Conferencia Episcopal termina su peor año sin cambios en su jerarquía

El obispo Fernando Ramos, secretario general de la Conferencia Episcopal, entregó las conclusiones del encuentro de prelados. Foto. Agenciauno

Obispos culminaron la 117 Asamblea Plenaria con casi el mismo comité permanente que comenzó 2018. Prelados anunciaron un importante proyecto de colaboración con la fiscalía para indagar casos de abuso.


No es ninguna novedad decir que 2018 fue un año de crisis para la Iglesia Católica chilena. En este período el Papa Francisco aceptó la renuncia de siete de los 32 obispos en ejercicio, mientras que las denuncias por abuso sexual por parte del clero, según el último informe de la Fiscalía -a octubre-, llegan a 124 causas vigentes, con 178 personas investigadas -entre ellas ocho obispos- y 222 víctimas.

En ese escenario, este viernes finalizó la 117 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal (Cech). Se informó que el vicepresidente del episcopado, cargo hasta ahora ocupado por el obispo de Melipilla, Cristián Contreras V., fue reemplazado por René Rebolledo, prelado de La Serena. Aparte de este cambio, debido a motivos de salud, el denominado “comité permanente” de esta instancia (es decir, quienes ostentan los cargos de mayor responsabilidad) se mantuvo intacto. De sus cinco miembros, hay dos imputados por eventual encubrimiento de abuso: el presidente, obispo castrense Santiago Silva, y Ricardo Ezzati, arzobispo de Santiago.

Santiago Silva no asistió a la convocatoria de prensa. Sobre su situación judicial, el secretario general de la Cech, obispo Fernando Ramos, afirmó que él mismo planteó el tema en la asamblea: “Cada uno de los obispos presentes, y también los administradores apostólicos, pudieron expresar su opinión y, unánimemente, se lo reafirmó en su condición de presidente”. Ramos aludió también al principio de presunción de inocencia: “La condición de imputado significa condición de investigado”.

El caso generó reacciones divididas entre quienes creen que se debe respetar su inocencia hasta que la justicia determine lo contrario, y a quienes “les hace ruido” que siga ocupando un cargo representativo de la Iglesia chilena.

Otros dos hechos que se destacaron en el encuentro de los obispos fue el proyecto de acuerdo de colaboración con la Fiscalía Nacional, para optimizar la investigación de abusos a menores por parte de clérigos (que se firmará dentro de las próximas semanas) y el anuncio de la III Asamblea Eclesial Nacional, para mayo de 2020, que “sentará las bases de nuevas orientaciones pastorales para la Iglesia en Chile”.

Reacciones

El sacerdote de la Congregación de los Sagrados Corazones, Guillermo Rosas, valoró el encuentro de los obispos. Para él, la carta final de la Cech utiliza un “tono claro, sencillo, asertivo (…) está abierta a la colaboración con la sociedad. Lo que más me gustó fue el modo como (la conclusión) se refiere a los laicos y a los jóvenes”.

El jesuita José Francisco Yuraszeck valoró el acuerdo con la fiscalía, ya que permitirá acelerar y transparentar los procesos. Además, manifestó que “me alegro de este horizonte de trabajo de aquí al 2020, que permita recomponer las confianzas y, sobre todo, activar el rol de los laicos y escuchar su voz”. También señaló que “espero que se renueven pronto los liderazgos de quienes llevan más tiempo y han publicado delante del Papa su renuncia”.

El sacerdote Francisco Javier Astaburuaga afirmó que “me parece muy importante que se comprenda la ‘indignación’ que provocan los delitos de abusos, reconociéndolos como crímenes. Y la necesidad de acoger y acompañar a las víctimas, pues en estos aspectos siempre se puede mejorar. Y hay decisiones que no se deben postergar en vistas a restablecer la justicia y reparar el escándalo, como lo ha dicho el Papa Francisco reiteradas veces”.

Desde el mundo laico, el abogado Alejandro Álvarez, de Voces Católicas, señaló que hay elementos positivos, como el acuerdo con la fiscalía. Pero indicó que “eché de menos que incluyeran la obligación de denunciar. Me parece que ese es un elemento esencial”. Agregó que “todo el tema de resarcimiento de las víctimas me parece que es urgente. No es necesario esperar una sentencia judicial para reparar el daño. La Iglesia tiene no solo una obligación legal, sino una obligación moral”, dijo.

Sobre Santiago Silva, expresó que “todos presumimos que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero eso evidentemente afecta su calidad como presidente de la Conferencia Episcopal y me parece prudente y recomendable que pongan a un obispo que sea intachable”.

En la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico emitieron un comunicado en que afirman que “seguimos sin escuchar una propuesta de justicia y reparación”.

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