Tres meses restan para que la actual administración entregue la posta al presidente electo José Antonio Kast, pero eso no ha limitado que sigan aprobando asuntos administrativos que tendrán efectos en el próximo gobierno. Así, por ejemplo, el Ministerio de Defensa acaba de aprobar las políticas de Defensa y Militar, la cual -al igual que los gobiernos antecesores- se publicará casi al término de su periodo.

Tanto la política de Defensa como la Militar corresponden a documentos donde se delinean los objetivos, funciones e incluso entrega instrucciones a las Fuerzas Armadas (FF.AA.), las cuales desde el retorno a la democracia siguen el marco dado por esta normativa.

Además de eso, según conocedores del mundo militar, la creación de estas políticas da cuenta que la materia de defensa en Chile se considera “una política de Estado”, dado que establece los intereses territoriales y limítrofes del país, así como también las capacidades.

Por lo mismo, en un documento de 144 páginas se estipula, principalmente, cuáles son los límites territoriales de Chile, los que se busca proteger en los territorios insulares y en la Antártica. Sin ir más lejos, también se define que el país no tiene intereses expansionistas, aunque se advierte que como nación se reconoce el derecho a la defensa legítima en caso de cualquier amenaza militar.

La política Militar y la de Defensa que dejará el gobierno del Presidente Gabriel Boric se aprobó por el Ministerio de Defensa el pasado 15 de noviembre, y actualmente se encuentra siendo revisada por la Contraloría. A diferencia de la política dejada por la administración del expresidente Sebastián Piñera en 2021, el de este año agrupa tanto la Militar como la Defensa, aunque en versiones anteriores estas se actualizaban por separado.

Consultados al respecto, desde el Ministerio de Defensa señalaron que “la política de Defensa contiene el conjunto de principios, criterios y orientaciones con que el Estado ejecuta la función defensa, en un horizonte temporal que trasciende un período de gobierno”.

“La actualización de 2025 se encuentra en las partes finales de su proceso, habiendo sido enviada a Contraloría en noviembre pasado, y se realizó en base a un proceso de diagnóstico participativo que permitió identificar temas y áreas de mejora. Este proceso incluyó no solo las instituciones del sector sino que otros ministerios y la comunidad académica”, agregaron.

Los cambios de la era Boric

Si bien se trata de una normativa que se ampara en los objetivos constitucionales y legales del país, y que es elaborada no solo por el Ejecutivo, en el mundo militar -señalan fuentes consultadas por La Tercera- la aprobación de la política de Militar y de Defensa lo ven como el marco que se le busca dar a las FF.AA. según el contexto en el que se desarrolla cada gobierno.

Por lo mismo, según da cuenta el documento al que tuvo acceso este medio, en esta versión la política advierte que las labores de las FF.AA. se desarrollan en un contexto del aumento del crimen organizado transfronterizo, inestabilidad global (guerras) y con migración irregular. Esto mismo, en 2021, contextualizaba con la crisis generada por la pandemia del Covid-19 y el cambio climático.

En ese sentido, la política de Defensa explicita que las FF.AA. actualmente cuentan con nuevos desafíos, incluyendo así entre sus atribuciones, por primera vez, la de proteger la infraestructura crítica y el resguardo de la frontera. En específico, aquello se materializó en el apartado de las “tareas permanentes vinculadas a seguridad interior” de las instituciones.

Fue en este acápite que el Ministerio de Defensa incluyó la de “protección de infraestructura crítica y resguardo de áreas de zonas fronterizas”.

Esta incorporación, se argumenta en la política, se debe a la reforma de 2023 que otorgó al Presidente la facultad de desplegar militares en la frontera norte. “Esta consiste en poder disponer, mediante decreto supremo fundado, que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica del país, cuando exista peligro grave o inminente a su respecto, determinando aquella que debe ser protegida”, se expone en el documento.

En ese contexto, además agrega como recomendación que se debe “avanzar en mecanismos de coordinación entre las autoridades militares, el Estado Mayor Conjunto y la autoridad política en los casos de estados de excepción constitucional, resguardo fronterizo y protección de la infraestructura crítica”.

Sobre lo mismo se estipula que se debe “asegurar la instrucción permanente del personal militar sobre las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) y propender a un mayor conocimiento de ellas por parte de la ciudadanía”.

Las otras incorporaciones

En el ítem 3.4 de la política también se aborda otra novedad: se trata de la “perspectiva de género en la defensa nacional”. Esto, se lee en el documento, considerando que “el Estado de Chile tiene el deber de promover la igualdad de género y procurar la eliminación de toda forma de violencia y discriminación arbitraria por este motivo”.

En esa línea, se suma que “igualmente, se ha incorporado dentro de los principios que inspiran la política de Defensa el continuar promoviendo la perspectiva de género en las políticas públicas del sector, lo que se torna aun más relevante en el escenario internacional actual, caracterizado por desafíos y misiones cada vez más complejos”.

“La integración de las mujeres fortalece el cumplimiento de las tareas de la Defensa Nacional al ampliar la base de talento disponible, incorporar nuevas perspectivas y enriquecer la planificación estratégica”, concluye dicho apartado, en el que también se considera como política trabajar en “ambientes libres de violencia”.

Por último, la política de Defensa y Militar de Boric también establece como objetivos de la Defensa la política espacial, la de construcción naval y el rol de las empresas estratégicas del Estado en materia militar. Todas materias que fueron fomentadas durante su administración por parte del Ministerio de Defensa.