Durante el fin de semana, el Presidente José Antonio Kast anunció el Plan Nacional de Reconstrucción. La idea contempla el envío de un proyecto de ley con 40 medidas para, entre otras cosas, combatir el déficit fiscal que -aseguran- fue heredado de la administración Boric. Dentro de esos ajustes hay tres medidas que vendrían a cambiar el beneficio de la gratuidad en educación superior: frenar la extensión del beneficio a nuevos deciles (hoy está en los seis de más bajos ingresos); una moratoria -aplazamiento- para el ingreso de nuevas universidades al sistema; y limitar el beneficio de la gratuidad en educación superior a estudiantes sobre los 30 años. Hoy son casi 26 mil personas en esa condición.

En entrevista con Canal 13, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, detalló un poco más sobre este último punto de la iniciativa: quienes estén actualmente con gratuidad no perderán el beneficio, sino que la restricción es para quienes postulen en el futuro con más de 30 años una vez que la iniciativa sea ley. Esto, a su vez, tiene otro distingo, y apunta a estudiantes de carreras universitarias, no así las técnicas. “Los que estudian carreras técnicas van a estar excluidos”, dijo el secretario de Estado.

Según datos oficiales a los que tuvo acceso La Tercera, al cruzar la base de matrícula y asignación de beneficios de 2025, hay 25.839 estudiantes con gratuidad en alguna de las 68 instituciones adscritas al sistema -38 universidades, 7 institutos profesionales y 23 centros de formación técnica- que ingresaron a sus estudios con más de 30 años a carreras profesionales. De ellos, 17.065 estudian en institutos profesionales, y 8.774, en universidades.

Vale decir: como la propuesta de Kast es limitar el ingreso a mayores de 30 años a estudiar carreras universitarias con gratuidad, son esas 8.774 personas las que se habrían visto imposibilitadas de hacerlo en caso de haber regido la potencial ley, lo que representa casi el 1,4% del total de 612.000 beneficiarios de la gratuidad que había en 2025 (casi un 8% más que en 2024) que cumplen con el requisito socioeconómico de pertenecer a uno de los seis deciles más pobres del país, es decir, al 60% de hogares de menores ingresos.

Antonia, de 36 años, cuenta que entró hace dos a estudiar Trabajo Social a una universidad privada con gratuidad porque antes tuvo que hacerse cargo de su hijo. “Cuando tenía la edad para estudiar como los de mi generación yo tenía que cuidarlo de día y trabajaba de noche. Ahora que está más grande recién puedo dedicarme a una vida universitaria con todo lo que eso implica”, dice.

Por su parte, Sergio, de 39, asevera que la necesidad familiar lo obligó a trabajar apenas salió del colegio para mantener a todo su núcleo y que recién hace cuatro años hubo un poco más de holgura para estudiar en la universidad, también con gratuidad. “Lo que gano trabajando mientras no estoy en clases se va igual para los gastos en remedios de mi mamá y mi abuela, entonces sin gratuidad no podría haber estudiado”, expone el alumno de periodismo.

Los casos como esos comenzaron a aparecer también en redes sociales. “Cuando se enteren que me dan la beca BAES, pago con TNE y en la universidad me dan beca en efectivo, vales para el casino y fotocopias les va a dar soponcio a muchos, pero a la mayoría le va a alegrar”, escribió en sus redes sociales, por ejemplo, otra estudiante de nombre Paula, que dice tener 47 años y está cursando quinto año con promedio 6,3. “Por suerte termino este año”, sumó.

Otro dato: de los 25.839 mayores de 30 años con gratuidad en todo el sistema, 9.491 son de primer año, y el resto, renovantes.

Origen y confusiones

Tras conocerse la idea del gobierno, el ministro Quiroz se apresuró en aclarar que al menos la idea referida a frenar la expansión de la gratuidad y limitar quiénes acceden al beneficio en términos de edad no es exclusiva de este gobierno, sino que fue recogida de una Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, que en mayo de 2025 el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuestos, constituyó con el objetivo de formular propuestas técnicas orientadas a un uso más eficiente y sostenible de los recursos fiscales. La comisión estaba integrada por cinco especialistas y apoyada por una secretaría ejecutiva de la Dipres.

Dicha instancia estuvo integrada por autoridades de la materia de gobiernos anteriores, como los exdirectores de Presupuestos de Michelle Bachelet, Sergio Granados, y de Sebastián Piñera, Matías Acevedo, así como también la exsubsecretaria de la Mujer, María José Abud, el académico experto en políticas sociales Osvaldo Larrañaga, y la funcionaria de la ONU en Chile Paula Darville.

Tras un trabajo de cuatro meses, en el informe de la comisión asesora se explicitaron 34 propuestas, tres de las cuales hacen referencia a la gratuidad: mejorar el sistema de asignación de los beneficios estudiantiles por los accesos indebidos e ineficiencias que permite actualmente; evaluar la incorporación del criterio de edad en la asignación restringiendo el acceso a quienes inicien sus estudios después de los 30 años, sin afectar otras formas de financiamiento ni el acceso en las carreras técnicas; y modificar el mecanismo de expansión del beneficio -un gatillo macroeconómico-, el que se propone eliminar y restringir únicamente hasta el séptimo decil -sólo uno más que lo que hay hoy-, condicionado además a la existencia de holgura fiscal. La idea de ese gatillo, como está contemplado actualmente, es llegar eventualmente a la gratuidad universal.

Según el Ejecutivo, son esas propuestas las que recogió, las que apenas dadas a conocer fueron defendidas por parlamentarios de su sector, aunque con errores.

Por ejemplo, el diputado republicano Benjamín Moreno escribió en sus redes sociales: “¿Quieres gratuidad para personas que llevan 12 años estudiando? ¿Y quien paga? ¿Moya?“. Sin embargo, la ley es clara en señalar que el beneficio de la gratuidad sólo cubre la duración formal de las carreras, que en el caso de las universidades suele ser de cinco años. De hecho, una vez que eso ocurre, las personas pierden el beneficio y desde que entró en vigencia, más de 70 mil personas lo han perdido por esa razón.

Cuando pierde la gratuidad, el tiempo que ese estudiante demore en terminar la carrera debe autofinanciarlo, aunque con ciertos matices, toda vez que la ley mandata a las instituciones a cobrar como máximo el 50% del arancel en esos casos. El resto es cubierto -mayoritariamente- por las instituciones, que desde siempre han abogado por ampliar al menos en un año la cobertura del beneficio, esgrimiendo que atrasarse en los estudios es parte natural de una carrera.