Una fuerte crítica al funcionamiento del sistema de comunicaciones entre el Poder Judicial y Gendarmería emitió este martes el fiscal Marcos Pastén, jefe de la división administrativa del Ministerio Público, en el marco de la investigación por la insólita liberación de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, imputado por el homicidio del empresario José Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.

El persecutor, en entrevista con T13, fue enfático en responsabilizar a la estructura del sistema: “Lo que yo diría con total responsabilidad es que el sistema es absolutamente feble, vulnerable (…) decirle a la opinión pública una cosa distinta sería prácticamente hasta insultante”.

La liberación de Ferrer, quien estaba en prisión preventiva tras ser imputado por un crimen vinculado al crimen organizado, ocurrió la noche del jueves 10 de julio bajo confusas circunstancias.

Según Pastén, la audiencia concluyó cerca de las 20:15 horas del miércoles 9, y en ese contexto “se entrega el detenido con una orden escrita manual, que es la que ingresa, y es por eso que ingresa a Santiago 1, no pudo haber ingresado con una orden que dijera que estaba en libertad”.

Posteriormente, se enviaron los oficios formales, donde -según explicó- uno de ellos estaba incorrecto y permitió la excarcelación.

“En la dinámica de las comunicaciones entre Gendarmería y el Poder Judicial (…) hay una serie de procedimientos y protocolos que están establecidos para el millón de audiencias que aproximadamente tiene el Ministerio Público en un año”, indicó Pastén.

A pesar de la incorporación de herramientas digitales en los últimos años, advirtió que todavía existen procesos manuales que generan un margen de error crítico.

Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio Público resolvió derivar la investigación a la Fiscalía Metropolitana Occidente y conformar una fuerza de tarea especial. “Lo que hemos dispuesto es conformar una fuerza de tarea para la investigación de este grave hecho. Me refiero principalmente en nuestro caso, a la evasión del detenido”, informó Pastén, agregando que las diligencias se centrarán en reconstruir el flujo de información entre el 8° Juzgado de Garantía y Gendarmería.

Jueza “no habría incurrido en dolo”

Cabe señalar que durante esta jornada, la jueza Irene Rodríguez -quien autorizó la orden- se declaró inocente de cualquier acción irregular: “No hubo ni un dolo, ni una corrupción, ni nada en el Poder Judicial (…). Me declaro inocente en ese sentido”, sostuvo a 24 Horas.

Al respecto, Pastén en entrevista con T13, aclaró que la jueza Irene Rodríguez no habría incurrido necesariamente en dolo o corrupción, como ella misma aseguró.

“La magistrada dice la verdad cuando señala que ella firmó las tres resoluciones. También es correcto decir que esas resoluciones le fueron comunicadas a Gendarmería de Chile”, fundamentó.

La liberación de Ferrer ha encendido las alarmas tanto en el sistema judicial como en el ámbito político. Para el fiscal Pastén, este caso es un reflejo de un problema estructural que necesita ser abordado con urgencia.

“Todo esto está instalado desde que la reforma (...) Se le ha ido añadiendo sistemas digitales, comunicaciones electrónicas, existe una red de gestión penal en el Poder Judicial, etc. Pero si en definitiva esto queda sujeto a la redacción de un oficio y a la lectura correcta de todos los oficios, yo digo que el sistema es feble”, subrayó.

La investigación sigue su curso y, por ahora, el Ministerio Público busca establecer eventuales responsabilidades administrativas o penales en este hecho.