El pleno de ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel resolvió hoy iniciar una investigación sumaria administrativa contra los funcionarios de esa jurisdicción que estarían vinculados con la denominada trama bielorrusa.

Fue la presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, la ministra María Catalina González, quien comunicó esta resolución, en vista de, según reconoció, los “graves hechos expuestos en la prensa nacional y teniendo presentes además otros antecedentes administrativos existentes en esta corte”.

De acuerdo con lo informado por González, los funcionarios en cuestión corresponden a Sergio Rodrigo Yáber Lozano, conservador y archivero judicial de Puente Alto; Claudio Rafael Barrena Eyzaguirre, notario de la 10ª comisaría y archivero judicial con asiento en la comuna de San Miguel; Rodrigo Enrique Ortúzar Rodríguez, notario de la primera Notaria de San Miguel; y Fernando Martel Costa, quien fuera notario interino de la 5ª notaría de San Miguel, con asiento en la comuna de La Cisterna.

Los funcionarios que González mencionó han sido vinculados con la trama que tiene como protagonistas a la destituida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco; su pareja, Gonzalo Migueles; y los abogados del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, Eduardo Lagos y Mario Vargas.

Es precisamente el carácter extranjero de esta empresa el que generó que este caso fuera bautizado como trama bielorrusa. El caso en cuestión tiene su origen en presuntas gestiones irregulares de Vivanco para favorecer al consorcio en un litigio que éste tenía con Codelco y los sobornos que la empresa habría entregado a la exministra y su pareja mediante, entre otros, los abogados Lagos y Vargas.

Si bien la citada Corte de Apelaciones no ofreció el detalle de los hechos por los que se investigan a los cuatro funcionarios, hasta ahora situaciones que involucran a dos de ellos han transcendido a la opinión pública.

Una conversación telefónica entre Yáber y Barrena fue expuesta en la audiencia de formalización contra Migueles, Lagos y Vargas. En el diálogo, Yáber le manifiesta a Barrena que Vargas es investigado por sobornos ofrecidos a Vivanco, a quien además calificó de “coimera”, epíteto que también uso para el esposo de ésta. A Yáber, además, se le acusa de haber colaborado con el conservador de bienes raíces de Chillán, Yamil Najle, para ayudar a Migueles a lavar $45 millones de parte del abogado Lagos y, en un caso paralelo a éste, pero que también involucra al Poder Judicial, de haber hecho gestiones para evitar la destitución del ministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa.