El Ministerio Público formalizó al exdiputado Joaquín Lavín León por su presunta responsabilidad como autor de los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al Fisco y tráfico de influencias.

La audiencia en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago continuará este martes y se espera que se desarrolle por al menos una jornada más.

Una vez finalizada, el juez Daniel Urrutia decidirá respecto a las cautelares que solicite la entidad persecutora y el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Maipú como querellantes.

Al retirarse del Centro de Justicia, la tarde de este lunes, el imputado sostuvo un breve diálogo con la prensa.

“Queda mucho todavía. Quedan varios días, esto va a ser muy largo y tendremos que esperar a ver qué es lo que pasa”, comentó Lavín.

El exdiputado aseguró estar tranquilo ante el desarrollo de la formalización.

“El Ministerio Público ha hecho un esfuerzo importante en crear una causa, en crear delitos. Y espero que el juez escuche, como escuchó la Fiscalía, escuche la defensa y tome la decisión que corresponde. Solo espero que haya justicia”, dijo.

De qué se acusa a Lavín

La indagatoria contra el exlegislador apunta a un supuesto uso malicioso de asignaciones parlamentarias que habría involucrado la falsificación de facturas para justificar gastos.

En tales maniobras, Lavín y su asesor Arnaldo Domínguez se habrían coordinado con el empresario Juan Alberto Silva propietario de la imprenta MMG.

Trabajos realizados por la empresa para campañas políticas habrían sido pagados por Congreso Nacional y rendidos en el ítem de gastos operacionales destinados a publicidad del parlamentario.

Por otro lado, el Ministerio Público apunta al rol de Lavín en el desarrollo de SocialTazk, una plataforma digital para el almacenamiento y manejo de bases de datos y el envío de mensajería masiva de texto.

Según explicó en la audiencia la fiscal de Alta Complejidad Constanza Encina, la herramienta sirvió para montar un “call center electoral” con la participación de los asesores del exparlamentario.

El financiamiento de la plataforma consideró el pago al informático Felipe Vázquez, que lideró el desarrollo del proyecto, como asesor parlamentario del exdiputado, entre julio de 2018 y agosto del 2019.

Vázquez se encuentra en España y no se presentó ante el tribunal, por lo que el Ministerio Público solicitó una orden de detención.

La indagatoria apunta también a pagos irregulares a funcionarios que trabajaron en la sede de campaña de su padre, el exministro y exalcalde Joaquín Lavín Infante, en la primaria presidencial de Chile Vamos de 2021.

Por otro lado, según expuso la fiscal regional Lorena Parra, durante la gestión de Cathy Barriga como alcaldesa de Maipú, el exdiputado incurrió en “influencias indebidas” respecto a las labores de los funcionarios de la administración comunal de su esposa.

Parra sostuvo que el exlegislador “implementó un sistema de elaboración, circulación y ejecución del listado de funcionarios de la administración anterior, destinados a su desvinculación por razones de carácter político”.

Asimismo, indicó que el imputado presionó a personeros de puestos clave del municipio para “ejecutar una operación de desvinculación masiva de funcionarios municipales por razones de interés político, entre ellas, cimentar una administración municipal con el menor número de detractores que pudieran advertir de la influencia de éste en la municipalidad de Maipú y que pudieran entorpecer la administración de su cónyuge”.

Bonacic: “El Ministerio Público ha tratado de tergiversar”

El abogado defensor de Lavín, Cristóbal Bonacic, desestimó los cuestionamientos por el uso de SocialTask.

“Del año 2019 al 2026 no todos los años hay campaña por lo tanto claramente esa aplicación tiene utilización específica para trabajo parlamentario y el Ministerio Público ha tratado de tergiversar precisamente para darle un fundamento a la imputación que está haciendo”, afirmó a su salida del tribunal.

El abogado aseguró que respecto a los hechos ya expuestos en las audiencias en que se accedió al desafuero de su representado y por los que el Ministerio Público puede formalizar “no hay nada nuevo”.