“La señora Josefina Huneeus es una imputada en esta investigación. Sin ninguna duda y categóricamente. Lo ha sido, lo sigue siendo y lo será hasta que la investigación termine y se tomen las determinaciones que correspondan. Se le investiga por fraude al Fisco, lavado de activos y tráfico de influencias“.

Así, con estas palabras y sin titubeos, el fiscal de Antofagasta Eduardo Ríos sostuvo ante la Corte Suprema cuál es la situación judicial que sigue vigente respecto a la siquiatra y exesposa de Alberto Larraín, fundador de la ONG que hoy está en la mira por millonarios convenios.

La postura del investigador fue transparentada ante la Sala Penal del máximo tribunal el lunes pasado, cuando le tocó ir a defender la investigación del caso ProCultura ante el recurso de amparo presentado por los abogados Alejandro Awad y Miguel Schürmann, quienes representan a la mujer.

Este martes, pasado el mediodía, se informó que la acción constitucional de Huneeus fue acogida por 3 votos a 2, en fallo dividido. El efecto inmediato: la Fiscalía debe eliminar todas las escuchas telefónicas de la imputada que están registradas en el expediente por haber sido obtenidas de manera ilegal.

¿Qué pasó el día después de esta derrota en el Ministerio Público? “Seguimos”, responde con ironía una fuente del organismo persecutor, quien además recalca la reacción del propio fiscal nacional Ángel Valencia expresada este martes tras conocerse el fallo de la Suprema.

“Esto está muy lejos de ser una resolución definitiva respecto del caso Convenios, y en particular del caso ProCultura, cuya investigación sigue adelante y goza de muy buena salud”, dijo a la salida de una comisión en el Congreso.

¿Victoria pírrica?

Y es que no pocos al interior del ente persecutor acusan que esta es una “victoria pírrica” de las defensas, ya que -a juicio de estas fuentes- para poder “vencer”, el costo fue significativo y se habría destapado una estrategia penal de un grupo de abogados que busca, en su conjunto, proteger las esquirlas de este caso que llegaron a La Moneda.

“Quizás la principal escucha que se buscaba eliminar es justamente la conversación de Huneeus con el Presidente Boric que quedó al descubierto o, incluso, aquella que abrió la arista por eventual financiamiento ilegal de actividades políticas”, apunta un conocedor de este “megacaso” que involucra a varias regiones del país y miles de millones del erario fiscal.

Sin embargo, otras fuentes recalcan que la indagatoria sigue adelante y ya se alistan las primeras formalizaciones a 16 personas. Una decisión que ya estaba en marcha cuando Valencia reasignó el caso que pasó de manos del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, al de Antofagasta, Juan Castro Bekios, todo esto tras el “terremoto” que significó el fallo unánime de la Corte de Apelaciones nortina que despedazó al Ministerio Público al acoger el amparo de Huneeus.

Y pese a que el principal riesgo de la Fiscalía, al apelar a la Suprema, era volver a tener una sentencia llena de cuestionamientos al actuar del ente perseguidor, esos temores se atenuaron con el fallo dividido, en el que fueron vitales, además, los votos de dos abogados integrantes que fueron nominados por el actual gobierno: José Miguel Valdivia y Andrea Ruiz.

De hecho, varias defensas de otros casos analizaban con expectación lo que sucediera con el amparo de Huneeus, y fue el resultado el que los convenció que “no están los hornos para bollos” con los dos votos de jueces titulares en contra y una “mayoría” circunstancial.

¿Por qué no recusar a los abogados?

Y es que además el voto de minoría que le daba la razón al Ministerio Público fue concedido por dos ministros titulares de la Sala Penal, Manuel Valderrama y María Teresa Letelier. La pregunta entonces que rondó al interior de los pasillos del Ministerio Público fue “¿por qué no se recusó a ambos abogados integrantes que, se entiende, podrían tener algún tipo de simpatía, agradecimiento o vínculo con el Ejecutivo que se ha visto afectado por este caso?“.

Y no tan solo por eso, sino que también en causas importantes se insta a tener una sala con jueces titulares que marquen jurisprudencia o una visión del máximo tribunal sobre un tema, como por ejemplo sucede con los amparos que llegan por prisión preventiva.

El “mea culpa” interno fue que se decidió no pedir la inhabilidad, ya que la causa se retrasaría y lo más probable, por la falta de nominación de supremos, es que se cambiaría por otros “abogados integrantes” que también fueron nominados por este gobierno.

Ahora el análisis se hizo y se pensó que era más costoso y podrían quedar además expuestos a parecer “poco serios” o esperando algún tipo de victoria por secretaría o -lo que es peor-, indisponiendo a la Sala Penal, que es donde litiga el Ministerio Público. Por tal motivo se desechó esa opción.

No pocos, al ser requeridos por “el día después del amparo”, sostuvieron durante la jornada en la Fiscalía que “al menos se salvó el honor” de una institución que se vio seriamente afectada por los epítetos que ocupó la Corte de Antofagasta, relativos a actuaciones que recordaban la dictadura, y que el voto de minoría de la Suprema sostuvo que habían sido “innecesarios”.

“Se perdió una diligencia muy marginal, este caso es grave y complejo, así que ‘seguimos’“, vuelve a ironizar la misma fuente.