Un total de $ 830 millones propuso inicialmente el gobierno en la Ley de Presupuestos 2026 para los recursos que el Senado destine todo el próximo año a la cobertura de la asignación mensual que se les da a los expresidentes, listado que desde marzo pasará a engrosar Gabriel Boric.

Han hecho uso de este beneficio los expresidentes Michelle Bachelet, Eduardo Frei y Ricardo Lagos, y hasta antes de fallecer Patricio Aylwin y Sebastián Piñera.

Desde el 2000 que todos los exmandatarios reciben, según lo dispone el artículo 30 de la Constitución tras las modificaciones que hizo la Ley 19.672, platas por tres conceptos: dieta, traslación y oficina. En total, son cerca de $ 17 millones mensuales para cada expresidente. Al cierre de esta edición, dicho fondo de la Ley de Presupuestos del próximo se encontraba en discusión en la Comisión Mixta del Congreso Nacional, luego de discrepancias entre el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados, dado que esta última buscó reducir el monto a la mitad y el gobierno ha buscado mantener las platas. En el trayecto, además, sectores de la oposición incluso deslizaron la idea de poner un mínimo de edad para acceder al beneficio, considerando la temprana edad a la que Boric pasará a ser expresidente.

La normativa establece que, por concepto de dietas, los exmandatarios reciben un monto similar a la dieta parlamentaria, equivalente a la renta de un ministro de Estado, es decir $7.348.983.

Los conceptos de traslación y funcionamiento de oficina se pagan de acuerdo a los montos base dispuestos para senadores. Por ejemplo, para el primero y según normativa puede ser de hasta $1.809.561, mientras que el segundo puede llegar hasta $8.495.313 mensual.

Pero, como se ha dicho, los dineros han estado especialmente en la discusión por la situación particular del Presidente Boric, quien dejará La Moneda el 11 de marzo de 2026 a sus 40 años y recibirá una dieta por el resto de su vida. La oposición ha acusado que el Mandatario está en condiciones de seguir trabajando y que se pierde el sentido de la normativa, que era mantener la dignidad de los expresidentes, especialmente durante su vejez. Incluso, algunos parlamentarios buscaron mediante moción restringir ese monto para Boric.

Algunos legisladores, de hecho, han sido críticos de este concepto, como el senador electo Andrés Longton (RN) quien ha dicho que “esto no es un debate contable, es un debate moral. No hay justificación para que un expresidente de 40 años, en perfectas condiciones de trabajar, reciba $151 millones adicionales financiados por todos los chilenos”.

Si bien la dieta corresponde a gasto reservado, La Tercera sí conoció, a través de una solicitud vía Ley de Transparencia al Senado, en qué se desembolsan las platas del funcionamiento de las oficinas, las que en su mayoría son establecidas por los exmandatarios una vez que dejan el cargo para abordar sus legados o traspasar su experiencia.

En el caso de la expresidenta Bachelet, una vez que concluyó sus dos periodos, creó en 2018 la fundación Horizonte Ciudadano, que busca influir en políticas públicas en temas como democracia, cambio climático, infancia, descentralización, equidad urbana y migraciones, entre otros. Ahí ha contado con el apoyo de destacados excolaboradores de su gobierno, como su exasesor del segundo piso Pedro Güell, la exministra Ana Lya Uriarte, y la exjefa de prensa Haydeé Rojas, entre otros.

Según su rendición de gastos, Bachelet desembolsa $ 2.578.976 por el arriendo de su oficina y se lo paga a la sociedad Boutique Creativa Carcavilla Limitada que pertenece al publicista Ángel Carcavilla. Este último es un conocido del bacheletismo: entre otras cosas, trabajó en su primer gobierno en la campaña comunicacional de la reforma previsional. El arriendo corresponde a la oficina que usa Horizonte Ciudadano en la calle Capitán Fuentes de Ñuñoa.

De otros pagos, Bachelet desembolsa $ 2.155.555 en su encargado de comunicaciones, $ 1.000.000 a un asesor de “apoyo en contenidos”, y $ 2.955.555 a su secretaria.

El expresidente Lagos, en tanto -hoy retirado de la vida pública- creó en 2006 la Fundación Democracia y Desarrollo que sirvió para plasmar su opinión e influir en la contingencia, e incluso le sirvió como plataforma en 2017 cuando intentó una nueva candidatura presidencial. Su reporte de gastos muestra que desembolsa $ 3.457.725 en el arriendo de su oficina y $ 625 mil en los gastos comunes.

Dentro de sus asesorías le paga $ 1.919.344 a la oficina de servicios jurídicos contables Ramírez Asociados Servicios Limitada por consultoría de gestión. Dicha sociedad fue constituida en 2023, según consta en el Diario Oficial, por los profesionales Marcela Ulloa Incháustegui y Pablo Ramírez Magaña.

También paga $ 2.016.147 a su asistente administrativa y $ 1.052.632 a un asistente de operaciones.

Frei, por su parte, gasta $ 2.655.343 por el arriendo de su oficina y $ 679 mil en gastos comunes. Y entre quienes lo rodean paga $ 350.000 para un asistente personal y $ 1.400.000 por “asesoría”. También figuran otros dos miembros de personal de apoyo -uno por $ 1.000.000 y otro por $ 1.800.000- pero no se entregó el detalle sobre qué hace cada uno.