La Contraloría Regional de Antofagasta detectó que el Hospital Carlos Cisternas de Calama efectuó, entre 2023 y 2025, gastos improcedentes por más de $2.353 millones por servicios de seguridad y vigilancia no acreditados.

Esto, como parte de los resultados del Informe N°673 de 2025, que identificó diversas irregularidades en procesos de contratación, ejecución de servicios y control financiero de dicho establecimiento de salud.

En el documento se verificó que el Hospital celebró contratos mediante licitaciones públicas y tratos directos por montos que obligan al trámite previo de toma de razón ante esta Contraloría, sin que dichas actuaciones fueran enviadas al ente fiscalizador para su aprobación, lo que significó que dichos convenios desde su inicio presentaran errores en su formulación.

Además, en el informe se señala que el recinto hospitalario efectuó pagos en distintas líneas de servicio pese a no contar con respaldos suficientes que permitan validar su procedencia. A modo de ejemplo, figuran $783.330.661 asociados a servicios de vigilancia y seguridad, sin documentación que acredite su realización, tales como contratos o asignación de personal correspondiente.

También aparecen pagos por $684.523.100 en servicios de aseo, cuya ejecución no pudo ser debidamente verificada y, adicionalmente, se indican otros desembolsos por $393.919.521 en “Gastos Generales”, con antecedentes que no permiten establecer la procedencia y razonabilidad del gasto.

Del mismo modo, se identificaron pagos en exceso correspondientes a duplicidades y errores no detectados oportunamente por las unidades encargadas de la validación financiera.

Según el informe, el hospital también suscribió diversos contratos para la prestación de servicios administrativos, de seguridad y provisión de insumos. En estos procesos se verificó, por ejemplo, la insuficiencia de documentación de respaldo para acreditar la prestación efectiva de los servicios.

Adicionalmente, se identificaron diversas irregularidades en las contrataciones, tales como falta de autenticidad que permita acreditar experiencias compatibles con los servicios requeridos y la elección sin justificación de la oferta de mayor valor económico, existiendo alternativas más convenientes.

En este contexto, además, se constató otros pagos de más de $300 millones sin respaldo completo en distintos contratos ejecutados en el período auditado.

Por lo anterior, la CGR formulará el reparo (demanda en juicio de cuentas) por un total de $2.353.540.670, con el objeto de recuperar el monto pagado improcedentemente.

Además, se iniciará un procedimiento disciplinario y se enviarán los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Conflicto de interés y debilidades de control

La fiscalización también identifica observaciones en las contrataciones realizadas con otra empresa por un total de $558.158.273, debido a que se presentó documentación inválida o adulterada para acreditar experiencia en procesos licitatorios; y que se adjudicaron contratos pese a no contar con giro vigente relacionado con los servicios contratados.

Asimismo, se detectó la existencia de un conflicto de interés, vinculado a un funcionario del establecimiento que mantenía una relación personal directa con la representante legal de la empresa.

En otro punto, la Contraloría determinó debilidades en sus sistemas de control interno, entre ellas, ausencia de mecanismos efectivos para verificar la autenticidad de los documentos presentados por proveedores, falta de aplicación adecuada de los procedimientos del Sistema de Compras Públicas y falencias en la revisión y validación de pagos por parte de las unidades competentes.