemos, pero hagámoslo en el contexto de una verdadera reapertura del gobierno y de garantizar que esos servicios esenciales se presten realmente al pueblo estadounidense”.

Los líderes de ambos partidos se mantienen firmes, tanto en privado como en público, en que no se les culpará por la falta de financiamiento. Los republicanos insisten en que los demócratas simplemente deben aceptar extender el financiamiento actual por siete semanas más. Sin embargo, los demócratas se niegan a hacerlo sin concesiones importantes sobre el aumento de los subsidios del Obamacare.

A la vez, los líderes demócratas Hakeem Jeffries y Chuck Schumer están culpando directamente al presidente Trump y a los republicanos. “Después de meses de hacer la vida más difícil y más cara, Donald Trump y los republicanos ahora han cerrado el gobierno federal porque no quieren proteger la atención médica del pueblo estadounidense”, dijeron los líderes demócratas en el Congreso en una declaración conjunta.

Jeffries y Schumer reiteraron en la declaración que los demócratas “siguen dispuestos a encontrar un camino bipartidista para avanzar”, y agregaron: “Necesitamos un socio creíble”. Las declaraciones ocurrieron mientras crece la preocupación en su partido por el daño que la oficina de presupuesto de la Casa Blanca podría causar en todo el país, un daño que el Congreso no podrá revertir fácilmente.

Al preguntársele si le preocupa que la Casa Blanca pueda causar un daño permanente al gobierno, el senador demócrata Sheldon Whitehouse declaró a CNN: “Claro, ¿a quién no le preocuparía? Tenemos a un loco al mando”. Whitehouse sostuvo que los demócratas ahora necesitan “asegurarse de que Trump sea responsable de todo eso y pague el precio por ello”.

Mientras tanto, desde la vereda republicana, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder de la mayoría del Senado, John Thune, dijeron el martes por la noche que no están dispuestos a negociar hasta que el gobierno vuelva a abrir. En el pasado, los cierres prolongados solían considerarse políticamente peligrosos, ya que perjudicaban la vida cotidiana de los votantes y la imagen de los legisladores y del Presidente.

Los servicios que continuarán operando

Cada cierre gubernamental es diferente, pero las funciones cruciales para proteger vidas y propiedades suelen considerarse esenciales y permanecen operativas. Cierres anteriores cancelaron audiencias de inmigración y retrasaron préstamos federales a compradores de vivienda y pequeñas empresas, entre otros impactos. En general, los analistas esperan que este cierre podría ser más grande que el último.

Esta vez la administración Trump parece más que dispuesta a cerrar grandes sectores del gobierno estadounidense durante un período prolongado. De hecho, los funcionarios han amenazado con usar el cierre para identificar a los trabajadores “no esenciales” que podrían ser despedidos permanentemente. “Vamos a despedir a mucha gente”, dijo Trump el martes.

Los trabajadores considerados esenciales continuarán con normalidad, aunque sin paga por el momento. También se espera que los agentes de protección fronteriza, de aplicación de la ley, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los trabajadores de atención médica hospitalaria y de control del tráfico aéreo continúen operando normalmente.

Si bien los cheques de seguridad social y Medicare seguirán enviándose, la verificación de beneficios y la emisión de tarjetas podrían detenerse. Los empleados públicos considerados no esenciales reciben una licencia temporal sin sueldo. Anteriormente, estos trabajadores recibían su salario retroactivamente.

Los servicios financiados con fondos federales, como los museos Smithsonian, probablemente se verán restringidos o cerrados. Es probable que varias agencias, como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y los Institutos Nacionales de Salud (NIH), suspendan temporalmente a muchos trabajadores, lo que afectará las investigaciones y experimentos en curso que ya están en progreso.

Los parques y bosques nacionales permanecieron abiertos durante el último cierre, pero con poco o ningún personal. También podría haber retrasos en los viajes. Un representante de Airlines for America advirtió que los sistemas de vuelo podrían verse obligados a reducir su velocidad, lo que reduciría la eficiencia. Las agencias de pasaportes han advertido que la tramitación de los documentos de viaje podría tardar más de lo habitual.

El correo se seguirá entregando y las oficinas postales permanecerán abiertas, porque el Servicio Postal de Estados Unidos no depende del Congreso para su financiamiento.

La mayoría de las escuelas estadounidenses reciben financiamiento estatal; sin embargo, el gobierno federal es responsable de miles de millones de dólares en subvenciones y préstamos estudiantiles, que podrían verse prácticamente paralizados. Dicho esto, dado que las subvenciones se otorgan durante el verano, no se verán prácticamente afectadas durante este cierre, según ha declarado el secretario de Educación.

Los cierres gubernamentales a menudo comienzan lentamente, pero el dolor aumenta de manera constante y tiene un efecto dominó no solo en los trabajadores federales, sino en los estadounidenses comunes, explica la BBC.

El golpe para la economía

La Oficina Presupuestaria del Congreso calcula que unos 750.000 empleados serán despedidos con un costo diario de US$ 400 millones en indemnizaciones perdidas.

Los analistas estiman que un cierre esta vez podría reducir aproximadamente entre 0,1 y 0,2 puntos porcentuales el crecimiento económico por cada semana que dure, aunque gran parte de esa cantidad podría recuperarse. Ese impacto relativamente moderado puede ser la razón por la que el mercado de valores parece estar ignorando esta última amenaza.

Pero el hecho de que el presidente Trump también haya amenazado con utilizar el cierre para hacer despidos masivos “irreversibles” de trabajadores federales, en vez de solo suspenderlos, podría hacer ese impacto más duradero, destaca la prensa local.

La lucha también está inyectando más agitación en una economía que ya está siendo sacudida por cambios como los aranceles y la inteligencia artificial, y se espera que la probable demora de datos clave, como el informe mensual oficial de empleo de Estados Unidos, aumente la incertidumbre.

El cierre también podría afectar a la economía de Europa: los exportadores de la UE podrían verse en apuros si los empleados públicos estadounidenses no pueden trabajar, pues el cierre paraliza o reduce muchas operaciones federales, como la concesión de préstamos o permisos, e interrumpe la labor de los organismos públicos de supervisión, lo que ralentiza la actividad económica, explica el portal Euronews.

Lo que lo hace más significativo es el momento en que se produce. Este año la economía estadounidense ya está experimentando un crecimiento más lento, presiones inflacionistas persistentes y una creciente inseguridad financiera. El cierre se suma a esta inseguridad y puede desencadenar una reacción en cadena de consecuencias económicas.