A la pena de presidio perpetuo fue condenado este martes Francisco Javier Novoa Ibaceta, como autor del delito de homicidio calificado de Camila Rojas, una mujer de 29 años, que fue asesinada en julio de 2024 en el sector de Alfalfares, en la comuna de La Serena, Región de Coquimbo.

El autor del crimen también fue sentenciado a otros 20 años de cárcel efectiva, por el homicidio calificado frustrado de la hija de la víctima, de solo cinco años de edad.

Según estableció el fallo unánime del Tribunal Oral en lo Penal de La Serena, el hecho ocurrió durante la madrugada del 3 de julio del año pasado, cuando el antisocial, vecino de las víctimas, ingresó a una cabaña donde dormían la madre, su hija pequeña y una hermana de 9 años.

Allí atacó violentamente a la mujer y a su hija con un arma cortopunzante, causando 97 heridas a la madre, muchas de ellas en la región cervical, que resultaron mortales incluso con socorros médicos oportunos.

El fallo precisa que la mujer fue agredida sin posibilidad de defensa, mientras dormía desarmada junto a su hija, a quien también el acusado asestó 15 puñaladas, lesiones consideradas como de gravedad vital. La menor de edad sobrevivió gracias a la intervención defensiva de su madre antes de fallecer, según determinó la investigación.

“En el caso del homicidio calificado consumado […] la afectada contaba solo con 29 años, con una proyección de vida familiar, laboral y social; y cuya muerte significó un gran dolor en su entorno más cercano”, señala la sentencia, destacando además el impacto irreparable que tuvo el crimen en la hija sobreviviente.

“Se le perturbó su derecho de crecer y desarrollarse en un ambiente exento de violencia y episodios traumáticos, a quien además le arrebataron de una manera inhumana a su madre”, sostiene la resolución.

Además de la pena principal, el tribunal integrado por las magistradas María Inés Devoto, Ana Marcela Alfaro y Loreto Figueroa, impuso a Novoa Ibaceta las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, así como la inhabilitación para ejercer profesiones titulares mientras dure la condena.

También se ordenó, una vez que la sentencia quede ejecutoriada, la toma de muestra biológica del condenado para su incorporación al Registro Nacional de ADN de condenados.

El crimen conmocionó a la comunidad serenense por su extrema violencia y por el carácter especialmente vulnerable de las víctimas.