La defensa de Daniel Andrade, uno de los fundadores de Democracia Viva y expareja de la desaforada diputada Catalina Pérez, insiste en que el Ministerio Público carece de antecedentes concretos para acusarlo por tres delitos de fraude al Fisco en el marco de los convenios que suscribió la fundación con la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

Esto, a solo días de que el fiscal Cristián Aguilar presentara formalmente la acusación en que pidió 10 años de cárcel para él y los otros tres imputados en esta arista del denominada caso Convenios. Tras la presentación de la acusación, el tribunal ya fijó audiencia de preparación de juicio oral.

Pero en el marco de la arremetida, la defesa de Andrade no se quedó solo con afirmaciones, sino que también activaron acciones concretas ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta.

El viernes 22 de agosto solicitaron al tribunal la reapertura de la indagatoria, por estimar que recién en la audiencia en que se formalizó el cierre la Fiscalía sumó nuevos antecedentes.

“Esta solicitud se funda en que, con fecha 12 de agosto de 2025, el Ministerio Público procedió a reformalizar al señor Andrade, adicionando nuevos hechos a la imputación, entre ellos la presunta suscripción de un contrato de arrendamiento falso entre la Fundación Democracia Viva y la propietaria de un inmueble en la comuna de Ñuñoa. Este contrato, según el Ministerio Público, habría sido utilizado para justificar falsamente un domicilio ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y así realizar el trámite de inicio de actividades de la Fundación Democracia Viva con el objeto de acceder a fondos fiscales del Programa de Apoyo a Proyectos”, manifestaron desde la defensa.

Para los abogados defensores -Ignacio Figueroa, Diego Sporman y Germán Cueto- se está ante imputaciones “absolutamente superficiales, infundadas y carentes de todo respaldo probatorio”, por lo que solicitan se realicen nuevas diligencias con miras a “demostrar que aquello que se afirma de forma tan ligera en la reformalización no se ajusta a la verdad de los hechos”.

Entre dichas diligencias, comentaron, está la solicitud de información al Servicio de Impuestos Internos sobre el trámite de inicio de actividades de la fundación, el domicilio tributario declarado y los antecedentes documentales que acompañaron dicha gestión. “Esta información es clave para acreditar que el señor Andrade no ha incurrido en falsedad ni ha realizado maniobra fraudulenta de ningún tipo”, sostuvieron.

Asimismo, reiteraron la “total convicción que don Daniel Andrade es inocente de los cargos que se le imputan y que las afirmaciones del Ministerio Público carecen de sustento fáctico y jurídico. Resulta inadmisible que se pretenda cerrar una investigación, el mismo día que se llevó a cabo la reformalización, sin haber agotado las diligencias mínimas necesarias para esclarecer los hechos".