Carrera a fiscal nacional: Bajada de un postulante enreda a Boric y senadores piden no hacer innovaciones a “última hora”

El Presidente Gabriel Boric en su primer viaje oficial a La Araucanía.
El Presidente Gabriel Boric en su viaje a La Araucanía.

Una de las sospechas que hay en el Senado es que La Moneda estaría aprovechando esta coyuntura para tratar de incluir a una candidata afín al oficialismo. Senadores cercanos al Ejecutivo admiten que dentro de los nombres en competencia ninguno generaba entusiasmo.


“Podría ser”, respondió el Presidente Gabriel Boric al ser consultado en una entrevista en Mesa Central de Canal 13 si podría definir la propuesta para nuevo fiscal nacional antes de iniciar su viaje a Tailandia, donde participará en la Cumbre APEC (Cooperación Económica del Asia Pacífico).

Boric pretende tomar su vuelo a las 8 de la mañana del martes. Su regreso al país está previsto para el 20 de noviembre, en el límite del plazo legal que tiene para realizar su proposición al Senado (antes del 21).

Si bien la apuesta del gobierno era que Boric dejara resuelto el tema antes partir (en caso contrario, le correspondería a la ministra del Interior, Carolina Tohá, en su calidad de vicepresidenta de la República, firmar la nominación), el propio Presidente admitió que la decisión del abogado penalista Rodrigo Ríos de bajarse de la competencia para la jefatura del Ministerio Público -institución crucial para la lucha contra la delincuencia- generó un escenario “enredado”.

El problema es que Ríos, quien sacó la menor votación en la quina que propuso la Corte Suprema al Presidente, solo hizo una declaración a medios de comunicación y su decisión de bajarse de la carrera a fiscal nacional no ha sido acompañada, hasta ahora, por ninguna carta formal ni al gobierno ni al Poder Judicial.

Además, ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Ministerio Público contemplan la posibilidad de renuncias una vez iniciado el proceso, que parte con el concurso público que realiza la Suprema. Luego el pleno del máximo tribunal conforma una lista de cinco postulantes que se proponen al Presidente de la República. Y, finalmente, el Mandatario designa a una persona que debe contar con el consentimiento de 33 senadores. En caso contrario y solo en el caso de que el Senado no apruebe la proposición presidencial, la Suprema puede rehacer la quina, reemplazando el nombre del postulante rechazado por un(a) nuevo(a) candidato(a).

“Hay una discusión en marcha con opiniones contradictorias (...) Renunció efectivamente el señor Ríos, (pero) esa renuncia tiene que hacerse formalmente, porque hasta ayer (sábado), por lo menos, la renuncia se había hecho de manera pública, pero no con todos los... (requisitos) formales. Y hay diferentes alternativas”, dijo Boric al ser consultado por el periodista Iván Valenzuela en C13.

Incluso, a pesar de que la normativa no contempla la hipótesis de renuncia, el Presidente aventuró una posible solución. “Entiendo que hay que elegir (para suplir el cupo en la quina) entre las tres personas que tuvieron también votación (dentro del concurso público que realizó la Suprema). Hubo tres personas que tuvieron votos y no entraron a la quina, que eventualmente podrían entrar”, dijo.

-¿Para que corra la lista? -le preguntó Valenzuela.

-Para que corra la lista -asintió Boric, quien añadió que “como además tienen los mismos votos, parece que tiene que ser un sorteo entre esas tres. Es un procedimiento bien enredado”.

“Espero que se resuelva mañana a la brevedad y a mí me gustaría que podamos presentarle la alternativa al Senado lo antes posible”, comentó el Mandatario.

En el proceso que inició la Suprema, el fiscal de la zona Metropolitana Centro Norte, José Morales, y el abogado penalista Ángel Valencia fueron los más votados por los magistrados, con 17 preferencias cada uno.

En tercer lugar de la quina acordada por el máximo tribunal figuró la jefa de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera (con nueve votos), una de las colaboradoras cercanas al exfiscal nacional Jorge Abbott, quien dejó su cargo en septiembre por cumplir el límite legal de edad (75 años).

En cuarto lugar fue incluido el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, con siete preferencias.

La quina fue cerrada por Rodrigo Ríos, con solo tres votos.

Sin embargo, hasta antes de que comunicara su decisión de no seguir en el proceso, Ríos tampoco era uno de los favoritos para dirigir la entidad persecutora. Incluso, su rol como representante de un narcotraficante en un juicio de extradición era un antecedente lapidario para sus aspiraciones y, en privado, varios senadores anticipaban su rechazo.

En las consultas que realizó la ministra de Justicia, Marcela Ríos, en los últimos días, el abogado penalista era uno de los descartados por los parlamentarios, que además le informaron al Ejecutivo que tampoco apoyarían el nombre de Marta Herrera, en vista de su cercanía con Abbott, de quien existe una mala evaluación de su paso por el Ministerio Público. En ese sentido, ella es vista como una carta de “continuidad”.

Por ello, entre senadores, causó sorpresa que el gobierno se enredara por la bajada aún no oficial de Rodrigo Ríos, en circunstancias de que era uno de los descartados.

Una de las sospechas que hay en el Senado es que La Moneda estaría aprovechando esta coyuntura para tratar de incluir a una candidata afín al oficialismo. Senadores cercanos al Ejecutivo admiten que dentro de los nombres en competencia ninguno generaba entusiasmo.

Por el contrario, fuera de la quina propuesta por la Suprema, con dos votos cada una, quedaron Karinna Fernández (abogada de la U. de Valparaíso, experta en DD.HH.), Patricia Muñoz (exfiscal y Defensora de la Niñez) y Nelly Salvo (secretaria general de la Contraloría). Todas ellas -que fueron aludidas implícitamente por Boric en su entrevista-, generan simpatías en el oficialismo, especialmente en fuerzas de izquierda.

No obstante, los recados que han hecho llegar, tanto senadores como miembros del Poder Judicial, recomiendan al gobierno no improvisar en la materia, interpretando normas legales. Por ello, le piden al Ejecutivo proponer a un nuevo fiscal nacional dentro de las cartas que quedan.

Según la información que transmiten senadores, en esta ocasión no hay un alineamiento por grupos políticos, incluso todas las bancadas están divididas, pero las preferencias se concentran en los fiscales Palma y Morales y el abogado Valencia.

Incluso, desde sectores de izquierda tienen reparos con el historial de Morales, por lo que la lista se estaría acortado a solo dos nombres: Carlos Palma y Ángel Valencia.

En ese sentido, algunos legisladores consultados por La Tercera sostienen que si el gobierno intenta reconfigurar la quina, solo tensionaría el proceso.

“No corresponde que a última hora se pretenda modificar la Ley del Ministerio Público (que regula el procedimiento para elegir un nuevo fiscal nacional)”, dijo el senador UDI Iván Moreira, quien cuestionó que se intente generar “un traje a la medida para el gobierno con el fin de incorporar a una persona que es de especial interés ideológico de ellos. Lo que corresponde es que el gobierno envíe un nombre de los cuatro que quedan, pero que tenga claro el gobierno que no vamos a apoyar la continuidad del señor Abbott”, advirtió Moreira, quien pidió, como punto de garantía a quien sea propuesto por el Presidente, la obligación de realizar una auditoría al período del anterior fiscal nacional.

En tanto, el senador RN Rodrigo Galilea, quien integra la Comisión de Constitución, señaló que mientras Rodrigo Ríos no formalice su decisión de no seguir, “la renuncia no existe en términos jurídicos, por lo que el Presidente debe proponer a alguien que, junto con tener la capacidad de liderar el Ministerio Público, tenga viabilidad política en el Senado”.

El senador y presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker (Partido Demócrata, ex-DC), también coincidió en que la carta para la institución debe ser alguien con liderazgo y que a estas alturas solo queda esperar la proposición presidencial. Incluso, si bien dijo que le hubiera gustado que el Senado recibiera a los cinco candidatos y “conocer sus planteamientos de cómo enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico, lo que me indican desde la secretaría de la Comisión de Constitución, es que este proceso está reglamentado, con plazos, donde hay una etapa de participación ciudadana, y, por lo tanto, solo podemos recibir al postulante nombrado por el Presidente de la República”.

La idea de recibir a los cinco postulantes a fiscal nacional había sido propuesta por el senador RN Manuel José Ossandón, sin embargo, en la misma sesión de Sala del miércoles pasado, la mesa de la Cámara Alta, que preside el socialista Álvaro Elizalde, desechó esa posibilidad, ya que sería interpretado como una intromisión en la facultades presidenciales.

El senador PPD-Independiente Pedro Araya, también integrante de la Comisión de Constitución, dijo que “mientras no se produzca una renuncia formal de algún candidato, el Presidente tiene que pronunciarse respecto de los nombres que tiene sobre la mesa. No cabe ninguna innovación en la materia. Hoy tenemos una quina que se encuentra ejecutoriada, por lo que no corresponde hacer conjeturas de lo que debiera ocurrir”.

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