La Contraloría General de la República (CGR) respondió a las denuncias por una serie de publicaciones en las redes sociales a la Secretaría General de Gobierno (Segegob) a fines de marzo, donde hacen referencia a que tienen un “Estado en quiebra”: ordenó tomar una serie de medidas y abrir un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.

Las denuncias fueron presentadas por parlamentarios de oposición: los diputados del Frente Amplio Constanza Schönhaut; Ignacio Achurra y Jaime Bassa; los diputados Nelson Venegas (PS) y Carlos Carvajal (PPD), ambos por intermedio del prosecretario de la Cámara de Diputados; y la comisión de Constitución de esa Cámara, a solicitud de José Montalva (IND), pidieron antecedentes en el marco de imágenes difundidas por la vocería de Gobierno en el contexto de alzas de combustibles.

En su análisis jurídico, el ente contralor indicó que si bien el Ministerio Secretaría General de Gobierno puede informar a través de redes sociales y, en tales comunicaciones, puede emplear términos cotidianos para una mayor o mejor comprensión, ello debe ceñirse a una serie de principios y a lo dispuesto en el artículo 3° de la ley N°19.896 “para efectos de dar a conocer a la comunidad información acerca de cómo acceder a las prestaciones que otorgan las entidades públicas, o acciones directamente relacionadas con el cumplimiento de sus funciones institucionales propias y cuando resulte necesario difundirlas o publicitarlas”.

Respecto del lenguaje utilizado en los mensajes, la Contraloría señala que el servicio no pudo “sustentar fáctica y técnicamente los términos específicos que fueron empleados en la publicación de que se trata”. Además, el oficio también plantea que el ministerio reconoció que las expresiones empleadas no cumplieron con los estándares de moderación exigidos, lo que pudo generar confusión en la ciudadanía, motivo por el cual el contenido fue retirado.

Dentro de las conclusiones, la Contraloría pidió a la Segegob “adoptar todas las medidas conducentes para evitar incurrir en publicaciones que contengan elementos imprecisos que puedan generar confusión, como se ha reconocido en la especie”.

El ente fiscalizador ordenó instruir un proceso disciplinario a efectos de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que intervinieron en la generación de “tales imprecisiones”, remitiendo copia del acto administrativo que lo instruye, a través de la plataforma o Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) de esta Contraloría General. Esto se debe realizar en un plazo de 5 días hábiles, contado desde la recepción del documento.