Antes del mediodía de este lunes, el hall central del Palacio de Tribunales ya estaba listo y dispuesto para llevar a cabo la primera cuenta pública del Poder Judicial de la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich. Por primera vez la instancia no se realizó en la sala del pleno del máximo tribunal.

Si bien la decisión del cambio de locación se dio por razones de espacio, dado que en la sala cabían 80 personas y en el hall el espacio aumentaba a 180, igualmente el despliegue llamó la atención entre los invitados. Una pantalla gigante y una tarima en la cual estaban sentados los ministros de la Suprema, eran parte de la audiencia encabezada por la ministra Chevesich, quien desde que asumió su cargo ha buscado instaurar un estilo más cercano del Poder Judicial con la ciudadanía, en tiempos marcados por la crisis que vive la judicatura tras la remoción de cinco ministros por hechos de corrupción.

El tradicional inicio del año judicial contó con la presencia de las más altas autoridades del gobierno y del Estado. Así como también del presidente electo, José Antonio Kast, cuya presencia fue destacada por la presidenta del máximo tribunal.

“Les agradecemos su compañía, pues simboliza el carácter permanente de la función jurisdiccional, que trasciende los gobiernos y épocas de nuestra República”, dijo apenas empezó su intervención.

Vergüenza y dolor

“Hemos atravesado una crisis, eso es indudable”. Con esta frase empezó el primero de los cuatro ejes del discurso de la ministra Chevesich, quien dedicó su primera parte para hablar la probidad y transparencia, tiempo en el que reconoció la crisis que atraviesa el Poder Judicial y cómo buscan superarla.

Según señaló, la crisis por hechos de corrupción “nos avergüenza, nos genera conmoción y dolor”, razón por la cual, Chevesich dijo que los magistrados comprenden y empatizan con un sentimiento de defraudación por parte de la ciudadanía.

Seguido de aquello, la ministra destacó que han llevado iniciativas para hacer frente a la situación, destacando la elaboración del primer Código de Ética Judicial, “que es claro en relevar la probidad como la conducta intachable, el desempeño honesto y leal de la función, y que la opción por la judicatura es por el servicio público, lo que exige de nosotros, juezas y jueces, subordinar nuestros intereses particulares al bien común”.

“Quien no comprenda esto o no esté dispuesto a asimilarlo debe saber que no tiene, ni puede llegar a tener, un espacio en la judicatura”, afirmó Chevesich. Palabras que motivaron el primer aplauso cerrado para la ministra.

Junto con eso, continuó enumerando la serie de medidas que han tomado para hacer frente a las causas de corrupción. “Todas estas medidas están en plena ejecución. Son acciones, no promesas. Desde luego, seguiremos analizando nuevas mejoras y regulaciones que permitan cerrar brechas a conductas indebidas”, dijo.

“Una ventana de oportunidad”

Pese a reconocer la crisis, la ministra Chevesich destacó que con una mirada optimista, la crisis “abre una ventana de oportunidad para abordar la ética profesional con una visión amplia”. “Esto no puede comprenderse completamente, ni menos superarse, si la abogacía no hace su propia introspección y revisa los estándares éticos con que ha asumido históricamente su función”, adelantó previo a un anuncio que remeció el tablero jurídico.

En esa línea, Chevesich destacó la facultad que tiene la Corte Suprema respecto a la investidura del título de abogado a quienes aspiran a dicha profesión, destacando que también se debe cambiar el sistema para fiscalizar la calidad ética de los abogados.

Según señaló, dicha potestad “nos habilita para sostener que se necesita una mejora al sistema actual, de manera que se pueda garantizar que quienes asuman oficialmente la profesión jurídica, cumplan en forma clara y sin subjetividades los requisitos de fondo y las exigencias morales que la sociedad considere que los hagan merecedores de tal prerrogativa; pero, además, que sea posible, de manera eficaz, el control de estos profesionales en su desempeño”.

“Consciente de estos problemas, el pleno de este tribunal acordó convocar a una instancia de trabajo interinstitucional para elaborar un diagnóstico y presentar propuestas, a la que invitaremos a instituciones académicas, al Colegio de Abogados, a la Academia Judicial y al Ejecutivo”, anunció Chevesich.

Los otros anuncios de Chevesich

Más adelante en su alocución, la presidenta del máximo tribunal también reconoció que existe un atraso en la tramitación de causas, para lo cual anunció que se pondrá en marcha un plan que contempla diversas iniciativas, entre las que se encuentra la aplicación de inteligencia artificial.

“La inteligencia artificial, en definitiva, puede ser una aliada fundamental en el servicio de justicia de los próximos años y debemos saber emplearla con responsabilidad. Su potencial para reducir tiempos de tramitación, mejorar la calidad de los registros judiciales y fortalecer la sistematización del conocimiento jurisprudencial, es innegable”, afirmó.

Seguido de aquello, también apuntó a una crisis de confianza en la justicia, lo cual, afirmó “no depende exclusivamente de nuestro esfuerzo institucional. Requiere, de manera ineludible, de la colaboración de los otros poderes del Estado”. En esa línea, planteó que existe una tendencia a judicializar problemas políticos y sociales antes de otras salidas como las administrativas, lo que “tensiona indebidamente el sistema judicial, cuyo diseño institucional está orientado a resolver en forma definitiva disputas de este tipo que suponen el agotamiento de etapas previas”.

Tras estas palabras, la ministra Chevesich debió hacer una pausa, luego de sentir una pequeña afectación médica que la llevó a tomar asiento y beber agua, recuperándose posteriormente. En su reemplazo, continuó su discurso el ministro y expresidente de la Suprema, Ricardo Blanco.

Retomando su discurso, la presidenta de la Suprema expuso una serie de cifras del Poder Judicial, concluyendo sus palabras apuntando, nuevamente, a la confianza en el Poder Judicial.

“Recobrar y fortalecer la confianza pública nos impulsa, además, a revisar con sentido crítico aquellos ámbitos en que podemos intensificar nuestros esfuerzos. No basta con corregir conductas antijurídicas, debemos también asegurar una respuesta jurisdiccional oportuna y de calidad, pues la prontitud en la decisión es parte esencial del acceso efectivo a la justicia”, concluyó la magistrada.