Diputados de distintas bancadas presentaron un proyecto de ley contra las acusaciones, denuncias o querellas sobre falsos delitos sexuales, estableciendo sanciones penales proporcionales y mecanismos de reparación para quienes resulten injustamente afectados.

La iniciativa fue presentada por los diputados Cristóbal Urruticoechea, Harry Jürgensen, Ximena Ossandón, Marcela Riquelme y Johannes Kaiser.

El proyecto es apoyado además por los diputados Andrés Jouannet, Héctor Ulloa y Marisela Santibáñez.

Asimismo, cuenta con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil como las fundaciones “Ni un día más”, “Ley Falsas Denuncias”, y el actor Cristián Campos, que acompañaron el punto de prensa en el que se dio a conocer el proyecto este martes, en el Congreso Nacional.

Actor sobreseído

Cristián Campos fue acusado de abusos deshonestos en contra de la sicóloga Raffaella di Girolamo, hija de su expareja, siendo ella menor de edad.

En una sentencia de primera instancia, del 34° Juzgado del Crimen de Santiago, conocida a fines de mayo, se estableció que los abusos denunciados por la hijastra del actor existieron; sin embargo, se determinó sobreseer por prescripción.

Posteriormente, en un fallo conocido a mediados de agosto, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el sobreseimiento, señalando que “no es posible determinar la culpabilidad en el ilícito”.

En septiembre la Corte Suprema desestimó “de plano” un recurso de queja con el que la parte denunciante buscaba impugnar esa resolución. Tras esto, el actor demandó a la denunciante y la Fundación para la Confianza, entidad que la representó.

Campos, en el punto de prensa en el Congreso, llamó a reflexionar sobre la cancelación social y el deber cívico de respetar la presunción de inocencia.

Detalles de la iniciativa

El proyecto tipifica de manera expresa la denuncia falsa como delito, eliminando la exigencia de acreditar el dolo inicial, de modo que el solo hecho de que la denuncia sea declarada falsa mediante sentencia permita su sanción penal.

La iniciativa contempla penas de presidio menor y multas económicas, con agravantes cuando la acusación falsa haya provocado la suspensión del régimen de relación directa y regular o la separación injustificada de un menor de edad de uno de sus progenitores.

“No se puede permitir que las denuncias falsas continúen destruyendo vidas, provocando pérdida de empleo, daño reputacional, cárcel injusta y, especialmente, la ruptura del vínculo entre padres e hijos”, manifestó el diputado Cristóbal Urruticoechea.

Por su parte, la diputada Marcela Riquelme explicó que “si bien actualmente existe la figura de la denuncia calumniosa en el Código Penal, esta exige acreditar dolo o malicia, lo que en la práctica impide sancionar la mayoría de los casos”.

Riquelme aseguró que el proyecto no desincentiva las denuncias legítimas, sino que protege a las verdaderas víctimas y sanciona a quienes incurren en falsas acusaciones muchas veces con fines de venganza o para obtener beneficios indebidos.

En noviembre del año pasado, ante una denuncia respecto a un ataque sexual a una integrante de su equipo parlamentario, investigada por el Tribunal Supremo del Frente Amplio, Riquelme renunció al partido y recurrió al Ministerio Público para que indague penalmente.

Programas de prevención

El proyecto presentado por los diputados faculta al Poder Judicial, al Ministerio Público y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para implementar programas de capacitación, prevención y detección de denuncias falsas, así como protocolos de sensibilización y difusión pública sobre esta problemática, con el fin de fortalecer un sistema de justicia más justo, equilibrado y respetuoso de los derechos fundamentales

El diputado Johannes Kaiser recalcó que “no es aceptable partir de la presunción de culpabilidad del acusado sin exigir responsabilidad a quien provoca un daño permanente mediante una denuncia falsa”.

Kaiser dijo que la iniciativa no enfrenta a hombres contra mujeres, sino que busca un sistema de justicia equilibrado, que sancione la mala fe y desincentive la denuncia falsa sin afectar el derecho a denunciar hechos reales.