Este martes La Tercera dio a conocer que a raíz del megaincendio que afectó a la región de Valparaíso el 2 y 3 de febrero de 2024, la Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en las acciones realizadas por distintos organismos públicos después de la tragedia. Entre otras cosas, se pesquisaron incongruencias en la entrega de ayuda, pagos no justificados y acciones que fueron pagadas a empresas particulares, y que en la práctica no se materializaron.

En una serie de informes emitidos por la entidad comandado por Dorothy Pérez se concluyó que tanto la Delegación Presidencial regional de Valparaíso liderada en ese entonces por Sofía González (PC), como el municipio de Viña del Mar comandado por Macarena Ripamonti (FA), habrían realizado pagos por servicios no ejecutados, obras por maquinaria cuya existencia no pudo ser acreditada, subcontrataciones no autorizadas y sobreprecios que, en algunos casos, superaban el 500%.

Pero la Contraloría no se quedó ahí y hoy este medio ahonda en los hallazgos de irregularidades de otras entidades involucradas en las acciones de mitigación tras el megaincendio. Entre ellas figura la Dirección de Arquitectura de Valparaíso, dependiente de la Seremi de Obras Públicas, y la Municipalidad de Quilpué.

¿Y las simcards?

El ente fiscalizador encontró fallas en donaciones, específicamente sobre una para que los damnificados pudieran comunicarse. Mediante un acta fechada el 13 de marzo de 2024, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso formalizó la donación de 2.850 simcards de telefonía móvil de la empresa Entel a la Municipalidad de Quilpué. La entrega se realizó en el centro de acopio ubicado en el sector Pompeya Sur. En el documento se dejó constancia de que cada tarjeta tenía un valor de $24.500, es decir, el total de la donación ascendió a $69.825.000.

Sin embargo, la pesquisa dice que el paradero de algunas de ellas es desconocido: en los documentos que respaldan la entrega de estas tarjetas telefónicas, se verificaron antecedentes que daban cuenta del extravío de 297 de ellas, avaluadas en $7.276.500. Una investigación interna confirmó el extravío de estos chips.

Según la Contraloría, esta situación vulnera la normativa sobre rentas municipales, que establece que las donaciones a los municipios deben usarse según lo determine el donante. Eso no se cumplió respecto de las 297 simcards extraviadas, ya que no fueron entregadas a las familias afectadas por los incendios. En su respuesta, la municipalidad aseguró que los chips fueron distribuidos en distintas instancias, algunas sin respaldo documental.

Cocinillas sin certificación

La Contraloría también objetó al municipio quilpueíno por la adquisición y distribución de 382 cocinillas a gas sin certificación vigente de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). El gasto observado asciende a $14.974.320 y será objeto de reparo, al considerarse improcedente, conforme a la normativa sobre legalidad del gasto público.

La auditoría, que examinó ingresos y desembolsos municipales, estableció que las cocinillas formaban parte de un “kit de autonomía alimentaria” destinado a personas damnificadas. La compra total contemplaba 1.000 unidades, adquiridas vía trato directo a la empresa Mujer Emprende SpA por más de $39 millones, con financiamiento municipal.

No obstante, tras la entrega de los primeros 382 equipos, personal municipal advirtió que estos no contaban con certificación SEC, requisito obligatorio para su comercialización en el país. La distribución fue suspendida y se retuvieron las 618 unidades restantes, mientras se presentó una denuncia ante la superintendencia. Posteriormente, la SEC confirmó que los modelos involucrados no tenían certificación vigente.

El órgano de control concluyó que el municipio no debió recibir, distribuir ni pagar los artefactos, ya que la ley prohíbe comercializar productos energéticos sin certificación. La situación, según indicó el informe de Contraloría, compromete el principio de legalidad y expone a los beneficiarios a otros riesgos por el uso de equipos no autorizados. De hecho, algunos afectados reportaron fallas en su funcionamiento.

El organismo dirigido por Pérez no solo encontró fallas en el funcionamiento de las cocinillas, sino también en su adquisición. Y es que la Municipalidad de Quilpué tramitó la compra a través de WhatsApp.

En concreto, la empresa Edimar Alexis Cabrera Hidalgo EIRL envió sus cotizaciones para postular al proceso de compra impulsado por el municipio -que contemplaba la adquisición de 1.000 cocinillas encimeras de dos platos- a través de la red social, dirigiéndose directamente a Amalia Palma Tapia, quien ese momento era funcionaria de la Unidad de Adquisiciones.

En ese sentido, el órgano fiscalizador es tajante: “Si bien es posible acudir al uso de tecnologías de la información para apoyar la labor administrativa (...) las comunicaciones a los servidores de un determinado organismo público se deben realizar a través de los medios y mecanismos institucionales”.

Eso sí, el municipio se defendió. Las autoridades locales señalaron a Contraloría que fue una medida excepcional adoptada en el contexto de la emergencia. Sin embargo, los argumentos no bastaron para el ente fiscalizador: “Si bien se reconoce el contexto de urgencia en que se desarrolló la entrega de la cotización por parte del proveedor, se mantiene la observación, debiendo la entidad adoptar medidas correctivas que aseguren la formalidad, trazabilidad y legalidad en los procedimientos de adquisición, incluso en situaciones excepcionales”.

Estanques de agua

En su informe, Contraloría da cuenta que a través de un decreto alcaldicio Quilpué adquirió 43 estanques de agua de 3.500 litros cada uno, para diversos puntos de la comuna, con el proveedor Servicios Sanitarios Aguas Peldehue SpA, por un monto de $77.350.000, bajo la modalidad de trato directo. Asimismo, contextualiza que mediante otro decreto la entidad comunal aprobó la contratación de servicios de sanitización de los citados estanques por $1.820.700, con la empresa Clean Safe SpA.

En su visita en terreno, Contraloría dice no haber encontrado cinco estanques y que la respuesta de Christian Cáceres, director de Operaciones de la municipalidad, fue que los estanques habían sido reubicados por personas que habitan en la toma de Calichero. Cinco de ellos, de hecho, fueron reubicados en domicilios particulares. Otro estanque se encontraba en la Dirección de Operaciones sin utilizarse.

En su oficio de respuesta, Quilpué reconoció lo observado y anunció que que iniciaría acciones legales por robo, hurto o apropiación indebida. De todas formas y como las medidas se encuentran en desarrollo, se mantuvo la observación.

Demoliciones inconclusas

La Contraloría detectó graves irregularidades en otra entidad, la Dirección Regional de Arquitectura (DRAV) de la seremi de Obras Públicas. En este caso, por la contratación y ejecución de demoliciones. El Informe de Investigación Especial N° 500 revisó trabajos efectuados entre febrero y diciembre de 2024, el año del megaincendio, y cuestionó la legalidad de decretos, pagos, multas y el cumplimiento de principios de eficiencia y probidad.

Se estableció que la DRAV autorizó un pago improcedente de $434.112.000 a MCueto Excavaciones SpA por la supuesta demolición de 114 viviendas. En 98 casos solo se retiraron escombros y en otros hubo demoliciones parciales. La Contraloría formulará reparos para exigir el reintegro de los fondos. Además, 103 viviendas no fueron demolidas por Sociedad Demoliciones Mario Porzio S.A.. El informe señala que si no se justifican en 30 días, se cobrará la boleta de fiel cumplimiento por $122.603.915.

También se detectaron irregularidades en los procesos de contratación, fechado de documentos, plazos insuficientes, comunicaciones informales con proveedores y evaluaciones inconsistentes, lo que vulnera principios de transparencia e igualdad. En control interno, hubo falta de segregación de funciones y deficiencias en fiscalización técnica, sin registros ni respaldos fotográficos suficientes.

En paralelo, el Informe Final N° 805 de 2025 cuestionó la contratación de San Nicolás SpA para demoler 209 viviendas en El Olivar. La empresa recibió $782.939.080 por partidas no acreditadas y fue contratada sin demostrar experiencia ni solvencia, con sobreprecios respecto de otras ofertas.

La Contraloría instruyó un sumario administrativo y remitirá todos los antecedentes recabados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para que puedan realizar las acusaciones pertinentes.