Bajo la medida cautelar de prisión preventiva quedaron Agustín Pablo Saavedra Opazo y Luciano Haroldo Gutiérrez Romero, ambos imputados por el Ministerio Público como coautores del delito de homicidio calificado, perpetrado en contra de un joven de 20 años, durante una celebración de Año Nuevo en Talcahuano, Región del Biobío.

La medida fue decretada por el Juzgado de Garantía de dicha ciudad, estimando que el crimen se cometió con alevosía y premeditación.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, los hechos se registraron alrededor de las 03.30 horas del 1 de enero de 2026, en el contexto de una fiesta de Año Nuevo realizada en el local Espacio Marina, en la comuna de Talcahuano, donde más de 2.000 personas se encontraban reunidas celebrando la llegada del año nuevo.

Según la imputación, Saavedra Opazo y Gutiérrez Romero, junto a un grupo de sujetos aún no identificados, se acercaron a la víctima, Cristóbal Miranda Olivares, de 20 años, para increparlo por un altercado previo ocurrido dos semanas antes en un local nocturno de Concepción.

A ello se suma que -conforme a lo señalado por el ente persecutor- los imputados habrían anunciado previamente la agresión mediante publicaciones en la red social Instagram.

En el lugar, los agresores habrían obligado a la víctima a arrodillarse y pedir perdón.

Ante la negativa de Miranda Olivares, el imputado Saavedra Opazo lo golpeó en el rostro, provocando su caída al suelo, instante en que el grupo comenzó a agredirlo con golpes de pies y puños.

El joven fue auxiliado por su hermano y amigos, quienes lo trasladaron de urgencia hasta la Clínica Biobío, donde ingresó con un traumatismo encéfalo craneano grave.

Pese a los esfuerzos médicos, la víctima falleció dos días después a causa de la gravedad de sus lesiones.

Las diligencias investigativas permitieron que equipos especializados del OS-9 y de Labocar de Carabineros del Biobío concretaran la detención de los involucrados durante la madrugada del domingo 4 de enero, en un operativo coordinado que permitió reunir antecedentes clave para sustentar la formalización por homicidio calificado.

Durante la audiencia de formalización, la magistrada Andrea Rodríguez ordenó el ingreso de ambos imputados a un recinto penitenciario, al considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación penal.

En la misma resolución, el tribunal fijó un plazo de investigación de cuatro meses.