Son 94 páginas las que componen el informe 47, del 11 de febrero de 2026, donde efectivos de la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana de la PDI analizan diferentes hallazgos en la causa que tiene a la senadora Karol Cariola (PC) en la mira.

Ahí los profesionales desmenuzan declaraciones brindadas por testigos e imputados, reuniones de lobby y, entre otros elementos, las sociedades constituidas por el empresario chino Bo Yang -conocido también como Emilio Yang- sujeto por el cual la parlamentaria habría desplegado una serie de gestiones que están bajo la lupa.

Una de ellas, la referente al despliegue de la militante comunista para que la Municipalidad de Santiago, entonces liderada por Irací Hassler, renovara una patente comercial a un cercano al citado empresario.

Si bien este no es el único informe contenido en el expediente de la causa, que lidera el fiscal regional de Coquimbo Patricio Cooper, las conclusiones que advierte resultan clave para el Ministerio Público, pues establecen que lo obrado por Cariola sí dio lugar a “actos administrativos excepcionales”.

De acuerdo con el detalle de dicho documento, los detectives determinaron que “a raíz de la ayuda solicitada por la diputada Karol Cariola, a la entonces alcaldesa Hassler, esta última instruyó directamente al funcionario municipal Reynaldo Morales intervenir en el levantamiento de información del procedimiento, a fin de revisar la situación del contribuyente, contactar a la Subdirección de Rentas y explorar alternativas administrativas que permitieran reactivar la tramitación de una renovación ya rechazada por el Concejo Municipal”.

El informe menciona que Morales reconoció que la entonces diputada “lo contactó directamente vía WhatsApp, de manera excepcional, para consultar sobre la situación de la patente, los mecanismos de apelación y el procedimiento para evitar su caducidad definitiva, señalando que nunca antes otro parlamentario le había efectuado solicitudes de esta naturaleza”.

“Morales confirmó contactos directos con el contribuyente Emilio Yang, quien indicó haber ingresado una carta solicitando reconsideración y consultó reiteradamente por el estado de la tramitación, lo que refuerza la existencia de gestiones informales y directa entre el interesado, la diputada y funcionarios municipales, al margen de los canales regulares del procedimiento administrativo".

De esta forma fue que los peritos destacaron lo siguiente: “Si bien las gestiones impulsadas por la diputada Karol Cariola no modificaron la decisión inicial adoptada por el Concejo Municipal (de no renovar la patente), el análisis conjunto de los antecedentes administrativos, las comunicaciones y las declaraciones policiales voluntarias permitieron establecer que dichas intervenciones dieron origen a actos administrativos excepcionales, los cuales se prolongaron hasta el año 2023, orientados a obtener la renovación de las patentes de alcohol de Chinamart, sobre las cuales, previamente el Concejo Municipal ya había resuelto no renovar".

“Asimismo, el análisis de los mensajes de WhatsApp recuperados confirma que la diputada transmitió a la alcaldesa información concreta relativa al local Chinamart, incluyendo su ubicación y situación administrativa, así como que realizó seguimientos posteriores respecto del estado de dicha gestión”, se lee en el documento policial.

Si bien en su declaración la diputada aseguró que no recibió beneficios por las gestiones que hizo, el informe de la PDI hace presente que sí reconoció haber recibido regalos de Yang y que es necesario revisar sus cuentas para tener todo el panorama. Una petición a la que la senadora accedió voluntariamente.

“A la fecha no se cuenta con información bancaria suficiente para confirmar o descartar la existencia de flujos económicos en sentido inverso asociados a las gestiones realizadas en favor del local Chinamart por lo que sería fundamental para los objetivos de la investigación contar con la información bancaria íntegra dentro de la fecha de los hechos investigados”, se mencionó en el informe. La PDI, al concluir hizo presente que sí hay registro de los montos que la senadora pagó por concepto de arriendo a una empresa asociada a Yang.