En septiembre del año pasado, los diputados del Partido Socialista (PS) Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, querellantes en el llamado caso Audio, anunciaron acciones para impulsar una acusación constitucional contra jueces involucrados en la trama de presunto tráfico de influencias que el abogado Luis Hermosilla habría instalado en el Poder Judicial.

Ad portas de la decisión de la Corte Suprema respecto de Antonio Ulloa, uno de los magistrados con los que el influyente penalista se relacionó, los diputados reiteraron ese anuncio.

Los diputados firmaron una declaración junto a una decena de pares en la que exigen “una respuesta firme” del máximo tribunal ante los hechos que involucran a Ulloa.

“Las investigaciones y el propio sumario han revelado conversaciones y coordinaciones que, según los registros publicados, buscaron incidir en al menos 14 nombramientos de jueces y fiscales. Eso no es gestión institucional: es captura de cargos y colocación de personas afines que debilita la independencia judicial”, advirtieron los firmantes del documento.

Los diputados recalcan que “por su alcance y ramificaciones, una persona con estas prácticas no puede seguir en el Poder Judicial”.

“Nos reservamos el derecho a ejercer las herramientas que nos otorga la Constitución para resguardar la independencia judicial y la probidad en la justicia. La justicia no puede ser un club de favores”, advirtieron.

En enero de este año, el máximo tribunal ordenó a la Corte de Apelaciones abrir un sumario para Ulloa, tras un reportaje de The Clinic sobre mensajes entre el juez y el exasesor del Ministerio del Interior.

El caso de Ulloa fue revisando casi en paralelo al de Verónica Sabaj, su par en el tribunal de alzada que terminó siendo removida.

Se especula, sin embargo, que no está claro que él corra la misma suerte, atendiendo la división que existiría en el Pleno de la Suprema.

Cuando el máximo tribunal acordó abrir un cuaderno de remoción respecto a Ulloa, el ministro de la Corte de Santiago fue beneficiado con una rebaja en dos meses de la suspensión que se le impuso previamente.

Ulloa pidió al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, dejar de dilatar su remoción y que solo voten ministros titulares.