El Ministerio de Salud y parlamentarios manifestaron su condena a los hechos ocurridos entre 2018 y 2020 en el Hospital Base San José Osorno que fueron divulgados esta semana con registros de video que dan cuenta que trabajadores del recinto ataron, raparon y quemaron a un colega TEA.

“Como autora de la ley de autismo, y con profundo dolor, condenar categóricamente la denuncia que hemos conocido sobre torturas inhumanas en contra de un funcionario del Hospital Base de Osorno”, manifestó la diputada Carolina Marzán.

La legisladora señaló que han “activado todas las medidas respectivas para exigir justicia sobre los hechos difundidos que constituyen un atentado a los derechos más esenciales, acciones que deben ser perseguidas penalmente y condenadas transversalmente”.

El diputado Iván Flores, también expresó su repudio por lo ocurrido.

“Qué tipo de bestias abusivas son estos ‘funcionarios’ del Hospital de Osorno que apatotados y con abominables ventajas se ensañan con una persona TEA. Reclamo justicia y máximo rigor de castigo administrativo y penal para viles abusadores”, señaló.

La diputada Erika Olivera, en tanto, sostuvo que el hecho “evidencia la cultura del abuso que afecta al mundo laboral en Chile”.

“¿Todavía nos preguntamos si la Ley Karin es necesaria? ¡Los acosadores, encubridores y las autoridades de la época deben responder!“, recalcó la legisladora.

Sanciones a involucrados

Ante la divulgación de las imágenes del caso por radio Bío Bío, la Dirección del Servicio de Salud Osorno emitió un comunicado indicando que la gestión anterior realizó un primer proceso de sumario que no arrojó sanciones administrativas para los implicados.

El año pasado, indican, la actual Dirección del Servicio de Salud de Osorno tomó conocimiento del caso y recibió “nuevos antecedentes por lo cual se dispuso la reapertura de un sumario y la denuncia al Ministerio Público por la existencia de hechos que revisten eventual carácter de delito”.

“Este proceso actualmente se encuentra en etapa de notificación a aquellos funcionarios responsables de estos actos, con las medidas disciplinarias correspondiente y ajustadas a la gravedad de los hechos”, señala el comunicado que firma Héctor Alarcón como director subrogante del servicio y el director subrogante del hospital Julio Vargas.

Son cuatro los involucrados y ya fueron notificados.

El Ministerio de Salud está haciendo seguimiento de las acciones adoptadas.

Por otro lado, respecto a la divulgación de los videos e imágenes, se anunció que decidieron “hacer la denuncia respectiva para quienes resulten responsables por la vulneración de antecedentes reservados que afectan a la honra y a la revictimización de la persona afectada”.