Durante 2022, en las dependencias de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, un funcionario puso un cartel en el escritorio de otro trabajador que tenía problemas de discapacidad y movilidad. “Tío tío, cagó pedna (sic)”, rezaba el escrito. La situación generó que se abriera un sumario que terminó con una multa del 20% del salario del hostigador. Y es que la actitud era constante, incluso refiriéndose al trabajador con discapacidad de forma despectiva: “Pata de cumbia”, “Olguita Marina” o “el Mago Enmascarado lo hizo de nuevo”, en referencia a sus licencias médicas.

Ese caso es uno más de las decenas de sumarios que se abrieron en el gobierno desde el 11 de marzo del 2022 -cuando comenzó la administración de Gabriel Boric- por temas de acoso laboral, maltrato laboral y acoso sexual. Así lo conoció La Tercera a través de más de 40 solicitudes de transparencia a las distintas subsecretarías, lo que da cuenta de insólitas conductas entre trabajadores ocurridas al interior de los distintos ministerios.

Este diario tuvo acceso a los sumarios abiertos y finalizados, con los nombres de los involucrados anonimizados. Los funcionarios involucrados en los distintos casos, sin embargo, no necesariamente fueron contratados por la administración de Boric, sino que podrían venir de gobiernos pasados.

En el gobierno han existido casos emblemáticos de sumarios por casos complejos. Uno de los principales que se mantiene abierto es el del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve (PS), quien fue denunciado por una funcionaria de ese ministerio por abuso sexual y violación.

Otro complejo fue el del exsubsecretario de Previsión Social Christian Larraín, en 2023 por acoso sexual, lo que terminó con su destitución del cargo. El año pasado hubo, además, un sumario contra el exembajador de Chile en Francia, José Miguel Capdevilla, por maltrato laboral, lo que terminó con su salida.

Considerando el periodo desde el 11 de marzo del 2022 a marzo del 2025, de los sumarios cerrados en subsecretarías, cuatro personas fueron destituidas, dos funcionarios fueron suspendidos, dos no tuvieron renovación de contrato, 11 tuvieron censuras y cinco tuvieron multa de sueldos. Del grueso de 363 casos que se registraron, 108 fueron sobreseídos (29,7%).

Casi se van a las manos

En la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) se produjo, a mediados de 2023, una situación de agresiones verbales y amenazas entre dos funcionarios. Todo partió con un correo del 28 de julio de un funcionario denunciando el hecho. “Bajé a fumar un cigarro, estaba conversando y digo que el ambiente laboral donde estamos trabajando no es muy agradable y les dije si les incomodo yo, prefería cambiarme. En ese momento, empieza a amenazarme verbalmente con garabatos de alto calibre y debería haberme quedado callado y no rebajarme a su nivel, pero le contesté a su mismo nivel verbal”, decía el correo.

Luego agregó que “en ese momento se levanta de la silla, toma su tasa. Me quería golpear con la taza en la cara y me decía ‘te voy a golpear, vamos hacia abajo’, yo le dije ‘no me voy a rebajar (sic) a tu nivel porque no vale la pena y no voy a perder la pega por ti’. Y empezó a hacerme amenazas de ‘te voy a esperar en la salida de tu pega para golpearte y matarte’”.

Ambos funcionarios fueron suspendidos de su empleo por 30 días con el goce de un 70% de la remuneración mensual.

En el Ministerio de Vivienda, en la División de Administrativa (Divad), también se dio una situación compleja. “Las bromas en doble sentido son frecuentes entre los profesionales varones; hay un funcionario que realiza comentarios obscenos que no se condicen con un ambiente laboral”, reza una de las declaraciones del sumario.

Se abordó que ese trabajador “realiza comentarios sexuales en cualquier momento y lugar dentro de la oficina, enviando incluso pornografía a través de canales institucionales (...) Tiene conductas sexualizadas hacia hombres y mujeres en el espacio laboral”. Seis funcionarios lo denunciaron por conductas obscenas o inapropiadas de connotación sexual.

Otro funcionario denunció que ese trabajador hostigaba a otro, “a quien varias veces cuando lo veía en la fotocopiadora, utilizando un chilenismo, ‘lo puntiaba’, lo abrazaba por detrás y se le acercaba al cuerpo”. Dicho funcionario terminó destituido.

En Vivienda también hubo una situación entre dos funcionarias que eran amigas: una acusó a la otra de haber tenido una relación con su pareja. “Desde esa fecha comenzó a acosarme a través de WhatsApp, a mi teléfono personal, me increpó a través de múltiples mensajes”, dice la declaración del sumario. Algunos de los mensajes decían “tú sabes que soy capaz de cualquier cosa (...) Prepárate”. En esa oportunidad la funcionaria terminó con una censura.

En Medio Ambiente se dio una situación de una trabajadora que gritaba a sus pares, golpeaba la mesa y los hacía llorar. “Los malos tratos son repetitivos y han ido en aumento sin expresar ni un mínimo de arrepentimiento, tanto así que tengo mensajes diciendo ‘creo que lo dejé llorando’ a modo de burla”, decía uno de los testigos. En esa investigación se relataba que “he visto cómo humilla, denosta y sus comentarios pasivos agresivos son reiterativos”. Se propuso la medida de censura y, finalmente, la funcionaria terminó renunciando.

En Interior a un funcionario se le aplicó la medida de suspensión del empleo por tres meses con goce del 50% de las remuneraciones por “gritar y/o avasallar a los funcionarios y funcionarias, especialmente para manifestar su disconformidad en el trabajo de los integrantes de su equipo ante errores o diferencias de opinión de índole profesional, o discrepancias”.

En cuanto a los resultados de los sumarios, hubo casos de destituciones en Interior, Vivienda, Transportes y Deporte; de censura en la Subdere, Educación Parvularia, Justicia, Minería, Energía y Patrimonio Cultural, entre otras. Además hubo situaciones de no renovación de contrato en Interior.