El Conservador de Puente Alto sigue descabezado. Luego de que la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Carla Troncoso, suspendiera al titular del oficio, el abogado Sergio Yáber, no ha sido fácil encontrar un reemplazo.

El lunes el juez del 1° Juzgado Civil de Puente Alto, Cristián García, había optado por designar a un conservador suplente y el seleccionado fue el conservador de Bienes Raíces de San Fernando, Jorge Osnovicoff.

Se trata de un abogado que entró en la carrera notarial en el año 1990 y en su oficio de la región de O’Higgins se ha debido ausentar con varias licencias médicas producto de problemas de salud que lo aquejan a sus 68 años.

Su suplencia, según comunicó el magistrado García, duraría hasta el 18 de febrero de 2026, justo semanas antes de que comiencen a regir las nuevas reglas de la reforma notarial y registral.

La designación de Osnovicoff también generó ruido al interior de las filas del Conservador de Puente Alto debido a que lo consideran un abogado cercano de Yáber y existen sospechas de las presiones que hubo para su designación.

Sin embargo la designación no prosperó. Durante este viernes en el conservador y fuentes judiciales comentan que Osnovicoff optó por desistirse del nombramiento, por lo que el cargo continuará vacante.

Mientras tanto el oficio quedó en manos de Christian Kaltwasser. El abogado, es quien quedó como suplente, junto al primer oficial Nelson Vera. Ambos, según fuentes del conservador, son de los funcionarios más cercanos a Yáber.

Si bien Yáber apeló a su suspensión, la medida sigue en pie. Mientras tanto el abogado está como imputado en la trama bielorrusa y será formalizado el 14 de enero junto al conservador de Chillán Yamil Najle por el delito de lavado de activos. De hecho en este mismo conservador también trabajaba como asesor en temas de recursos humanos el imputado Gonzalo Migueles.

Esto debido a que según la Fiscalía, los abogados Yáber y Najle son pieza clave en la indagatoria del Ministerio Público en lo que tiene que ver con el dinero que se lavó para pagar las supuestos coimas detrás de la pugna entre Codelco y el consorcio chilenobielorruso Belaz Movitec.