En marzo del año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó una sentencia, hasta entonces, sin precedentes en contra del Estado de Chile. La instancia consideró que la justicia nacional era responsable internacionalmente de violación a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial.

Lo anterior, al determinar que la Corte Suprema dictó prescripciones entre 2007 y 2010 en 14 causas de violación a los derechos humanos durante la dictadura, lo que va en contra de lo establecido por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzosa de Personas y que impide aplicar dicha prescripción en este tipo de casos. Al aplicar lo que en jerga jurídica se denomina como “media prescripción”, los condenados se vieron beneficiados en la reducción de sus penas.

Ante el tribunal internacional, recurrió la abogada especialista en derechos humanos, Karinna Fernández, quien en 2008 ingresó el caso que luego se denominó como Vega González y otros vs. Chile.

La sentencia de la Corte IDH estableció que el Estado debe cumplir con seis exigencias, una de ellas es “revisar y/o anular las reducciones de las penas que hubieran derivado de la aplicación inconvencional de la media prescripción”, lo que comenzará a darse curso próximamente.

Para dar ese primer paso, la Segunda Sala de la Corte Suprema convocó a una audiencia extraordinaria para el próximo 26 de septiembre a las 8.30 horas, a la que deberán presentarse los representantes de las 43 personas que siguen desaparecidas y las cinco que fueron ejecutadas, así como también las defensas de los casi 40 agentes estatales que fueron beneficiarios con la media prescripción.

La revisión de las causas

En la citación a la audiencia, la Segunda Sala del máximo tribunal pide notificar a las personas condenadas que se encuentran privadas de libertad, así como también a aquellos que actualmente se encuentran en libertad.

En esa instancia, la Segunda Sala escuchará los alegatos de víctimas y condenados de los casos cuestionados por la Corte IDH. Una vez que estos terminen, se determinará cómo llevar a cabo las revisiones por cada caso.

Si bien la histórica condena de la Corte IDH ya está fallada a nivel interamericano, ahora se debe revisar la forma en la que la sentencia se va a aplicar a nivel interno. Esto siempre es un problema ya que Chile no cuenta con un procedimiento sobre cómo se deben aplicar estas sentencias. Ante ese vacío, el máximo tribunal a inventado procedimientos ad hoc para ejecutar los fallos de la Corte IDH, tal como ya lo hizo en el caso Norín Catrimán cuando por primera vez en la historia el máximo tribunal dejó sin efecto una sentencia firme y ejecutoriada.

“Observamos con gran interés la decisión que ha tomado la corte de entregar a la Sala Penal el debate respecto de cómo se va a cumplir. Vemos con buenos ojos y con esperanzas que se cumpla con el control de convencionalidad que la misma norma de resolución internacional dispone, como recordando también que la resolución dice que hizo inconvencional la aplicación de prescripciones y prescripciones graduales, y en esto yo estoy muy enfática. No solo respecto de delitos de lesa humanidad, sino que de graves violaciones a los derechos humanos”, explica Fernández.

“Nosotros enfrentamos este debate ante la Corte IDH durante 20 años en contra del Estado de Chile, en contra de Cancillería, de la Secretaría de Justicia, de la Corte Suprema, en contra de Cancillería, de la Secretaría de Derechos Humanos, y también creemos que es un importante momento para que nuestra voz sea escuchada ahora en Chile”, concluye Fernández.

Dentro de los casos cuyas condenas deberán revisarse hay causas conocidas como el episodio de Lago Ranco, Parral y Quilleco. Además de los casos de desaparición forzosa o ejecuciones de Juan Luis Rivera Matus, Carmen Margarita Díaz Darricarrere, Eugenio Iván Montti Cordero, Luciano Aedo Hidalgo, Felipe Segundo Rivera Gajardo, Gastón Fernando Vidaurrázaga Manríquez, José Humberto Carrasco Tapia, Abraham Muskatblit Eidelstein, Félix Santiago de la Jara Goyeneche, Cecilia Miguelina Bojanic Abad, Flavio Arquímides Oyarzún Soto, José Félix García Franco, Marcelo Eduardo Salinas Eytel, Gerardo Antonio Encina Pérez y Miguel Antonio Figueroa Mercado.

Dentro de los condenados a quienes se les revisará la reducción de sus penas están los agentes estatales Héctor Rivera Bozzo, Miguel Krassnoff Martchenko, Basclay Humberto Zapata Reyes, Marcelo Luís Moren Brito, Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, entre otros.