El escándalo por la detección por parte de Contraloría de 25.078 funcionarios públicos que encontrándose en periodo de licencia médica viajaron fuera de Chile, sigue dando de qué hablar. La crisis es tal que, según la última información, en el gobierno central se les ha iniciado sumario a 6.592 funcionarios, quienes se enfrentan a severas consecuencias, según han prometido desde el Presidente Gabriel Boric hacia abajo.

“Vamos a actuar con mucha firmeza”, dijo este miércoles en Radio Cooperativa el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

Y es que los sumarios tienen posibles consecuencias penales y también administrativas. Las segundas dependerán de si se derivan antecedentes a los tribunales, y entre las primeras, acorde al Estatuto Administrativo que rige a los funcionarios públicos, está el rechazo de la licencia frente al asegurador y la devolución de los fondos al servicio en el cual trabajan o trabajaban.

En cuanto a las sanciones, estas pueden incluir la destitución o la suspensión con reducción de sueldo. Pero también puede haber un sobreseimiento o absolución en casos específicos. Un ejemplo es el caso de las licencias maternales, situación que, tal como aclaró la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), no es incompatible con el hecho de viajar.

De hecho, el pasado 26 de mayo y justo en medio de este caso, la Suseso emitió una resolución en la que sentencia que con una licencia de pre y posnatal no se incumple al desplazarse dentro o fuera de Chile, porque es un descanso derivado del embarazo y no de una enfermedad.

Por el contrario, sí se incumple la licencia si hay un desplazamiento habiendo un reposo por patología del embarazo o por enfermedad grave del hijo menor de un año.

De acuerdo al balance entregado por el Ministerio de Hacienda y Dipres hasta las 21 horas del lunes 26 de mayo, 131 instituciones del gobierno central (se excluyen municipios y Fuerzas Armadas) ya habían iniciado procesos sumariales, lo que incluye a todos los ministerios. La idea del gobierno ha sido ponerle mano dura, con la misión paralela de no empañar la cuenta pública de este domingo de Boric.

“Al final podríamos decir que por unos pocos inescrupulosos todo el resto de la sociedad termina pagando y eso es inaceptable. En este caso además, cuando hablamos de funcionarios públicos, ellos mantienen su remuneración, y después el servicio puede cobrar el subsidio de incapacidad laboral”, aseveró Elizalde, añadiendo que “se ha pretendido darle un cariz político a este debate y la verdad es que lamentablemente esta es una práctica bastante generalizada y que se viene realizando desde hace ya bastante tiempo”.

Según el Ejecutivo, uno de cada diez funcionarios involucrados en estos casos ingresó al Estado a partir del 2022, mientras que los otros nueve provenían de años anteriores.

Del total de casos informados públicamente por el ente contralor, 12.503 corresponden al gobierno central, lo que equivale al 33% de las situaciones detectadas y a 7.990 funcionarios. Cabe recordar que los casos pueden implicar más de una licencia por persona y que un sumario, que se lleva a cabo por fiscales designados en cada institución, puede incluir a más de un funcionario.

La diferencia entre los sumarios iniciados y la cifra total de trabajadores se explica principalmente porque hay 1.102 personas que ya no están trabajando en las instituciones públicas involucradas, quienes no salieron necesariamente por una renuncia y pueden haberlo hecho por cese de funciones o por destituciones anteriores a esta coyuntura. Mientras, hay al menos 272 casos que ya se encontraban en sumario por esta u otra causa.

El podio

En el balance los Ministerio de Educación y Salud ocupan el primer lugar entre los casos y los funcionarios sumariados. En el primer caso son 3.381 funcionarios que aparecen en la lista de la Contraloría y 3.381 los que serán sumariados, mientras que en el caso de Salud son 2.193 los funcionarios que aparecen y 2.082, los sumariados. Más atrás aparece Justicia, con 562 funcionarios involucrados y 411 sumariados.

Pero ¿por qué Mineduc y Minsal tienen particularmente tantos casos? De partida, son dos de los ministerios con más funcionarios en el país y bajo ellos residen tres tipos de instituciones donde se pesquisaron más casos: la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), Fundacion Integra -entre ambos suman 4.214 licencias en la mira-, y los hospitales públicos, con 2.769 casos. A estos últimos hay que sumar los funcionarios de los 29 servicios de salud del país.

Desde la cartera comandada por Nicolás Cataldo señalan que como Ministerio de Educación, al igual que todo el gobierno, “condenamos estos hechos graves y estamos tomando las acciones para que se establezcan las respectivas responsabilidades y se apliquen las sanciones que correspondan”.

En ese contexto, señalan, de acuerdo a los oficios remitidos por Contraloría, hasta el martes 27 de mayo se habían instruido 2.467 sumarios administrativos, los cuales involucran a 2.511 funcionarios. De ese total, nueve sumarios involucran a 32 funcionarios de las subsecretarías y secretarías regionales ministeriales; y los otros 2.458 sumarios involucran a 2.479 funcionarios de los servicios asociados. Entre ellos, por ejemplo, Junji e Integra.

El Minsal de Ximena Aguilera, en tanto, fue la única cartera de las consultadas que no entregó la información detallada, señalando que “se encuentra consolidando la información”.

Durante la mañana, eso sí, la secretaria de Estado había dicho en Radio Infinita que “durante este gobierno, gracias a todas las medidas que hemos tomado, eso ha permitido que se produjera una inflexión en el uso de las licencias médicas”.

Mientras, en la cartera de Justicia comandada por Jaime Gajardo, aseveran que tras conocer el informe “instruyó que se iniciaran los sumarios correspondientes en todos los servicios en los que se identificaron casos de mal uso de licencias médicas”.

Y que ahí, sobre la base de lo reportado por Contraloría y las 562 personas en la mira, ya se instruyeron 411 sumarios, mientras que cuentan 66 casos de funcionarios que ya no forman parte de los servicios.

Este ministerio también ve ampliado su número dado que hay servicios que depende de él con un gran número de casos, como Gendarmería (313 casos de 201 funcionarios) o Sename (243 casos de 165 trabajadores), entre otros. En sus subsecretarías, de hecho, sólo hay tres casos.