En una sesión marcada por la transversalidad del apoyo, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad y despachó al Senado el proyecto de ley que introduce adecuaciones a la normativa que prohíbe a los condenados por delitos graves contra sus parejas o familiares -como femicidio, homicidio y lesiones en contexto de violencia intrafamiliar- beneficiarse de la pensión de sobrevivencia cuando la víctima es la beneficiaria de dicho derecho.

La moción, presentada originalmente por el Ejecutivo para modificar la Ley N° 21.675, finalmente se canalizó hacia el artículo 5 bis del Decreto Ley N° 3.500, que regula el sistema de pensiones.

El cambio se concretó tras el análisis de la Comisión de Mujeres y las indicaciones presentadas por el propio gobierno.

¿Qué cambia la ley?

El proyecto establece que los Juzgados de Garantía y los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal deberán declarar, de oficio y en la misma sentencia condenatoria, el vínculo familiar entre víctima y victimario.

Asimismo, se obliga a los fiscales del Ministerio Público a entregar todos los antecedentes necesarios para acreditar dicho nexo.

Los tribunales tendrán un plazo de tres días desde la sentencia ejecutoriada para informar a la Superintendencia de Pensiones, que a su vez notificará a las AFP y Compañías de Seguros de Vida, impidiendo así que los condenados puedan acceder a la pensión de la persona que victimizaron.

Debate parlamentario

Durante la discusión, parlamentarias y parlamentarios resaltaron la importancia de cerrar vacíos legales que permitían situaciones calificadas como inaceptables, subrayando lo sorprendente y contradictorio que un femicida o un agresor pudiera obtener un beneficio patrimonial de la víctima a la que le arrebató la vida.

Los legisladores valoraron el rol explícito que ahora tendrán los tribunales en la comunicación hacia la Superintendencia de Pensiones, lo que asegurará la eficacia de la ley, señalando que no basta con declarar la prohibición, sino que había que establecer un mecanismo claro de información y fiscalización, cerrando la puerta a cualquier resquicio.

El debate también sirvió para reiterar que esta medida se enmarca en los esfuerzos del Estado por erradicar la violencia de género. Los parlamentarios llamaron a continuar fortaleciendo políticas públicas y marcos legales que resguarden la dignidad y los derechos de las mujeres.

Con esta votación, el proyecto pasa ahora al Senado, donde continuará su tramitación legislativa.