La Contraloría Regional del Biobío emitió esta semana dos informes de auditoría (N°636 y N°700) que detectaron una serie de irregularidades en el Hospital de Los Ángeles, en la Región del Biobío, lo que derivó en reparos por más de $1.500 millones asociados a gastos injustificados, incumplimientos en licitaciones y contratación de servicios.

Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, al Servicio de Impuestos Internos (SII) y dieron origen a la apertura de sumarios administrativos.

En el informe N°636 se identificaron gastos sin respaldo suficiente, vinculados al pago en exceso de horas no ejecutadas en servicios de aseo, seguridad y vigilancia; irregularidades en la ejecución de un convenio de suministro de ferretería; pagos a una empresa encargada de mantenciones y adquisiciones de accesorios médicos; y anomalías en los ítems “Apoyo de servicios logísticos para el Departamento de Abastecimiento” y “Servicio de apoyo para el Departamento de Operaciones”.

Solo por estos conceptos, el órgano contralor formuló reparos por $1.112.415.223.

Durante la fiscalización también se detectaron problemas en la mantención del recinto hospitalario. En particular, las guías de servicio exigidas por licitación fueron suscritas por el único accionista de la empresa proveedora y por un funcionario que, entre el 15 de febrero y el 18 de abril de 2023, no cumplía funciones en el hospital.

Asimismo, se constataron pagos por mantención de equipos dados de baja en 2022 y la inexistencia de registros sobre los repuestos cambiados.

La Contraloría agregó que “se comprobó, además, que los centros de costos del centro asistencial no efectuaron solicitudes formales de mantención para equipos médicos, cuyas necesidades que fueron identificadas por la Unidad de Equipos Médicos, lo que generó una concentración de funciones en esa unidad. También se advirtió que los informes técnicos fueron elaborados por profesionales sin acreditación técnica en equipos médicos”.

Concentración de funciones

Entre las irregularidades, también se detectó concentración de funciones en jefaturas que participan en distintas etapas de los procesos de compra, lo que contraviene la normativa vigente.

En la misma línea, se advirtió que el jefe de la Unidad de Administración de Servicios vulneró el deber de abstención, al emitir certificados que acreditaban la experiencia de empresas licitantes.

Compras por trato directo

Los informes también revelaron adquisiciones vía trato directo por un total de $477.533.970, sin que el hospital acreditara la inexistencia de otros proveedores ni la pertinencia de utilizar este mecanismo.

Asimismo, se detectó la contratación de personal especializado bajo esta modalidad durante 2023 y 2024, “careciendo de las resoluciones exentas que los aprobaran y que justificaran la idoneidad técnica”, además de tratarse de funciones propias y habituales del recinto.

En esa línea, se cuestionó la contratación directa del “Servicio de Orientadores de Atención al Público” por $141.395.169, así como la incorporación de personal de apoyo —digitadores, asistentes y conductor de grúa horquilla— en el Departamento de Abastecimiento, pese a que dichas funciones deberían estar cubiertas por el propio hospital.

Pagos sin respaldo

Por su parte, el informe N°700 detectó pagos por $563.109.772 en la ejecución de dos convenios de Mantención de Obras Menores, sin documentación suficiente que permitiera respaldar los gastos ni verificar su ejecución en terreno.

También se objetó el pago de $215.504.478 por la ejecución de tres convenios de “Mantención y Reparación de Cubiertas de Techumbres, Canales y Bajadas de Aguas Lluvia”, nuevamente sin respaldo adecuado.

A esto se suman $11.302.500 por la provisión e instalación de seis bombas elevadoras de aguas lluvia, sin evidencia de su recepción o puesta en marcha, y $8.089.000 pagados en exceso debido a la sobreestimación de obras.

Finalmente, el organismo concluyó que “las irregularidades detectadas por la Contraloría vulneran los principios de eficiencia y eficacia e infringen el principio de control establecido en la legislación. En este caso, se formulará un reparo por $798.305.750, y se enviarán los antecedentes al Ministerio Público”.