La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a las abogadas Susana Cortés Karmy y Andrea Romero Jara.

La fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, explicó que las letradas están siendo investigación por delitos de asociación criminal y otros vinculados al sistema de administración de justicia penal en Los Ángeles.

Ambas profesionales fueron formalizadas la semana pasada y cumplen la medida cautelar privativa de libertad en el penal Biobío, en Concepción, desde el pasado 12 de marzo.

La causa es indagada en coordinación con la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Ñuble.

El tribunal de alzada sumó más delitos a los que habían sido acreditados por la magistrada Claudia Aguilera González, del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, pues los ministros consideran que se dan por establecidos el soborno y el tráfico ilícito de armas.

“La Fiscalía está muy conforme toda vez que se obtuvo un fallo 3 a 0 que además dio por acreditados otros delitos que habían sido desestimados por el Juzgado de Garantía, como son el tráfico de armas y el soborno. La Fiscalía estima que este fallo se ajusta a lo solicitado por el Ministerio Público y esperamos continuar adelante con esta investigación”, señaló la fiscal regional.

Otros delitos que enfrentan las imputadas son asociación criminal, obstrucción a la investigación, acceso indebido a sistemas informáticos y prevaricación del abogado.

En su fallo unánime, los ministros del tribunal de alzada estimaron que las imputadas son “un peligro para el éxito de la investigación y para la seguridad de la sociedad”.

“No pasa por alto a estos juzgadores que, entre las conductas atribuidas a las encausadas, hay algunas que afectan directamente a la fe pública y a la administración de justicia”, puntualizaron.

A las abogadas formalizadas se suma en esta investigación el exdefensor local jefe de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez Marinado, marido de Cortés, que fue formalizado por revelación de secreto y quedó con las medida cautelares de arresto domiciliario nocturno, prohibición de salir del país y prohibición de comunicarse con los demás imputados, incluida su cónyuge.

Un cuarto formalizado en esta investigación es el funcionario del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, Nelson Sáez Reyes, que está con las medidas cautelares de arresto domiciliario total y prohibiciones de salir del país y de comunicarse con los otros imputados. Sáez fue formalizado por cohecho reiterado.

Los cuatro fueron detenidos el jueves cinco de marzo y su detención fue ampliada hasta la formalización.

De qué se acusa a las abogadas

La investigación sostiene que, entre 2017 y marzo de 2025, las abogadas lograron que Sáez, encargado de actas del tribunal, acomodara audiencias con una magistrada, también imputada en la causa, que fallaba en favor de sus intereses.

También cooptaron a Patricio Gutiérrez y a un fiscal de Los Ángeles, esposo de Andrea Romero e imputado en esta investigación, que facilitaron la obtención de información desde los sistemas informáticos de la Defensoría y de la Fiscalía, lo que favoreció a sus esposas en las defensas de sus clientes.

También se expuso que ambas abogadas advirtieron a sus clientes de diligencias reservadas de la Fiscalía y de las policías, les instruían que usaran teléfonos viejos que no se pudieran interceptar, fabricaron una falsa cooperación eficaz y entregaron antecedentes falsos a fiscales, en el marco de las investigaciones que realizaban, entre otras acciones.

Tanto la magistrada como el fiscal imputado en esta causa no fueron formalizados en esta oportunidad, pues para pedirles medidas cautelares es necesario que la Corte de Apelaciones de Concepción apruebe una querella de capítulos en su contra, explicó la fiscal jefa de la Región de Ñuble.

Mansilla anunció que dicho requerimiento se presentará en los próximos días.

El Juzgado de Garantía de Los Ángeles decretó tres meses de plazo para la investigación.