“Esto ya no da para más, hay que buscar resolverlo (...) y de una vez por todas desocuparse ese terreno”.

Las palabras denotan la molestia del ministro de Vivienda, Carlos Montes. Las dijo el lunes 11 de agosto para referirse a la polémica por la toma del terreno de la familia Correa Uribe en Quilpué. Y es que acorde a Valentina Correa, hija de Alejandro Correa, dueño del predio y asesinado en 2020 mediante sicariato presuntamente por el terreno, el Ejecutivo no ha acatado la orden de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que zanjó la demolición de las construcciones irregulares en el terreno.

Ese 11 de agosto Montes señaló que “la familia Correa tiene todo el derecho a recuperar su terreno, el problema es que hay que hacer que esto camine”.

Quizás si el gran nudo del conflicto es que las partes han traspasado a las otras la responsabilidad sobre quién tiene que solicitar la orden de desalojo.

Desde el Serviu han dicho que son los dueños los que debiesen hacerlo. “Es importante precisar que, según lo que estipula el protocolo de derechos humanos de la Excelentísima Corte Suprema, primero se debe desalojar a las familias antes de proceder con la demolición, lo cual tiene que ser solicitado y ejecutado por la familia Correa al tratarse de un terreno privado”, dijeron hace algunos días.

Mientras, la familia Correa, a través de su abogada, ha dicho que si el Serviu quiere coordinar el desalojo lo tiene que hacer con la Municipalidad de Quilpué, por ser quien pidió la medida de demolición.

En el Minvu, por su parte, han señalado que ya cumplieron con notificar la demolición de los inmuebles, que ya están los recursos para ello y que oficiaron al Serviu para que lo haga. En medio de esto, la bancada de la UDI pidió a Contraloría pronunciarse sobre quién es el responsable de solicitar el desalojo.

Y mientras el tiempo sigue pasando, queda en evidencia que existe una tensión entre Montes y la Delegación Presidencial de Valparaíso, que depende del Ministerio del Interior, porque esta última repartición no han hecho los esfuerzos suficientes para empujar el desalojo y, de paso, tenía la responsabilidad política de contener un conflicto que se viene arrastrando desde hace tiempo.

El delegado Yanino Riquelme, en tanto, ha señalado que no existe una orden de desalojo que ejecutar.

En el Minvu, de hecho, miran de reojo la Resolución Exenta del 3 de septiembre de 2024, cuando se creó la Mesa de Coordinación Intersectorial Regional para tratar los desalojos ordenados por sentencias judiciales.

En ella se estableció, entre otras cosas, que dicha mesa sería dirigida por la correspondiente Delegación Presidencial (que le reportan, justamente, a Interior), y que también integrarán el Serviu regional y las seremis de Desarrollo Social, Vivienda y Bienes Nacionales.

La delegación, de hecho, es la encargada de asumir la Secretaría Técnica de cada una de esas mesas, y entre otras tareas está ejecutar las gestiones que la mesa decida encomendarle.

Con eso en la mira, cuando el 11 de agosto Montes habló sobre el problema, a esa altura ya había escalado -y formalizado- su intención de acelerar el desalojo, que ya lleva 9 meses de retraso.

Tres días antes -8 de agosto- el ministro había enviado un oficio al subsecretario del Interior, Víctor Ramos, para solicitarle coordinar con el delegado presidencial de la Región de Valparaíso para realizar las acciones necesarias para el desalojo.

En el escrito Montes le recuerda a Ramos la cronología de las acciones judiciales que, principalmente la familia afectada, han llevado a cabo para concretar el desalojo.

Luego señala que la familia Correa insiste en su punto sobre a quién le corresponde pedir el desalojo, lo que en los hechos ha impedido la demolición.

En ese sentido, según fuentes de gobierno, el escrito termina pidiéndole a Interior que intermedie con la Delegación Presidencial de Valparaíso para que esta coordine las acciones de desalojo.