La Fiscalía Centro Norte será la encargada de liderar las pesquisas para despejar eventuales delitos en las irregularidades y falencias detectadas por Contraloría en torno a la Dirección de Crédito Prendario, más conocida como Tía Rica.

La apertura de la investigación se adoptó por parte del fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, la tarde del lunes 29 de diciembre.

Como pudo conocer este medio, la determinación se dio luego del análisis realizado por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, que luego de estudiar los detalles del informe del organismo liderado por Dorothy Pérez, envió un oficio dando cuenta de que los elementos advertidos efectivamente reunían características de delitos.

Según quienes han conocido del proceso, el informe emanado por el ente contralor llegó a manos del Ministerio Público la jornada del 18 de diciembre, derivándose a la división especializada que encabeza el exfiscal Eugenio Campos para su revisión y análisis.

Así, pasado el mediodía de este lunes desde dicha unidad se envió la comunicación a la Fiscalía Regional que lidera Armendáriz recomendando el inicio de las pesquisas. Todo esto luego del visto bueno del fiscal nacional, Ángel Valencia. La causa quedó alojada en Alta Complejidad de la jurisdicción Centro Norte.

Lo observado por Contraloría

De acuerdo con el reporte de Contraloría, durante los años 2023 y 2024 la Dirección de Crédito Prendario (Dicrep) -conocida coloquialmente como Tía Rica- efectuó un débil control respecto de sus operaciones.

Según constataron los evaluadores del organismo, personas con antecedentes penales empeñaron bienes y también se evidenció que hubo individuos que recurrieron al servicio hasta 230 veces en un año.

Asimismo, detallaron que según los sistemas de la entidad, en 2023 hubo 4.769 usuarios con transacciones recurrentes, de entre 10 y 229 operaciones por persona, por un total de $7.139 millones. En 2024, en tanto, evidenciaron que la cifra subió a 4.895 usuarios, con operaciones que alcanzaron los $7.290 millones, y una frecuencia de hasta 230 empeños por persona.

Conforme al desglose, Contraloría detectó que 1.681 personas con antecedentes penales realizaron operaciones por $1.507 millones y no recuperaron las especies empeñadas. Pese a ello, como informaron desde el ente contralor, el servicio no presentó denuncias ni entregó antecedentes a las autoridades competentes.

De la misma manera, la auditoría también evidenció la ausencia de procedimientos básicos para verificar datos personales, la procedencia lícita de los bienes y la identidad de los usuarios.

También determinaron que no existe un sistema de alertas para operaciones reiteradas ni coordinación con organismos policiales, aun cuando las especies empeñadas, como explicitaron en el informe, incluyen características útiles para investigaciones, como número de serie, modelo y estado.

Ante estos hechos, como se reportó en el documento, Contraloría instruyó un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades administrativas y, junto con enviar los antecedentes a la Fiscalía, ordenó a la Dicrep fortalecer sus controles, lo que será revisado en un próximo seguimiento.

La situación revelada por el ente que dirige la contralora Pérez además provocó la remoción del director de la Dicrep. Fue el lunes 22 de diciembre cuando el Ministerio del Trabajo solicitó la renuncia del director, Cristóbal Sepúlveda, producto de las irregularidades destapadas por Contraloría.