A las 10.49 de la mañana del 12 de enero del 2024, llegó hasta el exterior de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, un hombre a bordo de una bicicleta. El sujeto, por entonces de identidad desconocida, lanzó hacia el interior de ese recinto penal una serie de panfletos.

Los papeles, que tenían mensajes por ambos lados, calificaban a esa cárcel como un “centro de tortura y exterminio con régimen de aislamiento ilegal ante la ley vigente en $hile” (sic)“.

Más allá del mensaje, lo que encendió las alarmas de lo sucedido fue que en esos papeles también venía impresa la cara del entonces ministro de Justicia, Luis Cordero, del ahora exdirector de Gendarmería, Sebastián Urra y de la exalcaide de Santiago Uno, Fabiola Valladares, con una cruz en rojo y con imágenes de armas.

“El verdadero crimen organizado lo autoriza el Presidente de la República, ministro de Justicia, director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra y su peona alcaide, Fabiola Valladares. ¡Toturadores!” (sic), señalaba el escrito.

Tras la pista del autor

A raíz de estas amenazas, Gendarmería presentó una querella y el Ministerio Público comenzó una investigación que llevó adelante la Fiscalía Metropolitana Sur, organismo que designó al fiscal de Alta Complejidad, Claudio Orellana a cargo de la indagatoria.

Dicha investigación rindió frutos. Cinco meses después, y tras una importante investigación del ente persecutor, Carabineros logró la detención de César Pizarro Pizarro, un sujeto de 44 años, quien pudo ser situado en el lugar de los hechos a través de diversas diligencias, las que lo permitieron identificar como el autor de las amenazas.

El 26 de junio de 2024, Pizarro, quien contaba con antecedentes por hurto y amenazas, fue formalizado por tres delitos de amenazas en diferentes grados y quedó sujeto a las medidas cautelares de firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas.

Poco más de un año después de aquello, la Fiscalía finalmente presentó la acusación en contra de Pizarro para llevar a juicio al autor de las amenazas en contra de la autoridad. Aquello se concretó esta semana, luego de que se efectuara un juicio abreviado en el que se condenó al sujeto de 44 años.

Pizarro fue hallado culpable este jueves 25 de septiembre de los delitos de atentado contra la autoridad, por la amenaza a Cordero, y por dos delitos de “amenazas no condicionales” en contra de los dos integrantes de Gendarmería.

A raíz de aquello, se le condenó a 541 días de presidio, es decir cárcel, además de la suspensión de cargo u oficio público por ese tiempo. Sin embargo, y dado que cumplía con los requisitos, se dictó la remisión condicional de esa pena y quedó sujeto al control y asistencia al Centro de Reinserción Social de Gendarmería.

La misma condena advierte que “si la pena sustitutiva impuesta fuese revocada o quebrantada el condenado cumplirá íntegra y efectivamente la pena privativa de libertad impuesta”.

Consultados al respecto, desde el Ministerio de Seguridad, cartera que actualmente encabeza el ministro Cordero, valoraron la resolución de la justicia la que calificaron como “una señal para perseguir a quienes buscan amenazar de muerte a autoridades”.

El autor

César Pizarro, recientemente condenado por las amenazas a las autoridades, es una persona conocida en el mundo penitenciario. El sujeto es el director de la ONG 81 Razones por Luchar, la que agrupa a familiares y amigos de las 81 internos que murieron en el incendio de la Cárcel de San Miguel en 2010. El hombre de 44 años, de hecho, es hermano de uno de los reclusos fallecidos.

Anteriormente, en sus redes sociales Pizarro se definía como “anti-karcelario” y en estos espacios comparte imágenes, videos y textos relacionados a temas penitenciarios, cuestionando al sistema carcelario. “La cárcel sigue causando estragos y terribles consecuencias físicas y psicológicas para quienes pasan por ella. Hoy los tiempos son muy difíciles y adversos, cada vez somos más las personas encarceladas dentro de los mismos muros que han dejado morir a miles de personas en $hile”, publicó en febrero del 2021.

Pero más allá de encabezar la ONG, Pizarro también tuvo un intento por llegar a la política al postularse como candidato a la elección de convencionales constituyentes por el distrito 12 en el pacto Apruebo Dignidad.

En ese intento infructuoso por llegar a redactar la propuesta constitucional, Pizarro causó polémica por su posición ante la pandemia del Covid-19 que en aquel momento estaba en su peak. “Soy antipandemia, no creo en esto del gobierno, que nos están implementando la ‘plandemia’, y hago un llamado importante a que nuestra población, nuestra gente, que no cree en este Estado, en esta política ni en los poderosos, a que no nos vacunemos”, afirmó en sus redes sociales y que generó el repudio hasta de sus compañeros de lista.