Vicepresidenta Rosario Murillo exige que se anulen sanciones contra el gobierno de Nicaragua

Rosario Murillo y Daniel Ortega. Foto: AP

La esposa del presidente Daniel Ortega -reelegido para su cuarto período al mando del país caribeño- y vicepresidenta de la nación, calificó como "coercitivas" las medidas que ha tomado la comunidad internacional contra el Ejecutivo, tras unas polémicas elecciones. “La mentalidad de los seres humanos que estamos dedicados a fortalecer el sentido de humanidad en todas partes es exigir respeto para todos los países y pueblos, para los procesos internos, nacionales” demandó en un comunicado.




La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, exigió este lunes que se anulen las “medidas coercitivas” e “ilegales”, en referencia a las sanciones, impuestas contra el gobierno de su marido, Daniel Ortega, reelegido para su cuarto mandato en los cuestionados comicios celebrados en noviembre en el país centroamericano.

“La mentalidad de los seres humanos que estamos dedicados a fortalecer el sentido de humanidad en todas partes es exigir respeto para todos los países y pueblos, para los procesos internos, nacionales”, demandó Murillo en un comunicado recogido por la prensa oficialista nicaragüense.

En este sentido, arremetió contra las medidas “coercitivas”, en referencia a las sanciones impuestas con el Ejecutivo por la comunidad internacional, y aseveró que “van contra todas las cartas internacionales que deberían regir los destinos del mundo, en términos de derechos y en términos de convivencia”.

Murillo criticó que estas medidas “no tienen nada que ver con la buena voluntad” ni con la “democracia”, sino que “solo tienen que ver con el egoísmo, la prepotencia y la ambición de las potencias coloniales y neocoloniales de continuar dominando y subordinando al mundo”.

Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se hicieron con más del 75 por ciento de los votos en unas elecciones repudiadas por la mayoría de la comunidad internacional tras denunciar oleadas de detenciones arbitrarias contra voces críticas, entre ellos siete precandidatos presidenciales, así como periodistas, abogados defensores, líderes estudiantiles y campesinos. Esta situación ha derivado en sanciones por parte de países como Estados Unidos.

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