Son las 8.15 de la mañana del jueves 30 de octubre y el ministro (s) de Justicia, Ernesto Muñoz (PL), presencia desde uno de los extremos del patio principal de la ex Penitenciaría, conocido como el óvalo, el desencierro de la galería 11, lugar donde se mantienen recluidos cerca de 190 condenados. A su alrededor hay cinco escoltas que, por protocolo, no se pueden alejar de él, aunque hay otro grupo que vigila a distancia portando escopetas antidisturbios.

Bajo el sol, algunos gritos desde calles y celdas de la unidad acompañan el conteo de los reos que inician su día y que se preparan para recibir su primera comida del día: tres panes, un huevo duro y un flan de chocolate.

A medida que la cancha se va poblando, la autoridad junto al alcaide, coronel Álex Hermosilla, comentan la “nueva realidad de la unidad”. Llevan meses sin incidentes y repiten que la doctrina impartida por los funcionarios les permite tener total acceso a las dependencias. Hay respeto entre gendarmes e internos, dicen las autoridades.

La mayoría de los reos saluda al ministro (s) y al coronel, pero cuando aparecen los flash de las cámaras prefieren ocultar la mirada y mimetizarse con sus pares. Ahí, a la luz del día, todos se muestran apegados a las normas internas, aunque en las celdas los gendarmes no tardan ni 10 minutos en encontrar elementos prohibidos. Un celular y dos estoques son el saldo de una revisión rápida de un pequeño dormitorio que alberga 10 internos.

Es eso, el hacinamiento, el principal desafío. Eso sí, Muñoz insiste en que el proyecto de fast track penitenciario -que se acaba de despachar del Congreso- implicará avanzar más rápido en construcción de nuevos espacios y así descomprimir la sobreocupación que acecha.

¿En qué se traduce la ley de fast track penitenciario?

En reducir los tiempos de construcción de cárceles a prácticamente la mitad. Construir una cárcel demora más de 10 años, pero con la nueva ley esto va a tardar alrededor de cinco y se va a poder cumplir con el itinerario que está definido en el Plan Maestro de Infraestructura, es decir, que al año 2030 se espera agregar 15.000 nuevas plazas al sistema, lo que es imprescindible para hacerse cargo de la situación de hacinamiento y sobrepoblación, y avanzar en segmentación adecuada, evitar contaminación criminológica e implementar mejores planes de reinserción.

¿Hay planes para la ex Penitenciaría? Esta es la unidad más antigua del país y donde hay más personas recluidas.

El proyecto de ampliación de Santiago 1, cuya construcción comenzaría el segundo semestre de 2026, va a permitir no sólo hacer mejor segmentación en ese recinto, sino también reducir la presión sobre estos penales continuos, como la ex Penitenciaría, que a pesar de su nivel de ocupación, no es la de antes. Antes teníamos un óvalo al que llegaban internos de todos los patios, pero como usted, ve hoy está dividido. Esto impide tener situaciones del pasado donde los grupos internos se enfrentaban en batallas campales, entre una galería y la otra. Ahora esto está completamente controlado. Acá se hace el desencierro con total tranquilidad, como usted pudo ver entramos a las celdas, podemos entrar a las diferentes galerías y calles. No hay ninguna zona donde no podamos ingresar.

Hoy vemos control en esta unidad, pero el sistema penitenciario a nivel general está con niveles de ocupación muy altos. ¿No es una suerte de olla a presión?

Es una situación que requiere de una planificación seria para poder proyectar mayor capacidad. Hoy día no estamos en riesgo de perder el control de las cárceles. Eso es algo que se ha mantenido gracias a la doctrina de Gendarmería. Lo que sí, es que hay labores muy importantes como el tema de la segmentación y la clasificación que se dificultan muchísimo.

Hay expertos en materia carcelaria, exministros e incluso exgendarmes que advierten que no se toman realmente en serio los asuntos penitenciarios. ¿Qué le parecen esos cuestionamientos?

En mi recorrido por todas las cárceles he visto que el control es efectivo. Nunca me he encontrado con un espacio en una cárcel donde no pueda entrar. Y muchas veces son visitas que no son anunciadas. Las altas jefaturas de Gendarmería también están desplegadas para hacer visitas periódicas y mantener el estado de alerta frente a posibles situaciones y se mantienen coordinaciones con el Ministerio de Seguridad, para el control de perímetros. Acá hay una respuesta mancomunada del Estado. Pero quiero reiterar que el control de los penales no significa que no existan incidentes, eso es imposible, no hay sistema penitenciario en el mundo que no tenga incidentes. Lo que sí, Gendarmería puede entrar hasta el último rincón de las cárceles y eso es algo que está ocurriendo, no es maquillado, es real.

Recién durante los últimos años se ha incorporado a Gendarmería en las planificaciones en materia de seguridad. ¿Fue un error en los diagnósticos no considerarlo antes?

Hoy es evidente que tienen que estar integrados. Estamos en una situación que es distinta a la que teníamos años anteriores. La criminalidad ha ido variando. No solamente por el fenómeno del crimen organizado, sino también por las nuevas técnicas, las nuevas tácticas y también los nuevos delitos que se cometen y las nuevas formas de organización. Y en este contexto, donde el Estado está enfrentando coordinadamente estas situaciones, es evidente que Gendarmería de Chile tiene estar.

¿Cómo se avanza en este fortalecimiento de Gendarmería con un presupuesto que no crece?

Tenemos un presupuesto que es de continuidad, pero que también considera la tramitación de reformas legales tales como el Departamento de Seguridad Especial que ha ido avanzando, por lo que hay consenso importante en que Gendarmería debe tener estas mayores capacidades. Se reconoce que debe haber un régimen especial de máxima y alta seguridad y se fija en la ley un reconocimiento a esa labor mediante dos asignaciones.

¿En qué medida se logra convocar a nuevos aspirantes a gendarmes cuando desde las mismas asociaciones de funcionarios se enfatiza que están en riesgo?

Para muchas personas, ser parte de Gendarmería de Chile es una vocación. Tenemos familias enteras que reconocen cuál es el valor de pertenecer a esta institución y que se van transmitiendo los valores institucionales de respeto y disciplina, por lo que yo creo que siempre vamos a seguir teniendo personas de la mejor condición postulando a Gendarmería. Ahora, para hacernos cargo del fortalecimiento de esa gestión de formación, implementaremos la transformación de la Academia de Gendarmería en una escuela matriz.

Hay expertos que proponen avanzar en indultos generales para descomprimir recintos. ¿Es una opción que esté evaluando el gobierno?

No está considerado generar normativas generales de indultos. No es un instrumento que nosotros vayamos a impulsar. Nos parece que la vía para solucionarlo va por el tema de la construcción de cárceles y también de la mano de medidas alternativas respecto de las cautelares intensivas. Estamos trabajando en la presentación de un proyecto para que estas personas que forman parte del grupo de menor peligrosidad de las prisiones preventivas pudieran cumplirla en sus domicilios con monitoreo telemático.

¿Está el compromiso para que ese proyecto del cumplimiento telemático de la prisión preventiva ingrese antes del 11 de marzo?

Hemos tenido una agenda legislativa activa. Estamos impulsando tribunales laborales, aprobamos recién el tema de la reducción de plazos y este es un proyecto que está considerado en la cartera para que lo ingresemos antes del término del gobierno y creo que tendrá apoyo transversal.

¿Tiene financiamiento?

Está conversado con la Dipres y justamente esos son los temas que estamos afilando para poder ingresarlo.