La Contraloría Regional de La Araucanía detectó una serie de inconsistencias presupuestarias en la Universidad de La Frontera (UFRO) y ordenó reintegrar más de $4.300 millones al fisco que es parte de un total que quedó sin ejecutar, pero que no se encuentra disponible en las cuentas corrientes de dicha casa de estudios.

El órgano fiscalizador auditó los recursos del Aporte Institucional de Universidades Estatales (AIUE), durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2024. En el Informe Final N° 475 de 2025, que reveló que en ese período la UFRO percibió recursos del Estado por más de $27.417 millones.

No obstante, al 31 de diciembre del año pasado había rendido $21.776 millones a la Subsecretaría de Educación Superior, quedando por ejecutar más de $5.641 millones al 31 de diciembre de 2024.

La CGR determinó que al revisar las cuentas corrientes habilitadas exclusivamente para el control financiero de los fondos, estos presentaban un saldo de solo $1.302 millones, constatándose la falta de disponibilidad por más de $4.339 millones.

Por esta razón, la Contraloría ordenó a dicha casa de estudios reintegrar dicho monto a Rentas Generales de la Nación, debiendo acreditar los antecedentes correspondientes a la CGR en 30 días hábiles.

Otros hallazgos

En el informe, la CGR realizó otros hallazgos, entre los principales se estableció también que en los meses de junio, noviembre y diciembre de 2023 las rendiciones efectuadas respecto de distintas iniciativas fueron observadas por la Subsecretaría de Educación con inconsistencias y falta de antecedentes de los gastos rendidos. Asimismo, se rechazaron otras por evidenciarse un déficit en la conciliación bancaria.

Adicionalmente, se verificó que entre septiembre de 2023 y junio de 2024 se efectuaron traspasos de fondos del AIUE por más de $5.650 millones, desde las cuentas corrientes destinadas al control financiero para financiar remuneraciones del personal, lo que resulta improcedente.

Paralelamente, la Contraloría ordenó reintegrar otro monto por casi $53 millones, vinculados a fondos pendientes de ejecutar respecto de dos proyectos. En la práctica, se trata de fondos que dicha universidad no utilizó, pese a que los plazos de ejecución para tales iniciativas terminaron el 4 de febrero de 2024 y el 17 de febrero de 2025, respectivamente.

Debido a todas las inconsistencias detectadas por la CGR, se envió el informe al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a la Superintendencia de Educación, para los fines que correspondan.