El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió al pleno extraordinario que llevará a cabo la Corte de Apelaciones de Santiago el jueves para analizar la solicitud de desafuero del jefe regional, en el marco del caso Procultura.

Durante un punto de prensa en la Vega Central, el gobernador acusó que “la Fiscalía de Antofagasta ha cometido gravísimos errores de hecho y de derecho cuando se nos ha formulado una acusación en el caso nuestro como gobierno regional (...) confundiendo instituciones, confundiendo plazos, confundiendo pruebas“.

Adicionalmente, lamentó la solicitud de suspensión de la audiencia presentada por la Fiscalía de Antofagasta durante la mañana del martes. “Nos parece inexplicable e incomprensible que luego de más de dos años de investigación y transcurridos cerca de seis meses desde que se formuló esta acusación, ellos estén una vez más suspendiendo la audiencia”, apuntó.

Algunas de las sospechas que involucran a Orrego en la causa es la estrecha relación con Alberto Larraín, fundador de Procultura e imputado por fraude al fisco, y la entrega de $1.683.788.000 del GORE a ProCultura sin licitación previa para el para el proyecto ‘Quédate’.

Orrego señaló que, en ese sentido, “estamos tranquilos y estamos absolutamente confiados que cuando podamos discutir esto en la Corte de Apelaciones, esta instancia jurídica nos va a dar completamente la razón”.

“Como Gobierno Regional, conjuntamente con el Consejo de Defensa del Estado, estamos en las acciones civiles finales para cobrar las pólizas de seguro que le exigimos en su momento a Procultura y que ilegalmente la aseguradora ASPOR (Aseguradora Porvenir S.A) se ha negado a pagar”, agregó sobre la multa de 1.000 UF aplicada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a la entidad por no pagar cinco pólizas de caución a favor del GORE.

“Nosotros nos vamos a referir a esos temas cuando corresponda en los alegatos de desafuero. No vamos a litigar por la prensa, vamos a litigar en los tribunales como corresponde”, zanjó.

Si bien la Corte de Apelaciones de Santiago aún no se refiere a la solicitud de suspensión de la audiencia, el desafuero constituye un eje clave en la causa. Si la Corte lo acoge, Orrego quedaría suspendido de sus funciones y sujeto a formalización como el resto de los cinco imputados, que actualmente están bajo la medida cautelar de arraigo nacional.