Por José Carvajal VegaEstudio UNAB: comercio ilegal aumentó 15% en seis años y detecta asociación con el crimen organizado
Según el análisis del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (Ocrit) de dicha casa de estudios, existen diez comunas que concentran el 60% de los casos policiales de este tipo de comercio.

El comercio ilegal, o más común conocido como ambulante, ha sido una de las problemáticas que más se ha instaurado en la discusión política y policial durante los últimos años. Tras el estallido social y la pandemia, este tipo de ventas informales se han convertido en un tema de seguridad, destacando presuntas vinculaciones con el crimen organizado.
En este contexto, este jueves la Cámara Nacional de Comercio (CNC) junto a la Universidad Andrés Bello (UNAB) organizarán el foro internacional “Vínculo Crítico: Crimen Organizado y Comercio Ilícito”, instancia en la que, a través de la intervención de diversos invitados, la casa de estudio junto al gremio abordarán este complejo escenario.
Pero además de eso, y en el mismo encuentro, el Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (Ocrit) de la UNAB presentará un informe titulado “Evolución del Comercio Ilegal y su relación con el Crimen Organizado en Chile (2020-2025): análisis territorial, tendencias delictuales y concentración urbana”.
En el reporte el Ocrit no sólo analiza la situación con el comercio ilegal, sino que también revela el complejo escenario que se configura ante una posible vinculación con el crimen organizado por medio del tráfico de drogas.
Las variaciones en seis años
El estudio de la UNAB, para llegar a los hallazgos consolidados en el informe, consideró cifras del ilícito de “comercio ilegal” recogidas del Centro de Estudios y Análisis (CEAD) de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
A partir de aquello, el informe considera que desde 2020, año en el que se reportaron 11.773 casos de este ilícito, se pasó a 13.491 el 2025, cifra que revela un aumento de 15% en seis años.
En detalle, según el análisis del Ocrit, el comercio ilícito comenzó una tendencia al alza desde el año de la pandemia hasta 2023, cuando se alcanzó el peak de casos reportados con 14.727.
Según consigna el informe “este crecimiento evidencia una expansión significativa del fenómeno en un contexto marcado por las consecuencias económicas y sociales posteriores a la pandemia. Desde una perspectiva criminológica, el aumento puede relacionarse con mayores niveles de informalidad económica, precarización laboral y expansión de mercados ilícitos en espacios urbanos vulnerables”.

El coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la UNAB, Pablo Urquízar, “el fenómeno ha sido favorecido por mayores flujos migratorios, crecimiento de mercados informales y debilidades institucionales en determinados territorios urbanos y fronterizos”.
Desde 2023, y los tres últimos años, hubo una disminución de los casos de comercio ilegal, alcanzando una caída de 7,6% en 2025. Tendencia que también se observa a nivel de tasas, es decir, al calcularlo por cada 100 mil habitantes para considerar los cambios demográficos.
“Este comportamiento podría interpretarse como una estabilización parcial del fenómeno o como resultado de políticas de control más efectivas. Sin embargo, desde un enfoque metodológico, es necesario considerar posibles niveles de subregistro y variaciones en la capacidad institucional de detección”, plantea el informe.
Situación local
A nivel regional, el informe de la UNAB demuestra que entre 2020 y 2025, el comercio ilegal aumentó, principalmente, en las regiones de Antofagasta con 345%, seguido de Atacama (294%), O’Higgins (202%), Los Lagos (183%) y Arica y Parinacota con 109%.
En caso contrario, las regiones de Coquimbo (-44%), Ñuble (-39%), La Araucanía (-38%), Aysén (-21%) y Biobío (-17%), son las que más descendieron.
El informe remarca que estas cifras reflejan un crecimiento estructural del comercio ilegal en territorios vinculados a corredores logísticos, actividad minera, circulación de mercancías y movilidad económica. En contraste, algunas regiones presentan disminuciones relevantes en el período, como Coquimbo (-44%), Ñuble (-39%), La Araucanía (-38%), Aysén (-21%) y Biobío (-17%).

“Las regiones con mayores incrementos coinciden principalmente con territorios estratégicos para actividades económicas, extractivas y logísticas, mientras las reducciones se observan en regiones donde podrían existir menores incentivos económicos para el desarrollo de mercados ilícitos o mayores capacidades de control institucional”, concluye el informe.
En el análisis por comuna, el informe del Ocrit dio cuenta que las diez zonas con más casos de comercio ilegal, concentran casi el 60% de los casos totales a nivel nacional del 2025. La comuna que encabeza dicho listado es Rancagua (10%), seguido de Coquimbo (9%), Antofagasta (9%), Providencia (7%), Concepción (6%), Los Ángeles (5%), Valparaíso (5%), Santiago (4%), Arica (3%) y Estación Central (3%).
Vinculación con el crimen organizado
Como uno de los objetivos del análisis, el estudio de la UNAB además determinó que existe una asociación de los casos de comercio ilegal con el crimen organizado, específicamente con el tráfico de sustancias.
Lo anterior, porque al considerar la aplicación de un “coeficiente de correlación”, el número de casos del tráfico con el comercio irregular, alcanza un 78% de asociación. “En términos generales, cuando aumentan los casos de comercio ilegal también tienden a incrementarse los casos asociados al tráfico de sustancias. Aunque la correlación no implica causalidad directa, sí sugiere la existencia de dinámicas comunes y factores estructurales compartidos que favorecen simultáneamente el desarrollo de ambas actividades ilegales”, sostiene el informe.

El mismo texto concluye que “ambos fenómenos muestran incrementos importantes posteriores a la pandemia, lo que podría asociarse a factores comunes como deterioro socioeconómico, expansión de economías informales y aumento de dinámicas criminales en determinados espacios urbanos”.
Urquízar, por su parte, afirma que “esto implica que espacios utilizados para comercio ilegal pueden transformarse también en entornos funcionales para actividades de crimen organizado, incluyendo lavado de activos, extorsión y control territorial. La principal preocupación es que estas dinámicas fortalezcan la capacidad operativa y territorial de organizaciones criminales en distintas zonas del país”.
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La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.
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