La Defensoría de la Niñez criticó la decisión del gobierno de rebajar 56 condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

A través de un comunicado, la entidad manifestó su rechazo y anunció que solicitará al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos “los antecedentes que se tuvieron a la vista para modificar el criterio histórico de la cartera, el cual denegaba la concesión de beneficios frente a estos delitos”.

La Defensoría, liderada por el defensor Anuar Quesille, señaló que, “uno de los aspectos que requiere especial atención es que, desde febrero de 2022, la ley consagra expresamente la exclusión de beneficios en casos de determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes”.

En ese marco, la entidad señaló que “resulta indispensable que el Ministerio de Justicia aclare por qué se concedieron estas rebajas y qué medidas se están adoptando para la debida protección de las víctimas”.

El organismo señaló “si bien existen controversias jurídicas respecto de los delitos cometidos antes de la entrada en vigencia de la Ley No 21.421 (que legítimamente pueden ser dirimidas ante los tribunales de justicia)”, acusó que “la aplicación de un estándar general que otorga beneficios implica una inobservancia de derechos de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de una de las peores formas de violencia”.

Quesille manifestó preocupación por la situación y aseguró que se requiere “una explicación clara del Ministerio de Justicia. Desde 2022 rige una ley que excluye de este beneficio a personas condenadas por determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes”.

“Detrás de estas condenas hay víctimas que tienen derecho a la justicia, a la protección y a la reparación. El Estado tiene un deber reforzado de resguardar esos derechos y debe actuar con especial rigurosidad cuando adopta decisiones que pueden reducir el tiempo efectivo de privación de libertad de quienes fueron condenados por estos graves delitos. La protección de las víctimas debe estar en el centro de las decisiones del Estado”, señaló el defensor.

Junto con ello, Quesille destacó que el Estado “ha dado señales claras para avanzar en la protección de la violencia sexual contra la niñez (…) por tanto, la decisión de otorgar beneficios como éstos representa un retroceso para la protección efectiva de la niñez”, sostuvo.

En ese sentido, el organismo aseguró que continuará realizando seguimiento de esta situación y que, a partir de los antecedentes recabados, evaluará las acciones que correspondan dentro de sus atribuciones legales.

PC estudia una interpelación

Tras conocerse los antecedentes sobre los beneficios otorgados por Justicia, el diputado Marcos Barraza (PC) calificó la situación como de “la máxima gravedad” y cuestionó que el Gobierno concediera estas rebajas a condenados por delitos sexuales contra menores.

“Las rebajas de condena para agresores sexuales, violadores y agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes por parte del gobierno del Presidente Kast son de la máxima gravedad. La infancia tiene que ser protegida, no puede ser relativizado un delito de agresión y de abuso sexual que tiene huellas perdurables para toda la vida en un niño, una niña y un adolescente. El gobierno ha traspasado un límite inaceptable”, señalaron los diputados Marcos Barraza y Bernardo Salinas.

“En consecuencia, estamos estudiando una interpelación al ministro Rabat, al ministro de Justicia, que es la cartera responsable de estas rebajas de pena, indultos que son muy dañinos”, señaló.

Barraza explicó que la colectividad buscará reunir los antecedentes necesarios para fundamentar la iniciativa y conseguir el respaldo del resto de la oposición. Asimismo, defendió la interpelación como una herramienta de fiscalización acorde con la gravedad de los hechos y cuestionó el argumento del Ejecutivo de que las rebajas responden a criterios judiciales previos.