A través de un comunicado, la familia Allende se refirió a la resolución de la Fiscalía Regional de Coquimbo de no perseverar en la causa investigada por un presunto tráfico de influencias y fraude al Fisco en la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende en la calle Guardia Vieja.

Según informó el ente persecutor al 7° Juzgado de Garantía de Santiago, la investigación llevada adelante por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, habría resuelto que “no se dispone por ahora de antecedentes que permitan sostener una imputación en contra de sujetos determinados”.

La operación de compraventa se frustró dada la ilegalidad que implicaba que el Estado adquiriera la vivienda cuando dos de sus propietarias, la entonces ministra de Defensa Maya Fernández y la senadora Isabel Allende, estaban impedidas constitucionalmente de celebrar ese tipo de contratos.

En ese escenario, la familia Allende declaró que “este proceso ha sido doloroso, pero como familia estamos conformes porque la investigación reafirma lo que siempre hemos dicho: que no cometimos ningún delito, que jamás hemos recibido ningún pago y que apoyábamos el proyecto del gobierno de la casa museo Salvador Allende”.

Por su parte, la abogada Paula Vial, representante de Allende y Fernández, declaró que “la comunicación de esta noticia confirma lo que señalamos desde un principio, que mis representadas no cometieron delito alguno y que la familia fue expuesta injustamente, cuestionando su honra".

El caso terminó con los 30 años de carrera política de la legisladora y expresidenta del PS luego de que el 3 de abril el Tribunal Constitucional la destituyera de su cargo. Asimismo, gatilló la salida de Fernández del gabinete del Presidente Gabriel Boric.