A un año de la ley: gobierno ha dado 100 pensiones de reparación a hijos de 65 víctimas de femicidio y suicidio femicida

En abril de 2023 se promulgó la Ley 21.565 de Reparación a Víctimas de Femicidio y sus Familias, que tiene como objetivo la atención y reparación integral de las víctimas de femicidio y suicidio femicida. A la fecha se están pagando 83 pensiones de forma mensual, dos se realizaron a través de un pago único y retroactivo y 15 se comenzarán a pagar los próximos días.


Fue el pasado 19 de diciembre de 2023, en el marco del Día Nacional contra el Femicidio, cuando la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, acompañada de la subsecretaria de la Mujer, Luz Vidal, y la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco, entregaron las primeras pensiones para hijos e hijas menores de 18 años víctimas del femicidio de sus madres, las que hoy ya suman 100.

La iniciativa se dio ocho meses después de que el gobierno publicara en abril del año pasado la Ley 21.565 de Reparación a Víctimas de Femicidio y sus Familias que -tras ser apoyada transversalmente en la Cámara de Diputados y Diputadas y respaldada por agrupaciones ciudadanas como Ni Una Menos y Familiares Víctimas de Femicidio- tiene como objeto la creación y fortalecimiento de las acciones efectivas y necesarias por parte del Estado para la atención y reparación integral de las víctimas de femicidio y suicidio femicida.

En rigor, esta permite que hijos e hijas menores de edad, de mujeres fallecidas a causa de un femicidio o suicidio femicida (según la calificación administrativa que hace SernamEG), obtengan una pensión de reparación integral por parte del Estado. Pero hay también otro tipo de beneficios, como las víctimas directas e indirectas de un femicidio podrán tener acceso preferente a prestaciones de protección social.

A un año de publicada esa ley, la iniciativa ha avanzado conforme también suben los registros de estos delitos a nivel nacional: solo en 2023 se registraron en 42 femicidios consumados, 259 frustrados y 46 tentados de acuerdo a las cifras entregadas por el SernamEG. Mientras que al 17 de junio, en 2024 el organismo ha contabilizado 22 femicidios consumados, 139 frustrados y 33 tentados.

Lo anterior ha llevado a que desde la promulgación de la normativa hasta esta fecha se hayan concedido 100 pensiones a menores de 18 años hijos e hijas de víctimas de femicidio, que representan los casos de 65 mujeres víctimas de femicidios consumados o suicidios femicidas. Lo anterior se explica porque una mujer pudo haber tenido más de un hijo beneficiario de la pensión.

Al desagregar los datos por región, estos se presentan en su mayoría en la Región Metropolitana (23), Valparaíso (14), La Araucanía (11), Los Ríos (9) y O’Higgins (7). Desde SernamEG, en todo caso, precisan que la región que se considera es por la residencia de las víctimas y no necesariamente coincide con el lugar donde ocurrió el femicidio.

RegiónBeneficiariosVíctimas directas (mujeres víctimas de femicidios)
Arica y Parinacota00
Tarapacá31
Antofagasta00
Atacama32
Coquimbo62
Valparaíso1411
Metropolitana2314
O’Higgins74
Del Maule43
Ñuble64
Biobío64
La Araucanía116
Los Ríos97
Los Lagos42
Aysén11
Magallanes32
<b>100</b><b>65</b>

La ley establece la creación del derecho a una pensión para las y los hijos de las víctimas de femicidio o suicidio femicida, donde el monto del beneficio ascenderá a $ 160.000 y será pagado de forma mensual hasta que el beneficiario cumpla los 18 años de vida.

Según SernamEG, actualmente se están pagando 83 pensiones de forma mensual y dos pensiones con pago único y retroactivo que corresponden a hijos que cumplieron su mayoría de edad y que se les canceló con un pago único correspondiente al monto calculado desde mayo de 2023 hasta cuando cumplieron los 18 años. Además, se suman a este beneficio 15 pensiones nuevas que comenzarán a pagarse en los próximos días. En cuanto al avance de este mecanismo, desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género señalan que camina acorde a lo proyectado.

“Nuestro acompañamiento se traduce en apoyo psicosocial y legal en medio de la tragedia irreparable que subyace a un femicidio. Y desde diciembre de 2023, gracias a un equipo de profesionales, seguimos aportando en los procesos de reparación, implementado esta ley, determinando la condición de víctima de femicidio a fin de que las familias puedan acceder al beneficio. (...) Ha sido un importante trabajo de coordinación con otras instituciones para construir el registro de víctimas directas de femicidio y sus hijos e hijas menores de edad, que, en algunos casos, data desde 2014. Nuestro desafío es avanzar rápidamente para llegar de forma oportuna a todas las familias que tienen derecho a este beneficio”, se extiende Priscilla Carrasco.

Algo que no ha sido del todo sencillo. Y es que para la correcta entrega de las prestaciones, SernamEG se ha encargado de calificar, ubicar y contactar a las personas beneficiarias, recoger los antecedentes, dictar las resoluciones y notificarlas, acorde a Carrasco, “pues el Estado no contaba con un registro de estos NNA. En este sentido, se trata de un registro que se está construyendo a partir de esta normativa”.

En tanto, la ministra Orellana señala a La Tercera que “en los últimos años, nuestro país ha avanzado sostenida y contundentemente en iniciativas legales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, lo que sin duda contribuye a propiciar y acelerar los cambios sociales necesarios para su abordaje”.

Los casos de femicidio se repiten en Chile.

Y agrega: “Se trata de normas complementarias que abordan distintos aspectos de la violencia de género. En el caso de la Ley de Reparación su objetivo es contribuir a resarcir el daño que han vivido miles de víctimas de femicidio y sus familias, reconociendo la responsabilidad del Estado frente a la violencia que viven las mujeres, y que la violencia de género no solo afecta a quienes la viven, sino que también daña sus entornos y a las personas más cercanas a ellas, especialmente a hijas e hijos”.

La legislación también establece que quienes hayan sobrevivido a un femicidio tienen desde ocurrido el hecho, derecho al fuero laboral por un año. Asimismo, sus familiares también pueden asistir a todas las diligencias de investigación e instancias judiciales en las que se les requiera, además de tener acceso preferente a la oferta de protección social del Estado.

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