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Estación Central oficia a Contraloría por presunta ilegalidad de decreto que modifica la ordenanza de construcción

El municipio acusa un exceso de las facultades del Ejecutivo, un debilitamiento de la autonomía comunal, peligros de sobreedificación y deficiencias en el proceso de participación ciudadana.

Estación Central oficia a Contraloría por presunta ilegalidad de decreto que modifica la ordenanza de construcción. Imagen referencial.

La Municipalidad de Estación Central ingresó ante la Contraloría General de la República una denuncia, fechada el 31 de julio y firmada por el alcalde Felipe Muñoz Vallejos, contra el Decreto N.º 68 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que introduce una serie de modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).

El alcalde Muñoz explicó que la acción se sustenta en tres reparos: un eventual exceso de las atribuciones del Ejecutivo, el debilitamiento de la autonomía municipal y deficiencias en el proceso de participación ciudadana.

“Creemos que se están excediendo las atribuciones que tiene, en este caso, el Ejecutivo como para poder dictaminar este tipo de modificaciones sin pasar antes por el Congreso. Está legislando por decreto”, afirmó en diálogo con La Tercera.

La denuncia se produce luego de que el Gobierno ingresara a Contraloría su versión definitiva de la reforma a la OGUC, cuyo objetivo declarado es modernizar la normativa, facilitar la producción de viviendas y acelerar los proyectos de reconstrucción en zonas afectadas por catástrofes.

Acusa exceso de las facultades del Ejecutivo

El primer argumento de Estación Central apunta a un supuesto exceso de la potestad reglamentaria del Presidente de la República.

De acuerdo con el oficio, la OGUC tiene carácter reglamentario y debe limitarse a ejecutar las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Por ello, no podría modificar materias que la legislación reserva a la ley o entrega expresamente a otros instrumentos normativos.

La municipalidad sostiene que el decreto interviene en decisiones relacionadas con densidades, alturas, constructibilidad, estacionamientos y otras condiciones urbanísticas que deben definirse mediante los planes reguladores comunales.

Estación Central oficia a Contraloría por presunta ilegalidad de decreto que modifica la ordenanza de construcción

Uno de los principales reparos se concentra en la modificación del coeficiente utilizado para convertir la densidad expresada en habitantes por hectárea al número de viviendas que pueden construirse.

La normativa vigente utiliza un coeficiente de cuatro habitantes por vivienda. El decreto propone reducirlo a 2,8 habitantes por unidad como regla general.

En proyectos ubicados a menos de 600 metros de una estación de metro, tren, tranvía, teleférico o corredor de transporte público, el coeficiente bajaría a 1,4 habitantes por vivienda. Para aquellos situados a menos de 300 metros de una vía expresa o troncal, quedaría en dos.

La municipalidad plantea que esta fórmula permitiría intensificar la construcción residencial sin modificar formalmente la densidad fijada por los planes reguladores. El oficio calcula que un terreno proyectado para 100 viviendas podría llegar a albergar 200 o cerca de 286 unidades, dependiendo del coeficiente aplicado.

“Uno no se puede oponer a la densificación; sin embargo, creemos que tiene que ser una densificación de carácter planificada”, sostuvo. Según explicó, cualquier aumento de población debe estar acompañado por nuevos centros de salud, jardines infantiles, áreas verdes y redes sanitarias capaces de responder a la mayor demanda.

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Según los antecedentes incluidos en el oficio, entre 2002 y 2021 el número de viviendas de Estación Central aumentó de 32 mil a 83 mil, mientras la población pasó de 130.394 a 206.792 habitantes.

Solo entre 2013 y 2020 se habrían construido 14.151 viviendas en un área de 33 hectáreas comprendida entre la Alameda, General Velásquez, Ecuador y Las Rejas.

Muñoz advirtió que la reforma podría permitir que en otras comunas se repitan situaciones similares a las vividas en Estación Central. “Lo que sufrió Estación Central fue una atrocidad. Se generó una zona de sacrificio urbano, un urbanicidio”, afirmó el jefe comunal.

Según aseguró, durante las lluvias recientes se registraron colapsos sanitarios en al menos 17 edificios de la comuna. “Las empresas sanitarias tampoco cambiaron los colectores que pudieran adaptarse a la nueva situación de la comuna”, cuestionó.

Debilitamiento de los municipios

El segundo eje de la denuncia apunta a un supuesto debilitamiento de la autonomía de los gobiernos comunales.

La Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades entregan a los municipios la función de elaborar, aprobar y modificar sus planes reguladores.

Estación Central sostiene que el Decreto N.º 68 reemplaza parte de esa planificación local por reglas uniformes de aplicación nacional, sin considerar las diferencias territoriales, sociales y de infraestructura existentes entre las comunas.

Estación Central oficia a Contraloría por presunta ilegalidad de decreto que modifica la ordenanza de construcción

Además del cambio en densidad, el oficio objeta normas que reducirían la capacidad de los planes reguladores para limitar los beneficios de altura y constructibilidad otorgados a determinados proyectos inmobiliarios.

“Los planes reguladores lo que hacen es precisamente planificar. Permiten que la comuna pueda decir: en estos tiempos vamos a poder construir de esta manera”, explicó

Reparos al proceso de consulta pública

El tercer fundamento está relacionado con el proceso de participación ciudadana desarrollado por el Minvu entre el 8 y el 22 de abril.

De acuerdo con los datos consignados en el oficio, la consulta recibió 958 registros, de los cuales 764 contenían opiniones técnicas. Además, se contabilizaron 96 participaciones provenientes del sector público, 80 de ellas correspondientes a municipalidades.

Estación Central acusa que el ministerio no respondió de manera concreta y fundada las observaciones presentadas. El municipio también cuestiona que el balance haya sido procesado con apoyo de inteligencia artificial.

Según la denuncia, el informe final se habría limitado a ordenar y consolidar las observaciones, sin explicar cuáles fueron acogidas, cuáles se descartaron ni los fundamentos técnicos de esas decisiones.

Junto con pedir que se represente la legalidad del decreto, el alcalde solicitó una reunión con la contralora general, Dorothy Pérez, para exponer las preocupaciones de la comuna y los efectos que la nueva normativa podría provocar en territorios ya densificados.

El alcalde afirmó que ha conversado con autoridades comunales oficialistas y de oposición que comparten “la intención de tomar el tema”.

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