Diversas diligencias desarrolló la jornada de este martes el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, en relación a la investigación que busca esclarecer las circunstancias en que fue dejado en libertad el sicario Osmar Ferrer Ramírez.

Durante la mañana, el persecutor concurrió hasta el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, donde requirió la entrega voluntaria de documentación física y dispositivos electrónicos, como celulares y computadores, lo que se materializó.

Junto con ello, el fiscal y los equipos de la Policía de Investigaciones (PDI), tomaron declaración a tres personas en calidad de testigos: la jueza Irene Rodríguez y a otros dos funcionarios del tribunal.

Pero una de las diligencias no pudo concretarse. Y es que a pesar de las peticiones realizadas por los equipos que participan de las pesquisas, la Corporación Administrativa del Poder Judicial se negó a entregar de manera voluntaria una copia de los servidores, lo que era considerado clave para conocer las comunicaciones que se produjeron entre el tribunal y Gendarmería.

Por lo mismo, ahora los investigadores, según pudo conocer este medio, deberán tramitar una orden judicial ante el Séptimo Juzgado de Garantía para lograr la acción.