Ante las elecciones celebradas este domingo, el relato de la excepcionalidad de Costa Rica en la región parecía más cuestionado que nunca. En la antesala de los comicios, el país centroamericano -famoso por haber abolido sus Fuerzas Armadas en 1948 tras la guerra civil y por acoger durante mucho tiempo a refugiados de sus pares regionales- sometía a debate su propia identidad en medio de un aumento del crimen organizado y escándalos políticos.

La seguridad se ha deteriorado en los últimos años, ya que Costa Rica se convirtió en uno de los principales puntos de transbordo de cocaína y otras drogas de la región hacia Estados Unidos y Europa, según Washington. Pese a que en su gobierno los homicidios alcanzaron un peak histórico de 17 casos por 100.000 habitantes, el presidente Rodrigo Chaves culpa al Poder Judicial de mantener a los criminales en impunidad.

Además, el año pasado se produjo una serie de casos que pone en entredicho la estabilidad institucional y seguridad del país centroamericano.

Por ejemplo, en junio, el exministro de Seguridad, Celso Gamboa, fue arrestado por cargos de narcotráfico y ahora enfrenta la extradición a Estados Unidos. Gamboa, sería uno de los primeros costarricenses en ser extraditados en virtud de una reforma constitucional aprobada en mayo, que permite esta medida en casos de narcotráfico y terrorismo.

En el mismo mes, el mayor en retiro del Ejército nicaragüense y exiliado político, Roberto Samcam Ruiz, fue asesinado en la capital, lo que alertó sobre la capacidad del país para proteger a los exiliados políticos. Y es que Samcam, quien residía San José desde 2018, era abiertamente crítico del régimen de Daniel Ortega.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), desde 2018, 317.000 nicaragüenses han huido a Costa Rica en busca de protección internacional. Así, alberga actualmente al 55% de todos los refugiados nicaragüenses del mundo.

En agosto pasado, Rodrigo Chaves, quien había asumido en mayo de 2022, se convirtió en el primer presidente en la historia de Costa Rica en someterse a una votación frente a la Asamblea Legislativa con el objetivo de suspender su inmunidad judicial. Fue juzgado por un presunto esquema de corrupción que involucraba fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Pero el juicio político no alcanzó los dos tercios necesarios para proceder con la revocación la inmunidad judicial.

Estos eventos, inusuales para los estándares de estabilidad institucional costarricense, se convirtieron en un tema importante de cara a las elecciones presidenciales de este domingo.

La promesa de seguridad

En una encuesta reciente de la Universidad de Costa Rica (UCR), las categorías “seguridad y delincuencia” y “narcotráfico y crimen organizado” se posicionaron como los temas más relevantes de la ciudadanía de cara a la votación.

A pesar de lo anterior, la popularidad de Chaves ha aumentado en las encuestas. Su índice de aprobación ha superado el 50% desde noviembre de 2023 y ascendió al 63% en octubre de 2025, según un sondeo reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos-UCR (CIEP-UCR). Pero, a la vez, la misma medición mostró que el 71% de los consultados afirma que la situación de seguridad ha empeorado en los últimos 12 meses.

También, el sondeo arrojó que la candidata oficialista, Laura Fernández, era la mejor posicionada para las elecciones de este domingo. Fernández, con un discurso de continuidad y énfasis en orden y seguridad, registró un 44% de intención de voto, superando por cuatro puntos porcentuales el umbral para ser electa en primera vuelta. De no lograrlo, está previsto un balotaje para el 5 de abril.

La politóloga conservadora de 39 años propone finalizar la construcción de una cárcel inspirada en la megaprisión para pandilleros del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a quien admira, aumento de penas y estados de excepción en zonas marginales conflictivas.

“No hay que encerrar a la gente por estar tatuados”, replicó durante la campaña Álvaro Ramos, candidato del tradicional Partido de Liberación Nacional (socialdemócrata) y segundo en los sondeos con menos del 10%.

¿Pero como se explica que el aumento de la inseguridad en Costa Rica coincida con un alza en la popularidad de Chaves y su heredera política? Expertos explican este fenómeno.

En conversación con La Tercera, la directora de impacto y operaciones para América Central de Atlantic Council, María Fernanda Bozmoski, sostuvo que “la Asamblea Legislativa ha sido muy efectiva en cuanto a su habilidad para sacar proyectos y leyes. Pero la narrativa ha sido dominada por el Ejecutivo”.

“Él ha culpado a los diferentes poderes e instituciones por problemas macro a nivel país, y tomado crédito por avances en temas de interés“, explicó Bozmoski.

Así, la directora para Centroamérica de Atlantic Council, afirmó que “la candidata oficialista se beneficia de la popularidad del presidente Chaves, quien gracias a su cercanía a Nayib Bukele, ha podido proyectarse como un gobernante con propuestas para los problemas de seguridad”.

Falta de inversión social

Sobre las causas concretas de la crisis de seguridad en Costa Rica, políticos de todo el espectro ideológico han apuntado a la caída en el gasto público como principal factor.

A mediados del año pasado, la expresidenta Laura Chinchilla se dirigió a la Comisión Especial Permanente de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa. En la instancia, sostuvo: “La crisis de seguridad actual es real y la actual administración es la principal responsable”.

La exmandataria, que gobernó entre 2010 y 2014, afirmó que el aumento de la delincuencia no se debe a problemas estructurales, sino a la incapacidad política para mantener los pilares de la seguridad costarricense ante el aumento de la presión criminal regional. Sin Fuerzas Armadas, las iniciativas de seguridad de Costa Rica solían centrarse en la policía civil y programas sociales, incluyendo aquellos diseñados para reducir la desigualdad y fomentar la movilidad social.

Y es que el gasto social como porcentaje del PIB cayó de un máximo del 24,2% en 2020 a alrededor del 20,7% en 2024, su nivel más bajo en la última década. Además, la disminución de la inversión en educación y salud pública como porcentaje del PIB y la erosión de la confianza en las instituciones han hecho al país particularmente vulnerable a un aumento de la actividad delictiva.

A esto se suma el crimen organizado, que ha ido en aumento en toda la región. En la última década, el número de organizaciones criminales que operan en Costa Rica ha aumentado de 35 a 340, según el Ministerio de Seguridad.

La violencia también se ha extendido más allá de los homicidios relacionados con el narcotráfico, abarcando tasas crecientes de robos, femicidios, sicariato y corrupción. En suma, el encarcelamiento del país ha aumentado de 282 por cada 100.000 habitantes en 2022 a 359 por cada 100.000 en la actualidad.

En 2017, el país registró lo que entonces se consideraba su año más violento, con 603 asesinatos. Ese récord se superó en 2022 con 661 homicidios, y nuevamente en 2023 con 907. Los homicidios disminuyeron ligeramente el año pasado, pero Costa Rica se mantuvo como el séptimo país más violento de la región, superando a Guatemala y Panamá, según InSight Crime.

Ante esto, mandatario costarricense ha declarado su determinación de combatir la delincuencia y ha adoptado algunas tácticas de Bukele. En agosto, aprobó la construcción de una enorme prisión de máxima seguridad inspirada en el controversial CECOT salvadoreño.

Bukele, el salvador

Mientras expertos, analistas y voces opositoras coinciden en la necesidad de un enfoque integral para enfrentar el auge de la criminalidad, la principal favorita para imponerse en la primera vuelta, Fernández, sigue alineada con la fórmula de la “mano dura” que hereda de Chaves.

“No me va a temblar el pulso para tomar las decisiones que tengamos que tomar para retomar la paz en los hogares de Costa Rica que están llenos de gente buena. En mi plan de gobierno hemos planteado el levantamiento de garantías”, defendió en el último debate.

La perspectiva de un estado de excepción ya estaba en el aire mucho antes de que Fernández la planteara. El Tribunal Supremo de Elecciones, la Corte Suprema y algunas voces del Congreso se habían quejado de supuestas actitudes autoritarias de Chaves, que tendrían como propósito desmantelar el Estado de Derecho, faltando al respeto a la independencia de los poderes.

La candidata progresista y exprimera dama, Claudia Dobles, apuntó durante la campaña que “se requieren oportunidades y un enfoque en la educación para que nuestros jóvenes no estén en manos del crimen organizado”. El candidato del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, agregó que “la seguridad se recupera, no quitando las libertades a los ciudadanos decentes, sino volviendo a invertir”.

Pero el analista senior para América Latina y el Caribe del grupo de análisis de conflictos ACLED, Tiziano Breda, aseguró ante la agencia AP que el enfoque de mano dura ha ganado fuerza impulsado por el éxito del modelo de Nayib Bukele, por una parte, y por el endurecimiento de la posición de Estados Unidos hacia los gobiernos latinoamericanos bajo la gestión de Donald Trump.

“La mezcla de la creciente presión estadounidense y la referencia a la derecha de Bukele que da respuesta a los problemas de seguridad obligó a los gobiernos a equilibrar pragmáticamente sus propios principios con las crecientes solicitudes de represión”, explicó Breda.

Y es que Chaves aceptó recibir 200 migrantes deportados de Estados Unidos el año pasado, que permanecieron dos meses recluidos en un refugio hasta que una orden judicial hizo posible su liberación.

También, el mandatario costarricense bloqueó la posibilidad de que empresas chinas operaran como proveedoras en la ampliación de la red 5G, alertado por Washington de los supuestos riesgos de espionaje.

Y la admiración por Bukele es explícita en el oficialismo. Tanto Chaves como Fernández han confesado públicamente su admiración por él y eso los convierte en receptores de la popularidad del autócrata salvadoreño, una posición fuertemente repudiada por el candidato presidencial de izquierda, el frentemplista Ariel Robles.

“¿En qué momento pasamos de soñar con ser la Suiza de Centroamérica a soñar con ser El Salvador?”, lamentó Robles durante la campaña.

Por su parte, Álvaro Ramos apuntó: “Las dictaduras modernas no siempre llegan con tanques”.

Esto sucede en el país que llegó a tener la segunda democracia más estable y funcional de América Latina, según el Índice de Democracia 2024 de The Economist, solo superado por Uruguay.

En entrevista para La Tercera, el investigador del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), especializado en crimen organizado en Centro América, Henry Ziemer, dijo sobre esto que “Costa Rica es el último país de América en experimentar un auge del populismo en materia de seguridad, impulsado por una mayor protesta pública contra la violencia criminal”.

“Sin embargo, aunque muchos líderes de la región se han comprometido a replicar diversas versiones del ‘Plan Bukele’, no todas han tenido éxito. En Ecuador y Honduras, por ejemplo, las medidas de seguridad de línea dura no han logrado frenar la ola de violencia y, en algunos casos, la han agravado”, ejemplificó Ziemer.

Luego, el investigador explicó que “las políticas populistas de seguridad suelen generar mejoras temporales en la aprobación de los líderes, pero a largo plazo resultan costosas si las medidas extremas autorizadas no generan mejoras rápidas”.

Pobreza y turismo

Así, el historiador de la Universidad de Costa Rica, Víctor Hugo Acuña Ortega, advirtió a France 24 que Costa Rica está en las etapas iniciales de una “transición autoritaria” y el estado de bienestar que imperó por décadas en el país centroamericano comienza a desvanecerse, con 15,2% de los hogares en situación de pobreza, según la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Aunque la pobreza bajó del 18% en 2024 al 15,2% en 2025, Costa Rica está entre los seis países latinoamericanos más desiguales en el índice Gini y es el segundo más caro después de Uruguay, lo que golpea a sectores de menores ingresos.

Además, Costa Rica perdió su posición estratégica como polo de convergencia de grandes corporaciones, que se establecían en el país atraídas por una mano de obra altamente educada y competitiva, y ahora prefieren establecerse en El Salvador o República Dominicana, considerados más seguros actualmente.

En cuanto al turismo, la fuente de ingreso principal de los “ticos”, enfrenta una creciente preocupación por el impacto potencial del auge de la violencia y la criminalidad en la imagen del país. Esto se agrava con la tendencia de sacar de la agenda la protección ambiental, clave para la sustentabilidad de la industria turística en un país que depende casi exclusivamente del turismo ligado a la naturaleza.

“Tras casi 30 años en los que Costa Rica fue referente internacional en conservación, hoy el imaginario de ‘excepcionalismo verde’ ya ni siquiera forma parte del discurso del continuismo político ni del proceso electoral”, advirtió en diciembre el Informe Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores de educación superior.

El desempeño económico, sin embargo, sigue jugando a favor del gobierno de Chaves y el continuismo de Fernández. Costa Rica anotó un crecimiento de 4,2% en 2025, una inflación contenida que se mantiene por debajo de las estimaciones del Banco Central y una deuda pública que no supera el 60% del PIB.

“La economía de Costa Rica se mantiene entre las más dinámicas y prósperas de Centroamérica. Sin embargo, el país ha enfrentado declives en su industria turística, un motor económico clave, que el empeoramiento de la situación de seguridad parece estar a punto de exacerbar”, concluyó Ziemer.